Que Sheinbaum esté en la boleta

México está por abrir la discusión de una reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo. Puede ser la más profunda en décadas. Y el riesgo es conocido: que se hable de partidos, dinero y propaganda, y se deje fuera lo esencial: si la democracia mexicana tiene una válvula institucional cuando el poder se equivoca, o si sólo ofrece paciencia hasta la siguiente elección.

La respuesta pasa por una palabra que hoy existe en la Constitución, pero en la práctica casi no opera: revocación de mandato. El precedente es claro. En 2022 se realizó el primer ejercicio nacional y terminó siendo jurídicamente inofensivo: participó alrededor de 17.7% y, como la Constitución exige 40% para que sea vinculante, no produjo efectos sobre el mandato de Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras: el derecho existe, pero, como hoy está estipulado su ejercicio, difícilmente tiene consecuencias.

Ahora pongamos sobre la mesa 2027. Se renovará la Cámara de Diputados, estarán en juego 17 gubernaturas, congresos locales, miles de ayuntamientos y, además, la elección judicial. El INE lleva meses advirtiendo que el problema central no es ideológico: es operativo y costoso. El gobierno, de hecho, busca cómo evitar que la ciudadanía tenga que formarse dos veces para votar el mismo día, porque el diseño actual podría multiplicar casillas y duplicar esfuerzos.

Ahí está la tesis, compacta y sin rodeos: si México va a sostener la revocación de mandato como un derecho ciudadano, debe permitir que produzca consecuencias reales. Y eso implica que Claudia Sheinbaum esté en la boleta de 2027. No por capricho, sino por matemática constitucional. La revocación no es automática: sólo se activa si la ciudadanía reúne firmas equivalentes a 3% de la lista nominal, distribuidas en al menos 17 entidades. Y aun así enfrenta el umbral de 40%. Es un candado doble: activación social amplia y participación elevada.

El obstáculo, hoy, es jurídico. La Constitución ordena que la revocación ocurra en fecha no coincidente con jornadas electorales. Así que la concurrencia en 2027 no se logra con “ajustes” administrativos: requiere una reforma constitucional. Precisamente por eso conviene incorporarla al paquete de reforma electoral: quien diga que es “trampa” tendría que explicar por qué defendería mantener una regla que mantiene la revocación como un gesto sin consecuencias. Reformarla para que funcione no favorece a una persona; favorece al electorado.

El argumento económico también es difícil de rebatir. En 2027 el país ya pagará el costo fijo de montar la infraestructura electoral nacional: casillas, capacitación, materiales, traslado y cómputos. Separar la revocación significa duplicar una operación enorme para, muy probablemente, volver a quedar por debajo del 40%. No es austeridad contra democracia. Es una pregunta de eficacia: ¿vamos a gastar dos veces para que el derecho siga siendo simbólico?

El argumento político también es más simple de lo que se dice. Los críticos sostienen que poner a la Presidenta en la boleta “contamina” la elección intermedia. Pero la intermedia ya es, en los hechos, una evaluación del Ejecutivo: sólo que ocurre sin reglas específicas para esa evaluación. La revocación, en cambio, sí trae reglas: prohibición de recursos públicos para promoverla; suspensión de propaganda gubernamental durante el proceso; difusión a cargo de la autoridad electoral; y un cierre institucional con el Tribunal Electoral. Además, la concurrencia reduce el incentivo al boicot: si la gente ya está votando, es más difícil vaciar el ejercicio por abstención estratégica.

La decisión real es ésta: o México conserva la revocación como un derecho excepcional que rara vez es exigible, o la vuelve funcional donde sí puede serlo: en 2027, cuando el país ya está mirando, votando y vigilando masivamente. Si el Congreso va a reformar, que lo haga con bisturí: activación ciudadana intacta, conteo separado, sanciones rápidas por intervención indebida y transparencia total. Y que Sheinbaum esté en la boleta.