Democracia participativa en marcha

La llamada democracia representativa, complementada con el neoliberalismo, ha demostrado fallas estructurales profundas, tal y como lo han sacado a relucir el movimiento de los indignados en España y el movimiento de los estudiantes en Chile.

Un primer diagnóstico indicaría que los gobernantes, por más que hayan sido electos por la mayoría de los votantes, toman decisiones ajenas a los intereses de la población. Por ejemplo, la reducción del gasto público en España favorece al “Uno por Ciento”, pero perjudica a los que no tienen empleo, a quienes no pueden pagar la hipoteca de sus casas y, por el insuficiente cupo en universidades públicas, obliga a los estudiantes a pagar altas colegiaturas en instituciones privadas.

En Chile, el famoso programa de los bonos educativos que tanto presumió el neoliberalismo, ha fracasado rotundamente. Lo demuestran las manifestaciones de los estudiantes y el inmenso apoyo a éstas, expresado por la sociedad chilena. Camila Vallejo, estudiante de geografía, líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, explica que lo que está en el fondo de las movilizaciones es la necesidad de reformular la democracia. Está claro que, ni el gobierno español escucha a los indignados, ni el gobierno chileno a los estudiantes.

Lo he planteado varias veces: la democracia representativa, sin que sea complementada con la democracia participativa, es ya, en buena medida, obsoleta, porque es incapaz de resolver los problemas de la gente.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consciente de estos problemas, promulgó la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México durante el primer periodo ordinario de sesiones de 2009. El objetivo es que los órganos de gobierno del Distrito Federal, en forma conjunta con la participación de los ciudadanos, empresarios, trabajadores e investigadores en materia de desarrollo económico, reactiven la economía y generen empleo. Es decir, en una misma institución, conjugar los intereses de quienes son producto de la democracia representativa con los intereses de los ciudadanos que pueden hacer posible el crecimiento económico mediante su participación y, por lo tanto, corresponsabilidad.

Para abril de 2010, en la V Legislatura, aprobamos la Ley de Participación Ciudadana, lo cual permitió elegir a comités, representantes al margen de los partidos, en las mil 815 colonias del Distrito Federal. Estas organizaciones tuvieron ya la posibilidad de emprender un proceso de democracia participativa, al decidir sobre el 3% del presupuesto global de sus respectivas delegaciones, y así destinarlo a las obras o servicios que ellos consideran necesarios para resolver los problemas de los lugares donde radican.

Pareciera que algunas instancias del gobierno de la Ciudad de México aún no comprenden la imperiosa necesidad de la democracia participativa para la construcción de los cimientos del régimen político de la capital. Y a estas alturas del año no se han ejercido los recursos que aprobaron los comités ciudadanos desde hace muchos meses. Ello nos ha obligado a proyectar un periodo extraordinario de sesiones para modificar el marco legal y hacer valer las decisiones tomadas por los comités ciudadanos en el ejercicio del presupuesto participativo.

En otro esfuerzo más de la Asamblea Legislativa por fortalecer la construcción de ciudadanía plena en la Ciudad de México, firmamos un convenio con la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, para pensar al Distrito Federal a 5, 10 y 20 años plazo, considerando cuatro temas —no los únicos— prioritarios: 1) Reactivación económica y generación de empleo; 2) Educación y empleo; 3) Reordenamiento urbano que reduzca significativamente las inequidades que existen entre la mitad poniente de la Ciudad y la mitad oriente; 4) Mejoramiento significativo de la movilidad de todos los habitantes de la ciudad.

La UNAM convocó a especialistas que realizaron, en febrero y marzo, talleres de análisis correspondientes a los temas mencionados. Posterior a ello, llevamos el resumen de esos talleres a más de mil 300 de los mil 815 comités ciudadanos, a los colegios de ingenieros, arquitectos, urbanistas, notarios y a las cámaras patronales, e incluso al Consejo Económico y Social de la Ciudad para que lo conocieran, opinaran e hicieran sus aportaciones. Fue un proceso en el cual, además, surgieron demandas urgentes y reclamaciones justificadas de los incumplimientos en que hemos incurrido muchas de las instancias de los órganos de gobierno de la Ciudad de México.

En suma, la Asamblea Legislativa, emprendió, junto con los comités ciudadanos y los representantes de muchos de los sectores, un proceso de planeación participativa. Los políticos tenemos que aprender, no solamente a hablar, sino, sobre todo, a escuchar. De esta forma podremos presumir que tenemos un régimen político democrático. Únicamente por esta vía seremos verdaderamente representantes de la gente. En esto consiste complementar la república representativa con la democracia participativa.

                @Adolfo_OriveB