La guerra de Felipe Calderón

Por Fadlala Akabani
Secretario de Desarrollo Económico

 A sólo 10 días de haber comenzado su gestión (2006-2012), Felipe Calderón anunció el inicio del Operativo Conjunto Michoacán, el 10 de diciembre de 2006; el entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó el despliegue de elementos del Ejército en la Tierra Caliente del estado. Pese a “negar categóricamente” haber calificado semejante irresponsabilidad de guerra contra las drogas, la evidencia de su propia agenda lo delata. En enero de 2007, enfundado en una casaca militar (que le quedaba grande) Calderón llegó a Uruapan en un avión de la Fuerza Aérea para dirigirse a la 43 zona militar de Apatzingán, ante militares y policías federales a quienes expresó arengas de ánimo.

No terminaba marzo de 2007 y la creciente violencia en el país comenzaba a parecer una contradicción al relato calderonista a tal grado que, desde esos días, Felipe comunicó, en entrevista para Univisión, que uno de los costos de ganar la batalla al crimen orga­nizado, sería la pérdida de vidas. La retórica de Calderón no cesó ni flaqueó en momento alguno, fue quizá fortalecida cuando esta violencia comenzó a tocar a las altas esferas políticas y llegamos a ver inéditos como el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas en 2010. A esas alturas de su sexenio, los mensajes de Felipe con un supuesto tono solemne, corbata y traje negro eran una costumbre.

Calderón continuó ufanándose del uso de la violencia para la solución de conflictos, en junio de 2011 y en acto oficial, afirmó que si para detener un crimen, sólo tuviera piedras, con esas mismas piedras lo detendría “… esperando tener el aliento de David para hacerlo”. Increíble el nivel de megalomanía, perversión concep­tual e hipocresía que puede alcanzar alguien para dar justificación bíblica a su sed de violencia. Calderón aún continúa jactándose de haber encabezado un gobierno que “enfrentó al crimen orga­nizado y defendió a las familias del terror de la violencia” y pese a seguir negando haber llamado a una guerra contra las drogas, no puede esconder el orgullo que le provoca plantearse como la “mano dura” que México necesita.

De acuerdo con el documento Patrones y Tendencias de los Homicidios en México (Inegi, 2019), a partir de 2008, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 8.1 casos en 2007 a 22.2 en 2012; en términos aritméticos Calderón triplicó los ni­veles de violencia homicida en el país, en tan sólo cinco años, y un crecimiento de 174 por ciento. Mientras la parafernalia pro­pagandística se valió del lema: “Para que la droga no llegue a tus hijos”, la guerra de Calderón se convirtió en una amenaza para la vida de los más jóvenes en México. En 2010, el homicidio por arma de fuego se convirtió en la primera causa de muerte entre la población de 18 a 35 años: los más jóvenes del país; jóvenes mar­ginados por el neoliberalismo, sin oportunidades de educación ni empleo digno, cuya mejor alternativa fue la de sumarse a las filas del crimen a costa de su vida. También podemos atribuirle la normalización de la violencia feminicida en nuestro país, pues en 2007, la tasa de homicidios por cada 100 mil mujeres fue de 1.8 a nivel nacional, cifra que sería triplicada con 4.8 homicidios por cada 100 mil mujeres en 2012.

 La guerra sirvió para fragmentar el territorio nacional en re­giones controladas por el crimen organizado y situar los focos de violencia en estados y municipios bien definidos. Chihuahua si­tuada en la región noroeste (junto con BC, BCS, Sinaloa y Sono­ra) pasó de concentrar 2.1% de homicidios de hombres y 1.8% de mujeres a nivel nacional en 1990, a concentrar una cuarta parte de los homicidios (24.2%, en mujeres y 25%, en hombres) a nivel nacional en 2010. Chihuahua es el ejemplo perfecto de la focali­zación y crecimiento exponencial de la violencia homicida en el sexenio calderonista, pues en 1990 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 2.3 mujeres y 22.1 hombres, en 2010 llegó a las cifras de 32.8 homicidios femeninos y 333.9 homicidios masculinos por cada 100 mil habitantes, incrementos de 1,326.07% y 1,410.85%, respectivamente. En 2007, su periodo sexenal repre­sentó un verdadero semillero de organizaciones criminales pro­ducto de la lucha entre Ejército y Policía Federal, y los opositores al cártel de Sinaloa. En 2007 también vio la luz el grupo criminal más violento, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); la especializa­ción del cártel de los Beltrán Leyva como grupo sicarial del cártel de Sinaloa en 2010; el surgimiento del cártel Guerreros Unidos y el de los Caballeros Templarios a partir de escisiones de la Familia Michoacana en 2011. Para el final de ese sexenio, la narcocultura de los homicidios, levantones, torturas y decapitaciones era par­te ineludible del México contemporáneo. Con Felipe perdieron la vida por homicidio doloso 121 mil 613 mexicanos, la mayoría fueron jóvenes (de 18 a 35 años) y la incidencia creció de manera exponencial año con año. El análisis geográfico de la violencia homicida permite sustentar, al menos a nivel estadístico, las acusa­ciones fincadas por la Fiscalía del estado de Nueva York a Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigaciones (2000-2006) y secretario de Seguridad Pública (2006-2012), que consisten en tráfico de drogas, y aceptación de sobornos de lí­deres del cártel de Sinaloa. Con Calderón, la violencia homicida se concentró en la colindancia de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, y hacia el Pacífico sur, con municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y en municipios colindantes entre NL y Tamaulipas. La guerra calderonista abrió paso a un crecimiento exponencial de la violencia con delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión, que incrementaron 142.35% y 140.30%. En términos absolutos, el total de denuncias por secuestros pasó de 2 mil 687 a finales de 2006 a 6 mil 512 en 2012, la extorsión pasó de 13 mil 435 casos con Fox a 32 mil 285 extorsiones denunciadas con Calderón. Felipe libró una batalla jurídica en su sexenio por implementar la cadena perpetua en el delito de secuestro. Una maquinaria de violencia que permite justificar el encarcelamiento perpetuo de los más marginados. La Fiscalía de Nueva York ase­gura tener pruebas (en audios) de la capacidad que aún conserva García Luna para generar violencia en favor de la reducción de su pena. Señalado por capos del narco en México y EU, exmilitares y autoridades civiles mexicanas, las pruebas de que Calderón tuvo conocimiento de las actividades ilícitas de su principal colabora­dor, y de su implicación son cada vez más contundentes.