Claudia Sheinbaum llegó con una causa que sonaba a país: amar a México. Donald Trump le cambió el tablero y, con él, el verbo: defenderlo. Desde que la Casa Blanca activó aranceles “por la situación en la frontera” y endureció el discurso sobre cárteles y migración, el mensaje es simple: el comercio será moneda para cobrar seguridad.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadunidenses no es sólo un episodio venezolano. Es una señal para la región. Washington la vende como “aplicación de la ley”, con cargos y jurisdicción; pero el hecho operativo es otro: una acción extraterritorial que borra la línea entre un expediente penal y una intervención.
Para México, el paralelo no es moral: es de método. Con Ismael El Mayo Zambada ya vimos cómo un traslado forzado y una detención del otro lado de la frontera pueden ocurrir sin el relato clásico de una extradición. Cuando eso pasa, la soberanía queda como trámite a posteriori. Con Maduro, esa lógica escala: ya no se discute el destino de un acusado, se altera el poder de un Estado.
El movimiento coincide con una doctrina más explícita. La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, publicada a finales de 2025, habla de “reafirmar y hacer cumplir” la Doctrina Monroe y de un “Corolario Trump” para negar a competidores extrahemisféricos el control de activos y recursos naturales estratégicos. “America First” deja de sonar a repliegue: sugiere tutela del vecindario.
En ese contexto, Sheinbaum optó por contención: compartió el comunicado de la SRE, defendió la no intervención y citó a Juárez. Es coherente con su línea de cooperación sin subordinación: no regalarle a Trump el choque público que su política interna premia, pero sí marcar un límite jurídico. La pregunta ahora es qué ajustes necesita México ahora, para que “defender a México” no sea consigna, sino método.
El primero es convertir la integridad territorial en doctrina, no en declaración. La integridad territorial no puede quedarse en un principio invocado a posteriori. En un contexto donde la intervención territorial empieza a probarse, fijar límites claros es una forma de disuasión temprana. No es escalar el conflicto; es evitar que se normalice.
El segundo ajuste es multilateralizar el costo del precedente. La condena aislada es un suspiro; una coalición latinoamericana en defensa de la no intervención es un dique. México debe empujar una respuesta regional que haga más caro repetir la jugada. Recordemos que Washington suele llevar estas crisis al terreno bilateral, donde la relación es inevitablemente asimétrica.
Para México, abrir el marco regional o multilateral no es retórica diplomática, es una manera práctica de redistribuir costos y reducir la presión directa.
El tercer ajuste es seguridad con resultados, sí, pero con reciprocidad. México tiene que llegar con más inteligencia, más control de aduanas, más seguimiento al dinero ilícito y golpes verificables a redes criminales. Pero la cooperación real exige la otra mitad: control de armas y de flujos financieros desde Estados Unidos. Sin eso, la conversación queda coja: México siempre rinde cuentas, Washington nunca.
El cuarto ajuste es T-MEC sin miedo, porque la interdependencia es simétrica. La revisión del tratado está programada para el 1 de julio de 2026, aunque ya se adelantan consultas. Trump usará comercio para presionar seguridad; México debe usar realidad para neutralizar el chantaje: la industria estadunidense depende de México para producir y competir. Y el mundo ya vio el patrón con China: amenaza duro, pero modula cuando aparecen dependencias estructurales —tierras raras, microprocesadores y cadenas críticas— que Washington no controla.
Defender a México, en este nuevo orden, significa cuatro cosas: límites claros, multilateralismo, resultados medibles y negociación firme. Y una disciplina adicional: menos protagonismo interno, menos ruido oportunista, más cierre de filas institucional, más lealtad a la Presidenta. La soberanía también se cuida con silencio para no despertar suspicacias.