AENA y Abertis firmes contra mexicanos en el GAP y la SCT espectadora

Este miércoles se celebró la Asamblea General de Accionistas del Grupo Aeroportuario Pacífico y como se esperaba los socios españoles, esto es Abertis y AENA, pretendieron imponer un nuevo presidente del Consejo de Administración.

Ya meses atrás AENA, que representa aquí Rodrigo Marabeni, y Abertis, capitaneada por Demetrio Ullastres, intentaron colocar a Guillermo Díaz de Rivera, pero los socios mexicanos metieron varios recursos legales para echarlo abajo.

En este segundo intento es probable que se repita la historia, toda vez que se trata de una acción contraria a lo que establecen los oficios firmados con la SCT, que comanda Dionisio Pérez-Jácome Friscione, y al propio convenio de participación. Tan sólo este último sostiene que es una facultad exclusiva del socio nacional, o sea, la Controladora Mexicana de Aeropuertos, la de proponer al presidente. Se trata de Laura Diez Barroso, Carlos Laviada y Eduardo Sánchez Navarro.

Díaz de Rivera tiene un conflicto de interés, ya que al ser secretario del consejo de Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP) a instancias de AENA y Abertis, quedó impedido a fungir como presidente del Consejo de Administración de GAP.

Entre las evidencias de su parcialidad destaca que se desempeña como abogado de los hispanos en el seno de AMP, incluso defendiendo la propuesta de éstos para que él presida, esto en violación de la Ley de Sociedades Mercantiles.

Derivado del conflicto entre los accionistas del grupo de control de GAP, se sabe que la dirección de GAP, ahora a cargo de Fernando Bosque, destinó 18 millones de pesos para gastos legales en el último trimestre de 2010.

La estrategia utilizada por los extranjeros, cuyo máximo representante Juan Ignacio Lema recién estuvo aquí, ha sido mentir en relación con la aprobación del dividendo y reducción de capital abordada en la Asamblea de Accionistas de 2010. Esto se comprueba en una carta que demuestra las mentiras de Xavier Mangino Dueñas, socio de Díaz de Rivera, presentada ante un juez de Guadalajara, que otorgó una jurisdicción voluntaria sin mérito legal alguno.

Si bien el juez competente para los asuntos de disputa entre socios es el del DF, donde corresponde el domicilio social de GAP, el juez de Guadalajara ha demostrado una inusual eficiencia al aceptar un asunto fuera de su jurisdicción.

Incluso, ha llegado a intervenir telefónicamente para interpelar a un actuario de la Ciudad de México, buscando defender los intereses de los socios españoles.

Estas prácticas atribuibles a Díaz de Rivera no son nuevas.

Hace un par de semanas le dimos a conocer en este espacio el contenido de un correo electrónico que el susodicho abogado le envió a Alberto Torrado, presidente de Alsea, en el que se quedaban en evidencia prácticas poco ortodoxas.

Díaz de Rivera, abogado de Alsea en el pleito que esta cadena de restaurantes sostiene con Italianni’s, hacía referencia a pagos que se debían hacer a miembros del poder judicial para lograr resoluciones a favor de su cliente.

El representante legal ha sido contratado por Abertis y AENA, la primera de ellas una empresa que cotiza en bolsa, y la segunda, perteneciente al gobierno de España, que de suyo ya es una irregularidad.

Italianni’s gana

Y a propósito de la controversia con Italianni’s, a raíz del presunto pago a jueces, parece que en Estados Unidos ya se investiga esa ilegalidad en la que habrían incurrido Alberto y Cosme Torrado y su abogado Guillermo Díaz de Rivera. Usted sabe que esas prácticas son muy penadas en las empresas públicas. Alsea opera las franquicias de Starbuck’s. PF Chang’s, Domino’s Pizza y Burger King y California Pizza Kitchen, entre otras. El Foreing Corruption Practices Act es una legislación muy estricta y se habría activado tras conocerse las argucias en el conflicto con la cadena rival que preside Víctor Cachoua Flores. Sobre esta misma polémica también se acaba de emitir por parte del Juzgado Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del DF una resolución en la que emplazan a Alsea a no usar la marca California Pizza Kitchen cuyo formato es el que compite directamente con Italianni’s. Esa denominación fue adquirida por los Torrado hace un par de años a Grupo Calpik para subsanar la frustrada compra y entrar al segmento de mercado de los Cachoua.

SAT alista red

Pues vaya que la licitación del proyecto SASI para administrar la Seguridad de las áreas de Tecnologías de la Información del SAT por un monto cercano a los 400 millones de pesos esta levantando las cejas de algunos funcionarios en la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Salvador Vega. Las bases de licitación fueron hechas a modo por Scitum, ahora una subsidiara de Telmex, la de Carlos Slim Helú, pero aún encabezada por Ulises Castillo. Resulta que esta es la segunda vuelta y, pese a que en la primera Axtel, de Tomás Milmo tuvo la propuesta más económica, se declaró desierta. Ahora hay dos propuestas más económicas que la de Scitum y sin embargo todo parece indicar que existe la voluntad para favorecerla y asignarle el proyecto. Trascendió que el operador de este concurso es Almaquio Tinoco, ex funcionario del SAT y hermano de Alejandro Tinoco, ahora responsable en el sistema que preside Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de este proyecto.