Venezuela: una historia de dolor

Hace algunas semanas, se presentaron en la sede de la OEA dos informes fundamentales para la historia, la memoria y la democracia de Venezuela. Los reportes fueron elaborados por el Instituto Centro de Estudios para América Latina (Casla) a través de su directora, Tamara Sujú, quien detalló el informe anual sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y por Santiago Cantón, quien preside el panel de expertos independientes de la OEA para la investigación de la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quien hizo la entrega del tercer informe del panel.

Los informes concluyen que en Venezuela se ha afianzado un sistema represivo alentado y auspiciado por las autoridades estatales, el cual comete graves vulneraciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en contra de los opositores al régimen. Una triste historia de pérdida y dolor.

Según el informe del Instituto Casla, con el fin de silenciar las denuncias en contra del gobierno, se sigue persiguiendo a opositores, reprimiendo de manera brutal y sistemática. Se espía, se intimida, se persigue y se encarcela.

Según Sujú, se han introducido nuevos patrones para perseguir, reprimir y torturar, que sólo pueden ser planificados y ejecutados por mentes perversas y sádicas. Las instituciones hipotéticamente responsables de proteger los derechos humanos están al servicio del régimen opresor. 

Se han hecho habituales las detenciones arbitrarias, la represión sistemática, las torturas físicas y psicológicas, la violencia sexual y de género, la desaparición forzada temporal y la vulneración al derecho a la defensa.

En la misma dirección, el trabajo y la presentación de los tres informes del panel de expertos independientes para la investigación de la comisión de crímenes de lesa humanidad de la OEA han documentado los casos de ejecuciones extrajudiciales, homicidios, violaciones, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, torturas y persecución política.

Los informes coinciden en la dolorosa impunidad que existe, debido a la inacción de la justicia venezolana frente a las denuncias de estos crímenes, debido al cooptación total de los poderes del Estado y la falta de autonomía de los organismos públicos de protección de derechos humanos, mismos que carecen de independencia e imparcialidad.

Según Cantón, se pudo confirmar que, aproximadamente, 70% de las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos cometidos no tenía ninguna acusación o responsables. Se identificaron al menos 1,500 casos de tortura desde 2014 y, de éstos, 83% no tenía ningún tipo de investigación. Una verdadera vergüenza.

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el panorama luce más incierto que nunca. Como muestra un botón: en una nueva acción turbia, el Consejo Electoral Venezolano, previa resolución de la Asamblea Legislativa, decidió revocar la invitación que se realizó previamente a la UE para que una Misión Electoral observara su proceso comicial.

BALANCE

Como lo ha mencionado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, nos queda mucho trabajo por delante, éste es un momento de alta represión en Venezuela, donde siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad, donde siguen ocurriendo desapariciones forzadas, donde sigue ocurriendo tortura.

Venezuela necesita urgentemente democracia. A Venezuela le urge memoria, verdad y justicia. Es crucial detener la comisión de crímenes de lesa humanidad y que nunca más se repitan. Los culpables deben pagar por sus crímenes. Los informes presentados son parte de la memoria histórica de la realidad de un país hermano que nos sigue doliendo a todos. 

*Los puntos de vista son a título personal.

No representan la posición de la OEA