Primero el poder

Fuera de la demagogia oficial no estamos ante una política económica distinta, aunque se hayan tomado decisiones desafortunadas, la ineptitud cobre facturas y en materia energética se desempolve un nacionalismo trasnochado para favorecer el monopolismo de Estado y justificar el despropósito de generar electricidad con carbón y combustóleo.

El giro mundial por la pandemia hacia el keynesianismo para enfrentar la crisis económica con políticas contracíclicas de fuerte inversión pública, beneficiar a la planta productiva para evitar cierres y despidos, y apoyar a quienes perdieron sus ingresos no fue acompañado por el gobierno mexicano, el cual se quedó anclado en el “dogma neoliberal” del reducido déficit fiscal pese a la falta de recursos y la pronunciada caída en el PIB.

Es verdad que la inversión privada se ha ahuyentado, pero no por un imaginario cambio de modelo, sino por la desconfianza que genera un gobernante que contrapone la justicia a la legalidad para pasar a golpe de capricho sobre el Estado de derecho. Si ni siquiera la ley es límite de la acción presidencial y los contratos firmados dejaron de ser garantía de cumplimiento, es natural que los inversionistas prefieran poner su dinero en otras latitudes.

Aunque los voceros oficialistas se llenan la boca diciendo que se acabó la “era neoliberal”, no explican con claridad la alternativa que, supuestamente, están aplicando, lo que no se resuelve con el bautizo al llamarle “economía moral”. Blindar el presupuesto clientelar y el de las controvertidas obras emblemáticas a costa de la salud, educación, ciencia, ecología, cultura, etcétera, tiene que ver con una estrategia electoral, no económica.

Lo mismo podemos decir cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que su proyecto es “acabar con el régimen de corrupción”. Aunque se trata de un tema serio que se arrastra desde hace mucho tiempo, prefiere usarlo de ariete mediático contra adversarios políticos en lugar de enfrentarlo con eficacia. En este gobierno hay retórica, no política anticorrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción está varado y con la Fiscalía General y la Secretaría de la Función Pública haciendo gala de “ciega lealtad” al mandatario se incentiva la simulación y la connivencia. Quienes han denunciado conflictos de interés, e incluso robos en la presente administración se han visto orillados a renunciar en aras de la impunidad de personajes influyentes, como volvió a quedar acreditado con la salida de Jaime Cárdenas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

La corrupción dejó de ser un problema estructural que debe enfrentarse mediante la sistémica colaboración entre instituciones, dentro de un marco legal que propicie transparencia y rendición de cuentas, para convertirse en característica inherente de los que piensan distinto del Presidente y hay que derrotar en las urnas. La propaganda de campaña perfilada desde Palacio Nacional es “la corrupción son los otros”, aunque la “4T” tenga un interminable caudal de corruptos.

Cuando López Obrador habla de transformación en realidad se refiere al paso de un régimen pluralista a otro de partido hegemónico sometido al Ejecutivo. Así adquiere sentido la polarización impulsada desde la presidencia, no obstante la gravedad de la situación. La prioridad no es resolver los problemas, sino concentrar el poder y garantizar que lo mantendrán, a pesar de los costos para el país.

Eso pasa por las elecciones del 2021 y el Presidente quiere ser el factor determinante, aunque no esté en la boleta. Como candidato virtual busca atajar el voto de castigo descalificando a la prensa que lo cuestiona. Con la consulta sobre el juicio a expresidentes quiere hacer proselitismo contra el “pasado corrupto”, a ver si así se olvida que el presente que él representa no es mejor.