Legislar desde Palacio
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Francisco Garfias
El tema de las recién “nombradas” consejeras de la Judicatura, Loretta Ortiz y Verónica de Gyves, estaba decidido de antemano por instrucciones de YSQ. Uno de los cambios notorios de la 4T es que ahora se legisla desde Palacio Nacional.
Lo vimos con Rosario Piedra Ibarra en la CNDH y con la elección de dos ministros de la SCJN. Lo vemos con el Presupuesto que es “facultad exclusiva” de la Cámara de Diputados, y ahora con esto.
Va el botón… el pasado 16 de noviembre, antes de que los aspirantes al Consejo terminaran de comparecer en la Comisión de Justicia, escribimos en este espacio lo que sigue:
“La 4T ya secuestró la autonomía de la CNDH. Le toca al Consejo de la Judicatura. Por el método de ‘cuotas y cuates’, que tanto denunció Morena, dos incondicionales de López Obrador se perfilan al Consejo de la Judicatura: Loretta Ortiz y Verónica de Gyves. Ambas formaron parte de las ternas que envió el Presidente para la SCJN.
“Hay decenas de aspirantes registrados. Algunos con excelentes trayectorias, pero sin las conexiones adecuadas. Es un show. No son los mejores los que son nombrados”, escribió en WhatsApp una senadora que participa en el proceso de elección.
“El tema no es menor. El Consejo de la Judicatura se encarga de la administración, vigilancia, disciplina en el Poder Judicial”.
* El “show” culminó ayer. El pleno de la Cámara alta oficializó el “nombramiento” —disfrazado de elección— a las dos mujeres mencionadas hace cinco días. No soy mago, ni tengo bola de cristal. Ya estaba decidido. Lo demás es puesta en escena.
Loretta Ortiz es esposa del titular de la Fepade, José Agustín Ortiz Pinchetti, ligado con López Obrador desde hace años. ¿Y qué decir de Verónica de Gyves, quien formó parte del equipo jurídico de López Obrador?
La oposición volvió a ser comparsa. Sólo el PAN votó en contra. “Con estos dos ‘nombramientos’ el Presidente tendrá control del Consejo de la Judicatura”, sintetizó el senador azul Damián Zepeda.
¿No que eran diferentes?
* Apareció la fuerza pública con disfraz de granaderos (oficialmente ya no existen). La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los sacó para impedir que los campesinos que rodean la Cámara de Diputados irrumpieran en el desfile del 20 de Noviembre, como habían anunciado.
Su presencia bastó para contener a los inconformes. No hubo enfrentamientos, ni heridos que lamentar. Bastó que se adelantaran a los acontecimientos para evitar problemas mayores.
No hubo “represión”. La nota no fueron las organizaciones campesinas, sino que se cayeron jinete y caballo durante el vistoso desfile.
Los eventos en San Lázaro eran previsibles. Estaban anunciados. Si se hubiese aplicado el mismo criterio antes del 15 de noviembre tendríamos Presupuesto en tiempo y forma.
Pero no. El vacío de autoridad llevó al impasse en el que nos encontramos. No hay condiciones para sesionar en San Lázaro. Avanza la opción de sesionar en sede alterna este viernes.
* Por fin se alzó la voz de un senador, el moreno Héctor Vasconcelos, para condenar la violencia en la UNAM y pedir el respaldo de toda la Cámara alta, más allá de colores e ideologías, para el rector Enrique Graue.
“Una agresión a la UNAM no es menos que una agresión a México”, dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Desde su curul pidió a las autoridades locales lo que hasta ahora parece un milagro: “identificar y sancionar a grupos de procedencia oscura que, de tiempo en tiempo, atentan contra la máxima casa de estudios”.
Apenas hace unos días, un grupo de encapuchados vandalizaron Rectoría, asaltaron la librería, rompieron cristales, dañaron el mural de Siqueiros y hasta quemaron la bandera mexicana.
La panista Xóchitl Gálvez se sumó a la condena.
Los vándalos ya están “identificados”, dice la procuradora capitalina Ernestina Godoy. ¿Y qué esperan para detenerlos?
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