Durante mucho tiempo hemos pensado que hay que elegir entre el crecimiento económico y la protección ambiental o entre las prioridades de hoy y el clima del mañana. Sin embargo, la ciencia y la economía demuestran que esta dicotomía es falsa: cada dólar invertido en soluciones probadas para tener un aire limpio genera 14 dólares en beneficios directos a través de la mejora de la productividad y la salud. Atender de forma integrada los retos de la calidad del aire y el cambio climático no es un lujo, sino una necesidad económica ineludible.
La contaminación atmosférica tiene consecuencias devastadoras. A nivel global contribuye a 6.4 millones de muertes prematuras y 5.5 millones de nuevos casos de asma infantil cada año. En el centro de esta crisis se encuentran los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC): el metano, el carbono negro, los hidrofluorocarburos (HFC) y el ozono troposférico. Aunque permanecen en la atmósfera un tiempo mucho menor que el dióxido de carbono, su potencial de retención de calor es muy superior al CO2. En conjunto, los CCVC son responsables de 45% del calentamiento global actual, fomentando fenómenos meteorológico extremos que comprometen la estabilidad del planeta.
Reducir estos supercontaminantes es la manera más rápida y eficaz de frenar el aumento de la temperatura a corto plazo. El metano, por ejemplo, tiene un potencial de calentamiento 86 veces más fuerte que el CO2 en un horizonte de 20 años y es responsable de cerca de 40% de las emisiones antropogénicas en el sector agropecuario y 35% en combustibles fósiles. Por su parte, el carbono negro —componente principal de las partículas finas PM2.5— tiene severos impactos en la salud y acelera el derretimiento de los glaciares.
México enfrenta retos importantes en esta materia. Si bien el país ha demostrado liderazgo histórico al ser pionero en compromisos climáticos y al contar con una Estrategia Nacional de Contaminantes Climáticos de Vida Corta orientada a reducir en 51% las emisiones de carbono negro al 2030, la realidad socioambiental sigue siendo compleja. Gran parte de la población mexicana está expuesta a niveles de contaminación que rebasan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), registrándose 29,000 muertes prematuras asociadas a la mala calidad del aire en tan sólo un año.
A esto se suman los graves riesgos macroeconómicos del cambio climático. Proyecciones basadas en análisis de la UNAM advierten que los costos acumulados por los impactos climáticos en México, bajo un escenario de altas emisiones, podrían rondar entre 85% y hasta cinco veces el PIB nacional. Para contener esta vulnerabilidad, el país priorizará su trabajo e inversiones en sectores críticos identificados en su estrategia integral: el transporte (mediante la transición a flotas limpias y normas vehiculares estrictas), la gestión de residuos sólidos (para abatir fugas de metano y la quema a cielo abierto), la eficiencia energética, la agricultura y el sector de hidrocarburos.
Este año, México arranca oficialmente su Programa Acelerador de Contaminantes Climáticos de Vida Corta, una iniciativa clave impulsada con el apoyo de la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este esfuerzo fortalecerá las capacidades institucionales, la articulación intersecretarial y la implementación de medidas prioritarias.
Acelerar la acción contra los CCVC mejora la salud pública en cuestión de meses, reduce el gasto médico y eleva la productividad laboral. Es el freno de emergencia que el clima necesita. En México, actuar hoy contra los contaminantes de vida corta significa proteger la vida, salvaguardar la riqueza natural y asegurar la prosperidad de las próximas generaciones.
*Coordinador de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México