La fortaleza de México y la especulación financiera

Por: Fadlala Akabani*

Lo ilegal lo hacemos inmediatamente, lo anticonstitucional toma un poco más de tiempo.

Henry Kissinger

Dada la contundencia de la apabullante victoria del obradorismo que puso a la primera mujer Presidenta de la historia de México, además, con un mandato claro, mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, el segundo piso de la Cuarta Transformación tiene adversarios y opositores más poderosos que los derrotados partidos del viejo régimen, PRI y PAN.

El pueblo de México y su clase política, como nunca antes en la historia contemporánea, han confirmado su pacto social legitimando un gobierno que ha creado condiciones de crecimiento económico con desarrollo social, generación de riqueza con prosperidad compartida; el humanismo mexicano. No es cosa menor, señalar que este proceso es ejemplo de constancia, pero también de profundo respeto por la democracia, ya que para hacerse con un poder tan grande, la 4T no ha roto ni un vidrio —ni siquiera en el fraude electoral de 2006—.

Indudablemente, un proceso y momento político como el que vive México en estos años de transformación de la vida pública despierta dudas y recelos, especialmente, en aquellos cuyo pensamiento y acción implica la premisa de que pueden situarse por encima del bienestar colectivo de una nación soberana, politizada y despierta, que pacífica, legal y democráticamente está discutiendo, analizando, consultando y proponiendo un cauce reformista y de concordia para cambiar un poder republicano que necesita ser renovado, el Poder Judicial no ha sido capaz de cumplir aspectos fundamentales, respetar y hacer respetar la legalidad constitucional del marco jurídico nacional, ni coadyuvar a mantener el Estado de derecho ni las garantías individuales, mucho menos la igualdad sustantiva en el acceso a la justicia para los diferentes estratos de la sociedad mexicana, pero especialmente incapaz de impartir justicia al mexicano más olvidado, al más pobre.

Contrario a lo que se suele asumir, los mercados y capitales sí ejercen contrapesos y opinan respecto a las políticas que toma un país; por ejemplo, mientras una aplastante victoria electoral democrática en México les causa motivo de alarma, y dispara la especulación y turbulencia en la Bolsa de Valores; en Argentina —prácticamente de forma paralela— los mercados respondieron entusiasmados a la discusión y aprobación de la Ley de Bases, un paquete de medidas posneoliberales diseñado para permitir el remate de empresas productivas del Estado argentino y la entrada del capital internacional en el control de sectores estratégicos como el energético. Claro que hay actores, con intereses claros, que inciden en la puja de los pueblos del sur global por la conquista de su soberanía política frente al neocolonialismo financierista.

Aquellos que siempre han desdeñado y menospreciado la disciplina fiscal del gobierno de México (2018-2024); es el fundamento que en esta coyuntura, de incertidumbre económica global, da la cara y permite la liquidación adelantada de todos los vencimientos de deuda externa de todo 2025, por un monto de 894 millones de dólares, así como el refinanciamiento de 181 mil millones de pesos de deuda interna, un gesto hacia los sectores industrial y financiero para confiar en la solidez del próximo gobierno (2024-2030), el encabezado por Claudia Sheinbaum, quien ha hecho lo propio, manteniendo reuniones de alto nivel con organismos financieros internacionales y con sectores productivos del país para mantener el prestigio político ganado por la 4T y la capacidad de instrumentar reformas positivas para las mayorías trabajadoras, como subir el salario mínimo e incrementar los programas sociales sin incidir negativamente en los niveles de inflación.

Resultados de las encuestas de Morena y dos casas encuestadoras de cara a la iniciativa de reforma del Poder Judicial, revelan lo mismo que las urnas la noche del 2 de junio de 2024. El pueblo mayoritariamente percibe al Poder Judicial con un alto nivel de corrupción, 84.3%; mientras 80.3% cree que es necesario reformar al Poder Judicial. A su vez, 72.6% considera que los ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos mediante el voto popular y directo; de manera similar ocurre con los magistrados y jueces del Poder Judicial, 71.8 por ciento.

Atravesamos una coyuntura compleja, cierto, pues estamos librando una batalla estratégica por la soberanía de México como país, asimismo, la campaña y la elección han terminado, toca a las fuerzas políticas nacionales encontrarse en torno a la unidad nacional frente a presiones internas y externas, pues sólo unidos haremos avanzar a nuestro país.

*Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México