Bajar el IVA en la frontera es un error

Reducir los impuestos en la frontera norte es una medida inequitativa. Es una zona privilegiada desde el punto de vista del ingreso y de las oportunidades económicas respecto a buena parte del país. Según datos del Inegi de 2015, el ingreso per cápita promedio de los estados fronterizos era de 14,601 pesos, el de Guerrero y Oaxaca era de 9,055. Los mucho más pobres habitantes del sur y de tantas comunidades del resto del país seguirán pagando el IVA de 16 por ciento, y los más prósperos habitantes de la frontera norte sólo el ocho.

En la zona fronteriza con Estados Unidos, la población siempre ha demandado un IVA menor dada la referencia de lo que pasa en nuestro vecino, donde hay un impuesto a las ventas menor al 10 por ciento. Si esta es la justificación, la consecuencia lógica es bajarlo en todo el país. Siempre alguien estará cerca de una zona con una menor tasa. Si Reynosa tiene un IVA del 8 por ciento, como quiere AMLO, y General Bravo (a poco más de una hora de Reynosa) uno del 16 por ciento, ¿por qué tal injusticia? Si se le disminuye a General Bravo, se debe hacer lo mismo con Monterrey, y luego con Linares hasta llegar a Tapachula.

Muy pronto la frontera sur estará pidiendo esa reducción por otra razón: ya tuvo ese régimen de impuesto diferenciado. Incluso, a diferencia de las ciudades de la frontera norte, quien vive en Tapachula no tiene la opción de irse al otro lado para comprar más barato, lo que seguirán haciendo en el norte, aunque baje el IVA.

Esta reducción cuesta al erario no sólo por la recaudación directa perdida, sino por todas las trampas asociadas de los contribuyentes con tasas impositivas diferenciadas. Peor aún, si también bajan el ISR a la mitad en la frontera norte, como lo han prometido. ¿Quién seguirá tributando desde la Ciudad de México si puede establecer su empresa en Tijuana y desde ahí servir a la capital? Se gastará energía empresarial en ganar dinero por el diferencial de impuesto entre dos zonas del país y capacidades burocráticas para tratar de evitarlo. Se abrirán las puertas para una mayor corrupción. El nuevo gobierno todos los días anuncia algún proyecto, desde crear 100 nuevas universidades hasta hacer una nueva refinería, pasando por subir el gasto en salud o descentralizar la administración federal. Va a requerir recursos para cumplir con todas sus promesas. Aplaudo una buena parte de la austeridad republicana, pero creer que todo se puede financiar centralizando las compras para controlar la corrupción, con recortes a gastos superfluos y eliminando programas sociales no prioritarios, es poco realista.

El propio futuro gobierno parece argumentar en contra de la eficacia económica de bajar el IVA. En la frontera sur no tendrán el privilegio del IVA reducido. En palabras de Carlos Urzúa, propuesto por AMLO para ser el próximo secretario de Hacienda, el pasado 18 de julio, en esa zona construirán el Tren Maya, de Cancún a Palenque, el cual “tendrá un impacto mayor a lo que representa bajar el IVA al 8 por ciento en la frontera norte”. Es cuestionable esta afirmación, pero en su lógica, ¿no tiene un gobierno de izquierda proyectos alternos de gasto en la frontera norte capaces de generar un impacto social mayor que la disminución del IVA? ¿Dos varas distintas para un mismo problema?

Ya tiene AMLO un Congreso que le responderá fielmente a sus deseos. Así se ven, como sus honrosos seguidores. Lo gritan en público. Si el futuro gobierno quiere ganar capital político disminuyendo impuestos en la frontera, está en su derecho. Lo prometió en campaña. Tiene todo el poder para hacerlo.

Sin embargo, lo congruente, dada la moda reciente de prometer consultas populares, sería preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con esa reducción de impuestos en la frontera norte. Si se le pregunta a todo el país, la respuesta sería no. El ciudadano es sabio y sabe distinguir lo justo de lo injusto. Por supuesto, en la frontera responderían a favor. El ciudadano siempre querrá una disminución de impuestos.

Si AMLO cumple con bajar el IVA en la frontera norte, estará sacrificando una parte de su proyecto social también prometido en la campaña. No se puede cumplir todo lo dicho durante un proceso electoral.

Para un gobierno de izquierda erosionar los ingresos públicos en un país con una de las más bajas recaudaciones tributarias de América Latina suena absurdo. Pero llegó al poder un grupo con el objetivo de imponer un nuevo modelo. Este pasa por dar trato fiscal distinto a una parte del país como parte de la nueva visión de un Estado interventor que determina ganadores y perdedores a través de todo tipo de mecanismos.

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

Twitter: @carloselizondom