Un padre en Chiapas promovió un juicio de desconocimiento de paternidad a los dos años del nacimiento de su hijo cuando, al hacerse una prueba, descubrió que no era su descendiente biológico. La Suprema Corte resolvió este caso sosteniendo que el plazo para poder ejercer esa acción es de 60 días contados a partir del nacimiento del niño, por lo que, al no haberse presentado en tiempo la acción, debe reconocer al niño como su hijo y hacerse cargo de su manutención. A juicio de la Corte, esta determinación tiene como propósito proteger la filiación del niño y los vínculos emocionales que se crean con la convivencia. También dice que busca proteger la seguridad jurídica del menor evitando que exista una posibilidad permanente de afectar su filiación.
Entonces, el verdadero problema jurídico está en determinar a partir de cuándo comienzan los 60 días que tiene una persona para impugnar una presunción de paternidad: a) A partir del nacimiento del niño, siguiendo la interpretación literal de la norma aplicable, o b) a partir de que el padre tiene conocimiento de indicios de que no es el padre del niño, siguiendo una interpretación evolutiva.
En el primer escenario, se obtiene, en la práctica, la extinción de la acción procesal. La generalidad de un nacimiento dentro de un concubinato o un matrimonio es el principio de buena fe. El padre asume que el nacido es su hijo y no existe en su esfera jurídica la pretensión de dudar de la buena fe de la madre. Por lo tanto, es muy probable que transcurran los 60 días sin que siquiera se cuestione o no el inicio de un procedimiento de desconocimiento de paternidad. Así, gracias a su buena fe y a la confianza en su pareja, caducaría irremediablemente su posibilidad de desconocer una paternidad que no le corresponde.
En el segundo escenario, esto es, que el plazo para promover la acción de desconocimiento de paternidad inicie a partir de que se tengan indicios para dudar de la misma, se protege la buena fe del padre. En este supuesto, él acepta las consecuencias jurídicas del nacimiento y es sólo hasta que encuentra razones para dudar de la buena fe de la madre que surge en él la pretensión de negar la paternidad aceptada originalmente. Este resultado, además, es consistente con la definición de la acción procesal.
Aunque existen diversas definiciones atendiendo a su relación con un derecho subjetivo material (Chiovenda, Carnelutti, Couture, Echandía); todas las teorías sobre la acción coinciden en que es el derecho que tenemos los gobernados de solicitar el inicio de la actividad jurisdiccional del estado. ¿Pero cómo puede surgir la acción subjetiva si no existe un escenario que requiera acudir a los tribunales?, ¿cómo puede existir un derecho de acción si no existen las condiciones para su ejercicio?, ¿cómo puede caducar un derecho sobre el que no hay razones para ejercerlo? Sólo hasta que nace el supuesto que permite acudir a tribunales, nace la acción subjetiva. Sólo hasta que existe interés en ejercer una acción, ésta se incorpora a la esfera del actor y debe iniciar el cómputo del plazo de caducidad para su ejercicio.
Dicho de otro modo, en el primer escenario no podemos hablar de la acción porque no existe un deseo de intervención del Estado, por lo tanto, tampoco podemos hablar de su caducidad, ya que no ha nacido en el mundo jurídico.
En el segundo, en cambio, al momento de que aparecen indicios de que la pareja de la madre puede no ser el padre, nace la pretensión de acudir a los tribunales para iniciar el proceso legal correspondiente. Nace entonces su derecho de acción procesal y, por ende, es oportuno que, a partir de este momento, se compute el plazo para ejercerlo. Sólo de esta manera se salvaguardan los derechos procesales del padre.
Esta conclusión no es incompatible con el interés superior de la infancia, por el contrario, es la que más se acerca a su protección. La propia Corte enumera una serie de circunstancias que se deben cuidar en atención a este principio: la verdad biológica, el derecho a la identidad, el derecho a la filiación, el derecho a una familia, el derecho a conocer la herencia genética y a preservar vínculos familiares. Lamentablemente, la decisión de la Corte perjudica todas estas circunstancias.
El niño tiene derecho a saber quién es su padre, no a que se le imponga uno. Tiene derecho a la verdad biológica, no a que ésta se esconda tras un formalismo jurídico. Tiene derecho a la identidad, saber de dónde viene, cuál es su historia y sus antecedentes, no a que el derecho le cree una identidad artificial. Tiene derecho a saber quién es su papá, no a que le impongan uno ajeno. Tiene derecho a la filiación, pero con sus padres, no con una persona que, además, claramente no desea ejercer el rol de padre porque fue inducido a ello por error, de buena o mala fe. Tiene derecho a preservar los vínculos familiares adquiridos, pero no a que se le obligue a ver como padre a alguien que no lo es y con quien, dada la impugnación de la paternidad, será muy difícil que los logre construir y mantener.
Incluso se debe destacar que en el precedente del que desafortunadamente se apartó esta Corte, existía incluso un análisis del impacto emocional y psicológico en el niño. Aquí, los ministros solamente asumen, sin ningún fundamento, que el niño está mejor forzándolo a llamar padre a alguien que no lo es ni quiere pretender serlo.
Tampoco es útil el argumento de que se protege el bienestar del menor; porque la responsabilidad de manutención no es exclusiva del padre, sino compartida con la madre, de la que sí se tiene certeza. La ausencia de padre no elimina la obligación de la madre de hacerse cargo. Además, resalta la necesidad de buscar al verdadero padre, quien sí es deudor alimentario del niño.
De la misma manera, el argumento relativo a la necesidad de contar con filiación es insuficiente. Nuestro sistema jurídico reconoce la posibilidad de que una persona sólo tenga filiación materna cuando se desconoce quién es el padre. El propio proceso de desconocimiento de paternidad tiene como propósito desvincular la filiación paterna sin que requiera para su procedencia encontrar un sustituto.
Finalmente, tampoco es suficiente el argumento de proteger la seguridad jurídica del niño porque, si bien es cierto que es deseable que tenga vínculos estables y duraderos, es todavía más relevante que los tenga con las personas que son verdaderamente sus padres, y no con personas que asumieron ese rol bajo error propio o inducido. El derecho del niño a la identidad, a la verdad biológica y hasta a la salud (necesita saber los antecedentes médicos de sus progenitores) no tiene fecha de caducidad y, por ello, permite cuestionar la paternidad de quien se ostenta con ese carácter en cualquier momento de su vida; aun cuando, con ello, se rompan los vínculos filiales creados.
Por todo esto resulta evidente que la resolución de la Corte no protege el interés superior de la infancia, por el contrario, lo afecta en la misma medida que afecta el derecho del padre a formar una familia, decidir libremente sobre el número y espaciamiento de sus hijos y su proyecto de vida. Lo único que esta decisión protege es la mala fe de la madre y la irresponsabilidad del padre biológico si sabe de la existencia de su hijo.
Como corolario vale decir que la paternidad es una realidad biológica, prejurídica y, por lo tanto, está fuera de los alcances del derecho. El sistema jurídico solamente puede atribuirle consecuencias, establecer supuestos de filiación jurídica y procurar el goce de derechos fundamentales. La Corte, equivocadamente, asume que sí se puede redefinir la paternidad, imponiéndosela a alguien que no es padre, y ése es su mayor error. Su decisión no protege la filiación del niño, la distorsiona para siempre.
*Director ejecutivo de la Fundación AAChJ Pro Derechos Humanos A.C.