La falacia de la gran disyuntiva: crecimiento y justicia social en el México de la Transformación

Durante la larga y oscura noche neoliberal (1988-2018), la partidocracia reaccionaria y sus corifeos tecnócratas vendieron un dogma inamovible: para alcanzar la eficiencia económica era forzoso sacrificar la equidad.

Arthur Okun (1975) teorizó al respecto, en lo que llamó “la gran disyuntiva” (The big tradeoff), un postulado que sentenció que cualquier intento del Estado por reducir las asimetrías y redistribuir la riqueza inevitablemente asfixiaría el dinamismo económico, desincentivando el trabajo y ahuyentando la inversión privada. Bajo estas premisas reduccionistas e insensibles, la derecha mexicana —enquistada en el anacrónico Partido Acción Nacional, así como en las élites del moribundo PRI— justificó el congelamiento salarial, la precarización laboral y la entrega de los recursos nacionales. Reduciendo el bienestar de la sociedad a la fórmula utilitarista, donde el progreso se mide únicamente por la suma de las utilidades crecientes; no importando si este crecimiento es privativo de las élites, mientras las mayorías sufren exclusión.

México tampoco escapó a la sumisión doctrinaria de las derechas latinoamericanas, al infame Consenso de Washington —entelequia constituida por tecnócratas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— que proveía directriz económica con medidas como: privatización masiva a precio de saldo de bienes públicos; liberalización a ultranza de la inversión extranjera directa, que desprotegió la planta productiva local; y reforma tributaria orientada a ensanchar la base gravable de los consumidores.

Frente a este colapso moral e ideológico, pensadores como el Nobel de Economía Joseph Stiglitz —crítico converso del Consenso de Washington— terminaron por sepultar el mito neoliberal. Con evidencia colectada por los propios economistas del FMI, Berg y otros (2018) reportaron que una menor desigualdad neta está asociada de forma robusta con un crecimiento más rápido y más duradero; sus hallazgos indican que la redistribución moderada no perjudica el crecimiento.

La Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, es un ejemplo vivo a nivel global de que la soberanía económica y la justicia social no son enemigas de la eficiencia ni del crecimiento, sino que pueden ser sus motores fundamentales. Desafiando las profecías de las calificadoras y la prensa del viejo régimen, México mantiene un crecimiento del Producto Interno Brutal (PIB) que, al cierre del tercer trimestre de 2026, registró un incremento anual de 3.2% y una variación trimestral positiva de 0.9 por ciento. El vigor macroeconómico ha marchado en absoluta sintonía con un desplome histórico en las brechas de desigualdad; de acuerdo con datos del Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2024), el coeficiente de Gini se redujo de manera drástica desde el umbral de 0.464 registrado en 2016 —el cenit del despojo neoliberal— hasta situarse en un mínimo histórico de 0.391.

Estos logros se explican por el cambio de paradigma político-económico: los programas sociales y las pensiones universales han dejado de ser dádivas clientelares para convertirse en derechos constitucionales para la base de la pirámide social. Además del impacto económico, programas sociales como becas para estudiantes y programas de empleo para jóvenes inciden determinantemente para transformar la vida de las personas; sus impactos son múltiples y trascienden la cuantificación monetaria, como propone el pensamiento económico contemporáneo.

Referencia: Berg, A., Ostry, J. D., Tsangarides, C. G., & Yakhshilikov, Y. (2018).  Redistribution, Inequality, and Growth: New Evidence. Journal of Economic Growth, 23(3), 259-305.

*Analista