La notable caída de homicidios es buena noticia para la estrategia de seguridad, pero prematuro convertirla en prueba de que cede la epidemia criminal. El dato muestra menos asesinatos, no necesariamente menos poder de cárteles y de sus tramas institucionales. La pregunta es si el descenso refleja una recuperación real del control del Estado o apenas una estabilización de la violencia por debajo de niveles todavía críticos. Ahí comienza la controversia. La reducción de homicidios es uno de los indicadores más visibles de la seguridad, pero no alcanza para medir por sí sola la fuerza del crimen organizado. Los cárteles pueden reducir temporalmente sus enfrentamientos, cambiar de territorio, diversificar negocios o consolidar el control de una región sin necesidad de elevar las muertes, con esquemas de pax narca.
La estadística tampoco consigue borrar la percepción de inseguridad alimentada por episodios de violencia extrema. Aunque su tendencia a la baja también apuntala la estrategia de Sheinbaum y Harfuch, tampoco es concluyente si casi 60% de la población considera vivir en un lugar inseguro. Además, la persistencia de crímenes de alto impacto genera dudas sobre el debilitamiento del crimen organizado fuera de la línea de alerta, a pesar de capturas de líderes, aseguramientos de armas y drogas. Los asesinatos transmitidos en vivo ante miles de espectadores, dentro y fuera de México, muestran limitaciones de la intervención del Estado para controlar la violencia y capacidad de los cárteles para convertirla en espectáculo sin engordar la estadística. El homicidio, en Sinaloa, de César Gastélum, el noveno influencer ejecutado, es una muestra de exhibición de su poder.
Lo mismo ocurre con Michoacán. La suspensión de importaciones estadunidenses de aguacate por alertas de seguridad volvió a exhibir la vulnerabilidad de una industria estratégica frente al crimen. La exportación se reanudó después de que México reforzó la vigilancia militar, pero el episodio deja preguntas incómodas: ¿cuánto control territorial del Estado si el crimen puede poner en jaque un mercado internacional?
Sheinbaum informó que en julio los homicidios alcanzaron el nivel más bajo de su gobierno, 51% por debajo del que recibió al inicio de éste. Es un resultado relevante y una diferencia importante respecto de la estrategia de López Obrador, cuestionada por permitir la expansión territorial de cárteles y penetración en actividades económicas, instituciones y política. El giro en la estrategia es significativo. Sheinbaum pone énfasis en perseguir a generadores de violencia, en lugar de limitarse a contenerla. Pero una reducción de homicidios no equivale a derrotar a los cárteles. Mucho menos a desaparecerlos, como pretende la ofensiva de Trump al clasificarlos como terroristas y convertir la lucha antidrogas en nuevo frente de seguridad hemisférica.
La experiencia obliga a desconfiar de victorias estadísticas. Michoacán y Sinaloa han recibido enormes despliegues de fuerzas federales sin que eso elimine la presencia criminal ni la disputa territorial. Esos comparativos encienden la polémica. Algunos explican la caída de homicidios por cambios en la metodología oficial para contar los muertos, sosteniendo que, al mismo tiempo, se disparan otros como las desapariciones. Análisis como ése han llevado a México Evalúa a acuñar el concepto “violencia letal” para sostener su persistencia como problema estructural y por arriba de niveles de hace una década, con la incorporación de otros indicadores en la medición (feminicidio y desapariciones). Hay menos asesinatos, pero más delitos letales y más crimen. Una estadística favorable podría ocultar una realidad mucho más inquietante si los cárteles han aprendido a mantener su expansión territorial y administrar la violencia sin guerras abiertas.
Menos homicidios es una buena noticia. Pero todavía no permite asegurar que sea causa de la intervención estatal contra los cárteles ni que la Operación Enjambre haya llegado al fondo del problema. No mientras esos temores políticos impidan investigar denuncias contra gobernadores y la participación de aliados en negocios desestabilizadores, como el huachicol o la afluencia de dinero negro a la política.