La Constitución soy yo

Después de la aprobación en la Cámara de origen, los constitucionalistas más destacados advirtieron que el artículo transitorio 13 de la ley que reforma el Poder Judicial no sólo violaba flagrantemente los artículos 97 y 100 de la Constitución, sino que minaba la separación de poderes y con ello nos situaba en una “orfandad constitucional” (Diego Valadés). Asociaciones de jueces y magistrados se pronunciaron públicamente para que la Cámara de Diputados no cruzara ese Rubicón. Unos, los más, votaron a favor después de oír al Presidente defender el atropello a la Constitución. Otros, los menos numéricamente, pero los más carentes de columna vertebral porque sabían el tamaño de la falta, votaron esperanzados en que la ley sea impugnada y la SCJN la declare inconstitucional. Me temo una esperanza vana.

En tribuna, el coordinador de Morena, diputado Ignacio Mier, justificó la burla al juramento solemne que hicieron el 1 de septiembre de 2018 de “guardar y hacer guardar la Constitución”: “...entre derecho y justicia, un transformador, un liberador, un revolucionario opta por la justicia... el conservadurismo opta por el derecho... el liberador por la justicia...”. El diputado Mier no tuvo que inspirarse en viejos e idénticos discursos de Hugo Chávez, le bastó citar al presidente López Obrador, quien ya había dicho: “Cuando haya que optar entre derecho y justicia tiene que prevalecer la justicia; la ley es para el hombre, no el hombre y la mujer para la ley”. Sólo hay que resaltar una pequeña omisión en los dichos presidenciales y en los del sumiso legislador: quien interpreta cuándo y cómo la Constitución es injusta y por tanto “violable” es el propio Presidente. ¿De qué humor amaneció el señor? ¿Con quién se peleó hoy? Los legisladores entregaron a un hombre falible como todo humano y con una acendrada nostalgia por la concentración unipersonal de poder, el rumbo de nuestra exrepública.

Las mujeres sabemos mejor que cualquiera que una ley puede ser injusta, que un precepto incluso constitucional puede conculcar derechos. No puedo encontrar mejor ejemplo que aquel que impidió hasta 1953 nuestro derecho a ejercer el voto. O aquellos en leyes secundarias que impedían que recibiéramos herencias, que accediéramos a créditos y fuéramos titulares de propiedades, que pudiéramos trabajar sin permiso del marido, que nos obligaba a casar con el violador o que forzaba a llevar a término el embarazo resultado del incesto. No se trataba de opiniones, de caprichos, de gustos personales, sino de derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ley internacional y, sobre todo, por el espíritu y hasta la letra del Constituyente de 1917. ¿Qué hicimos? Organizamos, protestamos, demostramos la ilegalidad, cambiamos el sentir de la opinión pública, resistimos pacíficamente y no tanto, cabildeamos, argumentamos, conseguimos llegar a puestos de decisión hasta lograr cambiar la Constitución y numerosas leyes secundarias. Las mujeres fortalecimos y enriquecimos nuestra Constitución, no la deshonramos como los 262 diputados y los 85 senadores.

Más allá de la defensa teórica del principio de separación de poderes adoptado por nuestra Constitución, se encuentra la trágica experiencia de gobiernos que sacrificaron este principio en aras de “revoluciones”, proyectos milenaristas, transformaciones autonombradas épicas, etcétera. En la historia del siglo XX, miles, cientos de miles, millones de vidas han sido sacrificadas por las decisiones de una sola persona que anuló, debilitó o cooptó a contrapesos que pudieran oponerse a su proyecto. No son ejemplos tan ajenos o lejanos: miles de mexicanos —190 mil calcula un estudio encargado por la OMS— murieron innecesariamente por decisiones tomadas unipersonalmente en el manejo de la pandemia.

La Comisión Internacional de Juristas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional han reunido en sendos compendios los principales criterios para garantizar la independencia del Poder Judicial, vital para garantizar el acceso a la justicia. Entre estos criterios respaldados especialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran el proceso de elección de jueces y magistrados y la certeza de la duración de su encargo, no sólo referente a que su permanencia no pueda ser terminada a capricho del gobernante, sino tampoco prolongada a conveniencia de éste, como es el triste caso de la Ley Zaldívar.