Legitimidad y crisis

Jürgen Habermas acuñó el concepto de crisis de legitimación a partir de la propuesta de Max Weber de que la confianza es la fuente de legitimidad de los gobernantes. Habermas extendió el concepto a las percepciones en la plaza pública. La opinión negativa sobre una institución que no tiene la capacidad para mantener o crear estructuras burocráticas eficaces y alcanzar sus propósitos finales genera esa crisis.

No estoy seguro de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentre en crisis de legitimidad. Tampoco de que su popularidad sea fuente de confianza ciudadana en la acepción weberiana de que ésta se gana por la eficacia para gobernar y proteger a la ciudadanía.

Observamos una erosión gradual de los órganos del Estado causada por la incapacidad del gobierno para ejecutar sus tareas con firmeza y certeza en bastantes áreas. La cuarta transformación no puede frenar la violencia criminal ni controlar la inflación ni entregar servicios públicos dignos.

La ciudadanía informada, la que genera opinión pública, según Habermas, califica de mediocre al funcionariado (90% lealtad) en contraste con la aprobación al Presidente. Para lograrlo, cuenta con las mañaneras, becas y subvenciones a segmentos sociales escogidos (necesítenlas o no). El conjunto conforma un aparato de propaganda eficaz.

No obstante, gobernar requiere de algo más que propaganda y normas legales. Consideremos la fórmula que tutela a la educación nacional. El 15 de mayo de 2019 el Diario Oficial de la Federación publicó la nueva versión del artículo 3. Es un texto de más de tres mil palabras, contiene preceptos que perduran de la reforma de 1946 (la que condujo Jaime Torres Bodet) como aquel de que la educación “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano” e incorporó criterios que pudiesen ser loables… si se cumplieran.

Por ejemplo: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. “Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social”. “Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje”.

Con la supresión de la estancias infantiles y la cancelación de las escuelas de tiempo completo y otros programas compensatorios contradicen el interés superior de la niñez, canon que alguna vez presumió el Presidente. Sí, la 4T abarrota de alabanzas al magisterio y a las escuelas normales, pero les congela fondos y para 2023 destina la irrisoria cantidad de 85 pesos per cápita para la capacitación y actualización de cada docente.

Y el nuevo plan de estudios y marco curricular, que se supone la SEP pondrá en marcha el próximo ciclo escolar, niega el precepto de que las aulas son el espacio fundamental para enseñar y aprender. El proyecto intenta, al menos en la parte narrativa y propagandística, arrebatar ese espacio a la escuela y trasladarlo a la comunidad.

Tal vez la transferencia de fondos a las familias palió algo la ausencia de las estancias infantiles, pero dañó el derecho a la educación inicial, que tanto presume la SEP. Sí, quizá la basificación de más de 650 mil trabajadores de la educación haga que muchos maestros agradezcan al Presidente, pero doblegó  la norma que establece que la admisión a la función docente se efectuará mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales.

Amplios segmentos de la población mantienen la confianza en el presidente López Obrador, pero la plaza pública desautoriza a su gobierno. No hay crisis de legitimación patente. Pero, al no haber eficacia gubernativa, encamina al país a la bancarrota.