Radiografía del caso Monex

Por Benito Nacif*

El pasado 23 de enero el Consejo General del IFE se pronunció sobre la parte sustancial del caso Monex: el origen y el destino del dinero que el PRI distribuyó mediante tarjetas monedero durante los dos últimos meses de la campaña electoral. En una votación dividida, el Consejo aprobó con cambios mínimos las conclusiones a las que llegó la Unidad de Fiscalización (UF), luego de seis meses y medio de investigación: 1) que el extraño esquema de financiamiento para dispersar 66.3 millones de pesos en 7 mil 851 tarjetas fue legal y 2) que los contratos privados celebrados entre el PRI y sus operadores (enlaces y coordinadores tanto locales como distritales) comprobaron  que el dinero se gastó en un fin lícito.

Con estas conclusiones, la UF deja abierta la puerta para que los partidos políticos monten esquemas de financiamiento paralelo durante las campañas y, en caso de ser descubiertos, los legalicen con la firma de contratos privados. Ciertamente, no se puede demostrar que eso ocurrió en el caso Monex. Sin embargo, dado que la obligación de comprobar el origen y el destino lícito de los recursos recaía sobre el partido, se le debió fincar responsabilidades al PRI.

El caso Monex inició con una denuncia presentada por el PAN el 26 de junio de 2012, a unos días de la jornada electoral. A partir de la copia de dos tarjetas emitidas por Banco Monex y la declaración de un representante del PRI en Guanajuato acusó a la Coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) de montar un esquema de financiamiento para inyectar 701 millones de pesos a su estructura, que derivaban de aportaciones ilegales y que rebasaban el tope de gastos de campaña. Asimismo, arguyó que el dinero podía utilizarse para la compra o coacción del voto y solicitó al IFE el congelamiento de la cuenta concentradora. La denuncia tuvo un fuerte impacto mediático que se magnificó a partir de que la coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-MC) se sumara a la denuncia original y presentaran pruebas adicionales.

Gracias a las nuevas facultades de la Unidad de Fiscalización, así como a la colaboración de Banco Monex, el IFE conoció rápidamente que el monto de los recursos depositados en la cuenta concentradora ascendían a 70 millones de pesos, aproximadamente, que el titular era Grupo Comercial Inizzio (una filial de Comercializadora Atama), que la cuenta se había fondeado con depósitos de diversas empresas (Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan, Importadora y Comercializadora Efra y los propios Atama e Inizzio) y personas físicas (Rodrigo Fernández Noriega, Gabino Fraga Mouret y Emilio Fraga Hilarie) y que el número de tarjetas emitidas ascendía a 10 mil 714 (el PRI reconoció después haber contratado 9 mil 224, de las cuales sólo 7 mil 851 recibieron fondos). Sin embargo, ante la ausencia de indicios de que el dinero de las tarjetas se iba a utilizar para comprar o coaccionar la voluntad de los votantes, la Comisión de Quejas y Denuncias denegó la solicitud de congelar cautelarmente la cuenta concentradora.

El PRI tardó más tiempo en entregar información. Dos semanas después de presentada la denuncia, su dirigencia nacional reconoció la contratación de los monederos; y no directamente con Grupo Comercial Inizzio, sino con una empresa hasta ese momento desconocida: Alkino Servicios y Calidad. La suspicacia de la opinión pública aumentó después de que el periódico Reforma revelara que Alkino no había tenido ingresos  durante 2011, de acuerdo con su declaración fiscal.

El PRI presentó el contrato con Alkino hasta agosto de 2012. De acuerdo con este documento la empresa financió al partido por un monto de 68.4 millones de pesos a una tasa de interés de 3% mensual. A su vez Alkino contrató a Atama, que utilizó la cuenta en Monex de su filial Inizzio para conseguir las tarjetas y dispersar el dinero. Los primeros pagos del PRI a Alkino (4.2 millones de pesos por concepto de intereses) se hicieron el 13 de julio de 2012, unos días antes de que el PRI reconociera públicamente la contratación de las tarjetas. Los demás pagos a la empresa están plenamente documentados. Hay un finiquito para reestructurar la deuda con Alkino en noviembre y el PRI termina de pagar el 15 de enero de 2013. Para justificar el destino del dinero contratado, el PRI presentó 7 mil 343 contratos de prestación de servicios profesionales celebrados con sus enlaces y coordinadores territoriales.

De acuerdo con la UF, el PRI acreditó el origen y el destino lícito de los fondos. El único error que cometió fue clasificarlo como “gasto ordinario”, porque todo aquello que se devengó hasta el 27 de julio se debió incluir en el Informe de Gastos de Campaña. Así que la UF sólo propuso al Consejo reclasificar parte de lo gastado (50.5 millones de pesos) y se aplicara para determinar si la coalición Compromiso por México había rebasado los topes de gasto de las campañas de Presidente, diputados y senadores.

La investigación de la UF tiene, desde mi punto de vista, dos graves deficiencias. En primer lugar, no valoró el hecho de que el PRI le informó del crédito contraído con Alkino hasta agosto de 2012, mes y medio después de que se presentó la queja. Sin embargo, el Reglamento de Fiscalización del IFE (art. 326.1.e) lo obligaba a informar la apertura de créditos o su equivalente a más tardar a los cinco días de haberse celebrado. La UF dio por válido un contrato privado reportado de forma extemporánea, según el cual una empresa sin ingresos −que tuvo que recurrir a otra empresa, que a su vez tuvo que fondearse de otras empresas y personas físicas− le financió un esquema de dispersión de recursos a su estructura por 66.3 millones de pesos.

La segunda deficiencia en la investigación consiste en aceptar los contratos de servicios profesionales como prueba que acredita el destino los recursos. El deber de la UF era seguir el dinero, que estaba en los monederos. Sin embargo, se desconoce qué personas recibieron qué tarjetas. No hay forma de relacionar transacciones con personas. Todo lo que se sabe es que 88% se dispuso mediante retiros en efectivo. Lo demás fueron compras en una variedad de tiendas y establecimientos comerciales.

*Consejero Electoral del IFE