La aspiración de comprar una vivienda en la Ciudad de México se ha convertido, para millones de personas, en una fantasía, y lo más preocupante es que incluso rentar está dejando de ser una alternativa viable.
De acuerdo con especialistas del sector inmobiliario, el alquiler promedio de un departamento de apenas dos recámaras y 65 metros cuadrados alcanzó los 21 mil 921 pesos mensuales en junio de 2026, con un incremento anual de 9.6 por ciento. En colonias como Polanco, Condesa o Roma, las rentas superan con facilidad los 30 mil pesos y, en algunos casos, llegan hasta los 38 mil. Mientras tanto, el salario promedio mensual de la población ocupada en la Ciudad de México ronda apenas los 7 mil 500 pesos, una brecha que hace evidente que el mercado inmobiliario dejó de responder a la realidad de quienes viven y trabajan en esta ciudad.
Ante semejante contraste, la pregunta es inevitable: ¿quién puede destinar tres o hasta cuatro veces su ingreso mensual al pago de una renta? La respuesta es clara: no los jóvenes, no las familias que empiezan a construir un patrimonio, no los profesionistas que recién se colocan en el mercado laboral, no los trabajadores con ingresos promedio. La ciudad empieza a diseñarse para quienes tienen un poder adquisitivo extraordinario o para quienes llegan con ingresos muy superiores a los del habitante común.
En la CDMX, el problema de la vivienda está dejando de ser un asunto inmobiliario para convertirse en un problema social. Los adultos jóvenes enfrentan un escenario donde independizarse resulta prácticamente imposible, comprar una casa es un sueño inalcanzable y formar un patrimonio parece una meta reservada para unos cuantos.
¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando el acceso a la vivienda deja de ser una posibilidad y se convierte en un privilegio? Si la tendencia continúa, dentro de unos años tendremos una ciudad donde unos pocos concentrarán la propiedad de edificios, departamentos y terrenos, mientras millones de habitantes vivirán pagando rentas cada vez más altas, sin posibilidad alguna de adquirir un patrimonio.
Una ciudad donde las personas vivan cada vez más lejos de sus centros de trabajo, destinen una proporción desmedida de sus ingresos al alquiler y, al llegar a la vejez, su única vía sea encontrar una casa que los acoja o vivir en la calle. Las primeras consecuencias ya están a la vista. El desplazamiento silencioso de quienes ya no pueden pagar vivir en la ciudad es una realidad.
Vale la pena preguntarlo sin rodeos: ¿en verdad queremos una ciudad cuyos barrios pierdan lo que históricamente les ha dado identidad para convertirse exclusivamente en zonas de inversión inmobiliaria?
Regular un mercado no significa estar en contra de la inversión, significa reconocer que existen derechos que deben protegerse cuando el mercado deja de cumplir una función social, tal como está ocurriendo con el acceso a la vivienda, que, pese a ser un derecho constitucional y una condición indispensable para el desarrollo de cualquier persona, se está viendo vulnerado.
El Congreso de la Ciudad de México no puede permanecer ajeno a este fenómeno, pues ya no se trata únicamente de una dinámica natural del mercado. Es momento de establecer reglas claras que impidan abusos, desincentiven la especulación y garanticen que la vivienda siga siendo accesible para quienes sostienen el funcionamiento diario de la capital del país.
O los salarios crecen al ritmo del costo de la vivienda o el mercado inmobiliario encuentra límites razonables para evitar incrementos desproporcionados, pero la Ciudad de México no puede seguir viéndose como un enorme negocio inmobiliario. Si permitimos que el acceso a la vivienda quede exclusivamente en manos del mercado, llegará el día en que esta ciudad tenga muchos propietarios de edificios, pero muy pocos habitantes capaces de llamar suyo el lugar donde viven.