Cada quien su guerra

No es novedad que cuando especialistas y expertos se refieren a la lucha contra el crimen organizado, aparezca el referente clásico de que en la lucha contra ese flagelo, la responsabilidad es compartida entre alcaldes, gobernadores y del propio gobierno federal.

Y en efecto, en teoría esa debiera ser la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

En realidad se debiera tratar de una responsabilidad compartida no sólo entre los tres órdenes de gobierno sino, además, entre los tres poderes, todos los partidos y, por supuesto, una responsabilidad que incluya a toda la sociedad.

Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. ¿Por qué?

Porque el gobierno federal tiene su propia percepción de esa guerra, y bajo la directriz de Felipe Calderón, lleva adelante la estrategia que considera correcta, a pesar de severos cuestionamientos y elevado costo social y político para su partido.

Pero por increíble que parezca, también el poder judicial —y  todos los corruptos juzgadores—, llevan a cabo su propia guerra. Y es que por si no lo saben, no pasará mucho tiempo para que se destapen escandalosos casos de corrupción de juzgadores a los que les importa un pito juzgar a tal o cual criminal, narcotraficante, secuestrador o sicario.

Y no les importa, porque el combustible que mueve a la justicia —o la injusticia—, es el mismo combustible que mantiene en movimiento al vigoroso tractor que jala al crimen organizado y al narcotráfico; el dinero, que todo lo compra y lo corrompe.

Terca realidad.

Pero el problema mayor es que también los gobernadores, legisladores, alcaldes, empresarios y hasta los ministros de tal o cual culto, tienen su propia guerra contra el crimen organizado.

Y si existen dudas, basta recordar que, en el colmo de la complicidad, los diputados de la llamada izquierda aplaudieron la llegada al Congreso, a San Lázaro, del primer narco-diputado, el hoy prófugo Julio César Godoy, uno de los operadores de la extinta Familia Michoacana.

Pero lo interesante del asunto es que todo lo anterior dejó de ser una hipótesis periodística —expuesta por años o décadas en este y muchos otros espacios mediáticos—, y por primera vez se convirtió en una tesis académica cuando en voz de Jorge Carpizo, un conjunto de estudiosos del más alto nivel dieron a conocer la más completa propuesta para atender la violencia y el crimen, en el documento conocido como Elementos para la construcción de una Política de Estado, en materia de inseguridad y combate al crimen.

Y es que en lo que parece uno de los ejes fundamentales de ese estudio, los académicos de la UNAM concluyen que “las políticas públicas de seguridad y justicia y sus instrumentos de aplicación están frecuentemente influenciadas por intereses de partido”.

Gran verdad, contundente que, sin embargo, debió ser reconocida por los estudiosos universitarios del derecho, luego de años de una terca realidad que ha exhibido esa misma realidad en todos los órdenes de gobierno, en todos los partidos y en todos los Poderes de la Unión.

Lo mío es bueno, lo tuyo es malo.

Y para los que dudan de que “las políticas públicas de seguridad y justicia y sus instrumentos de aplicación están frecuentemente influenciadas por los intereses de partido”, basta con revisar los entretelones de la reciente detención del presunto criminal, Óscar Oswaldo García Montoya, motejado como La Mano con Ojos.

Se trata de un sicario que  mató u ordenó la muerte de por lo menos 600 personas, entre civiles inocentes y adversarios de la banda criminal a la que pertenecen.

Como todos saben, la captura del criminal motejado como La Mano con Ojos, la realizó la policía del Estado de México, cuyo jefe político, Enrique Peña Nieto, es el más aventajado presidencial en todas las encuestas y de todos los presidenciables.

Pues bien, al tiempo que el procurador mexiquense, Alfredo Castillo, daba a conocer la detención del criminal y presumía que con su captura se había desmantelado el cártel de los Beltrán Leyva, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, condenó severamente que en la captura del criminal, la policía mexiquense haya cometido serias violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales.

Y es que, en efecto, la policía mexiquense allanó algunos domicilios de particulares inocentes, en su búsqueda de La Mano con Ojos, con los destrozos que ello conlleva. En respuesta, el procurador mexiquense se apresuró a visitar las casas allanadas y a sus dueños, a los que ofreció disculpas y prometió el pago de los daños.

No fue suficiente, porque horas después, en realidad ayer sábado, el propio Felipe Calderón no sólo se deslindó de la detención del criminal La Mano con Ojos, sino que dijo que en su captura no habían participado las fuerzas federales. Es decir, también el Presidente se hizo a un lado y cuestionó la detención realizada por el gobierno del Estado de México, más allá de la importancia de esa captura.

El que esté libre de culpa…

¿Cuál es el mensaje que envían a los ciudadanos los tres gobiernos en cuestión; el mexiquense, el de la capital del país, y el gobierno federal?

 Parece claro. Resulta que mientras la captura, la detención, el golpe de imagen y marketing y el reflector mediático beneficia a tal o cual gobierno, entonces se trata de un buen golpe contra el crimen.

Pero si el golpe lo da otro gobierno, otra instancia del mismo gobierno, otro orden de gobierno, entonces es un mal golpe, incluso es un golpe cuestionable, al que todos critican, desde el presidente, pasando por partidos políticos y hasta el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Sin duda que nadie justifica que en la lucha contra el crimen se violen los derechos humanos y las garantías individuales.

Sin embargo, el gobierno que esté libre de culpa, de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, que arroje la primera piedra.

Y es que los ejemplos sobran.

¿Qué pasó el en el caso de la tragedia del News Divine, en donde perdieron la vida 12 personas, nueve de ellos jóvenes menores de edad?

Y por supuesto que el gobierno federal es el que menos puede hablar de violaciones a las garantías individuales.

Lo interesante es que, en los hechos, se puede comprobar que el interés partidista, determina no sólo las políticas públicas para el combate al crimen, sino la respuesta de tal o cual gobierno frente a los criminales.

Pero hay más. ¿Cuál es el papel de la percepción social, en relación a la preferencia partidista? Que también el interés partidista interfiere en la percepción sobre las políticas públicas de seguridad. Al tiempo.