El 15 de noviembre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación y entonces se sabrá si el sector turístico logrará o no que una parte del Derecho de No Residente (DNR) quede etiquetado para impulsarlo.
Desde que los políticos de Morena llegaron al gobierno federal, los empresarios turísticos no se habían unido como lo hicieron ahora para oponerse al aumento del DNR, que de la propuesta original de incrementarlo casi 35% de la Secretaría de Hacienda lo bajó a la mitad.
De todas maneras, la decisión es enjuiciable, pues ocurre en un momento en que se ha reducido la oferta de asientos de avión y aumentado el precio de la turbosina y los boletos por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Conscientes de que “palo dado ni Dios lo quita”, tanto los empresarios del Caribe mexicano como diferentes organizaciones se han movilizado, cada uno por su lado, para buscar que al menos una parte del DNR se use para apoyar al turismo.
Hay que recordar que en sus orígenes el Derecho de No Inmigrante (DNI), que por una situación técnica después fue reemplazado por el DNR, se creó con el propósito de que esos recursos quedaran etiquetados para fondear proyectos específicos del Instituto Nacional de Migración y del ahora extinto Consejo de Promoción Turística.
Fue Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, quien en el último año se ha reunido con varios actores relevantes del turismo, el que recomendó que ya no se hable de promoción, aunque impulsar a este sector desde el gobierno federal incluya también esa tarea.
Así es que en la reunión de Puebla que tuvieron los empresarios que forman parte de Tesoros de México, que preside Arturo Contreras, con Tania Palacios Kuri, la presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, la petición fue que hubiera un porcentaje del DNR para impulsar el turismo.
En el mismo sentido, la semana pasada Mery Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, recibió a Malula Prieto, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), quien fue acompañada el vicepresidente José Chapur y Jorge Paoli, presidente de la Asociación de Cadenas de Hoteles, para revisar este mismo punto.
En ambos casos hubo un diálogo constructivo y las legisladoras coincidieron en la importancia de impulsar al turismo; sin embargo, la decisión final será tomada por el pleno de la Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal le urgen recursos para no seguir endeudando al país, un asunto que ya están viendo con atención tanto las calificadoras de riesgo crediticio como como el Fondo Monetario Internacional.
Así es que más allá de todos los argumentos racionales sobre la relevancia de apoyar un sector que representa casi 9.0% de la economía y más de 9.0% del empleo total, la “moneda sigue en el aire”.
DIVISADERO
Airbnb.— En el estado de Morelos, tanto el gobierno que encabeza Margarita González Saravia, como los empresarios más activos ya hicieron su tarea para modificar la Ley de Ingresos y cobrar el impuesto al hospedaje a los usuarios de la plataforma Airbnb.
Ahora el reto no sólo es que los legisladores aprueben este cambio, sino que los recursos queden etiquetados para impulsar al turismo, que también atraviesa por momentos complicados en esa entidad.