Sigue el fraude de la 4T
Hace un par de años desaparecieron el Seguro Popular, que era el mecanismo de atención a la salud de los más pobres, y se pretendió sustituirlo por el Insabi, una alternativa de fraude a todas luces desde el principio. Y ahora, mediante la reforma de la semana pasada, sin explicaciones, volvieron a destruir lo que habían hecho del Insabi y, supuestamente, crear IMSS-Bienestar.
Se regala el dinero que se debía invertir en salud y educación para comprar votos. Amor, con amor se paga.
Siguen generando distracciones y mandando al diablo a las instituciones, todo, para lograr el objetivo de seguir aprovechando los recursos del presupuesto para comprar popularidad.
La semana pasada, mientras se generaba confusión y supuestos errores de comunicación sobre la salud del Presidente de la República, los legisladores de la coalición gobernante, violentando el debido proceso legislativo, aprobaban una serie de reformas injustificables de cara a los problemas de la nación.
Hace un par de años desaparecieron el Seguro Popular, que era el mecanismo de atención a la salud de los más pobres, y se pretendió sustituirlo por el Insabi, una alternativa de fraude a todas luces desde el principio. Y ahora, mediante la reforma de la semana pasada, sin explicaciones, volvieron a destruir lo que habían hecho del Insabi y, supuestamente, crear IMSS-Bienestar.
La salud pública debiera ser una de las prioridades de un gobierno que se vende como preocupado por los pobres.
En la misma semana del “desmayo” del Presidente, sin dar explicaciones a la nación, también prácticamente destruyen el Conacyt, que era la institución que brindaba apoyos a la investigación en materia de ciencia y tecnología.
Se elimina la participación de las universidades y el sector privado en el órgano de gobierno de aquella institución y ahora sólo burócratas “honestos”, y sin que se les exija previo conocimiento en la materia, decidirán a quién o qué proyectos de investigación se apoyará.
Una vez más, se demuestra que no les importa la política en materia de educación pública, que es el verdadero impulso para dejar atrás la pobreza y generar las mejores oportunidades de desarrollo.
Es evidente que el Ejecutivo federal debió haber sido informado que existe la jurisprudencia (acción de inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada 153/2017) de la SCJN que, al referirse a las disposiciones aplicables de la Constitución, establece:
“…estos preceptos norman el modelo de división material de atribuciones y de democracia representativa con una serie de principios materiales, como los de deliberación democrática, debido proceso legislativo, el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias para participar en un debate real, abierto e informado, así como la directriz de que todo proyecto de ley o decreto deberá atenerse a lo dispuesto en cada uno de los reglamentos de las cámaras sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones, ello como una expresión de la autorregulación que asiste a cada uno de los órganos legislativos integrantes del Congreso de la Unión (https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2017/19/3_228096_6199.docx)”.
En dicha jurisprudencia se analizaron las violaciones que ya antes había cometido el Congreso de la Unión e invalidó una reforma legal por no seguir tales parámetros mínimos, es decir, no basta que las reformas legales sean aprobadas por una simple mayoría, como dijeron en la mañanera de este lunes.
No obstante ello, se convocó a Palacio Nacional a los senadores de la coalición gobernante y, posteriormente, tales senadores se dirigieron a un salón alterno de su sede oficial para aprobar las reformas legales, violando dicha jurisprudencia que las invalidará.
Esta semana, las mañaneras comienzan con una serie de insultos y ofensas a la SCJN por la posible invalidación de las reformas.
Es evidente la estrategia de desinformación, mientras en todo el país se aprovechan de la necesidad de la gente y se les entrega dinero del erario, se promueve la imagen de las corcholatas, violando también la legislación en materia electoral sobre proselitismo con el erario y actos anticipados de precampaña y, claro, se les recuerda que “amor con amor se paga”, ¿qué clase de amor es ése que se paga?, ¿qué clase de amor es ése que se compra?
No hay evidencia de su compromiso con la democracia, con el cumplimiento de la ley ni tampoco con los pobres.
