Las madres buscadoras han intentado muchos caminos para que se atienda su reclamo: que su querencia regrese a casa. Hija, hijo, esposa, madre, esposo, padre. Todos pertenecen a una familia. Quieren saber la verdad. Dónde están. En su andar, han entendido que el gobierno no se mueve si no hay presión. Y con muy escasos recursos (no son la CNTE, alacrán que pica a quien lo salva), hacen mucho para atraer la atención. Pero ni así, hay una estrategia nacional para aliviar tanto dolor.
Ante la crisis institucional de fiscalías y de comisiones de búsqueda, estatales, caracterizada por impunidad, colusión de autoridades con el crimen organizado y además, una grave crisis forense, habría que proponer otras rutas. No cruzarnos de brazos y seguir contando tragedias.
Habilitar a las colectivas de madres buscadoras por municipio, mediante un “Memorándum de Entendimiento”, como el que firmó Trump con Irán, porque según el tiempo transcurrido, las 133 mil tragedias y los muchos agravios, las madres buscadoras ya son catalogadas como “enemigas”. La presidenta no las recibe y una autoridad ha señalado que habría que investigar quién las financia. El pez muere por la boca.
Este “Memorandum de Entendimiento” establecería dos condiciones a las colectivas: 1. Elegir una coordinadora democráticamente, por votos y por un tiempo determinado; y 2, que, con financiamiento público, sean ellas las encargadas de realizar tanto las búsquedas como delinear las estrategias para la prevención. Asimismo, deberán entregar un informe, con una rendición de cuentas puntual. Son sólo líneas generales.
Reconocer que son las expertas, que muchas de ellas llevan más de diez años en este cruel trabajo y que, con apoyo de profesionales en quienes ellas confíen, seguro los resultados mejoraran.
La crisis forense avanza y su gravedad parece no alarmar a las autoridades. Ángel Ruiz, de FUNDAR, dice: “De los 19 centros de identificación que han sido financiados desde 2022, sólo siete de ellos son funcionales. De estos siete centros, sólo el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila es reconocido como un centro independiente por las autoridades estatales que reportan año con año al Inegi sus datos en materia forense”. Son ya más de 79 mil cuerpos sin identificar.
Se han hecho diversos esfuerzos, pero se interrumpen constantemente. Ha sido una ruta zigzagueante, que sólo por la presión de las madres buscadoras, vuelven a retomar actividades. El déficit crítico de peritos forenses y antropólogos especializados en identificación humana ha provocado el incremento de cuerpos que permanecen en el anonimato. Así seguiremos, si no hay presión social.
La indiferencia gubernamental se explica por la dificultad de la tarea, por los presupuestos que requiere y porque los logros son a largo plazo y a este gobierno, eso no le interesa. Por eso, la negativa ante el apoyo internacional. El escándalo les enoja, pero que las madres pasen año tras año buscando a su querencia, no les atañe. O ¿será que la escasa coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda, ministerios y policías también es resultado de la infiltración del crimen organizado en los gobiernos?
Los resultados cantados en las mañaneras, sobre la estrategia nacional de seguridad sigue teniendo una grave omisión: las personas desaparecidas y las encontradas. Son datos que ayudarían a recuperar la confianza en las instituciones.
¿Por qué no se ha legislado sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes? Hay más de 50 iniciativas y a las y los diputados el tema no les despierta ni curiosidad. O ¿será porque no la mandan desde presidencia? Ni “el interés superior de la infancia” les ha inquietado. Mientras, hasta la lluvia ayuda a las madres buscadoras, en Balcones de Santa Anita, debate.com.mx. ¿Por qué las autoridades no?