Al congelador iniciativa ¡anticorrupción!

Ahora resulta que la ley anticorrupción, aprobada por consenso en el Senado, es frenada nada menos que por el diputado Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista.

Escudero es presidente de la Comisión de la Función Pública, y a pesar de que los diputados del PAN, PRI y PRD, están a favor de la iniciativa anticorrupción, el diputado no quiere dictaminarla: la está frenando…como si en el absurdo del ejercicio político, la iniciativa anticorrupción pudiera ser una ficha de cambio por algo que quiera el legislador o su Partido el Verde Ecologista de México.

Los elevadísimos costos de la corrupción

Posiblemente, el legislador no sabe que la economía mexicana, lamentablemente, padece de una alta corrupción por parte de empresas.

Los resultados de la corrupción son elevados costos para todos nosotros: trabas para hacer negocios, para invertir, dinero de por medio para no cumplir con la ley. El círculo se traduce en mayores precios y mala calidad de bienes y servicios. En otras palabras, en una economía poco competitiva sin certeza jurídica.

Basta ver lo reportado en indicadores como el de Transparencia Internacional, en el cual México ha salido mal parado por la falta de instrumentos como la iniciativa que se podría dictaminar en la Cámara de Diputados.

Al grito de arriba la corrupción, algunos legisladores creen defender a algunas empresas que los apoyaron o consideran que todas las iniciativas deben ser fichas de cambio político.

Corruptor-corrompido… y denunciante

La iniciativa fue diseñada desde la Función Pública, a cargo de Salvador Vega, y guarda la lógica de cerrar una pinza: por el lado del corruptor y del corrompido.

Para cerrar dicha pinza la iniciativa para crear la ley anticorrupción en contratos públicos, va de la mano con las adaptaciones a la de responsabilidad de los funcionarios públicos.

Empresas y funcionarios públicos, ninguno se salvaría.

Se trata, por fin, de crear en México un esquema de protección a denunciantes de empresas. Dicho esquema ha funcionado bastante bien en otros países.

Al denunciante se le puede llegar a eximir de hasta 70% de la multa, y desde luego, existe un sistema de protección a denunciantes.

La apoyan empresarios

A las empresas que realicen actos de corrupción comprobados se les sancionaría con hasta 35% del valor de los contratos, o de entrada con 115 millones de pesos.

Son multas que pesan y tienden a ser preventivas.

Lástima que algunos diputados, buscando un interés lejano del público, frenen consensos claros.

Incluso, la iniciativa que sancionaría a las empresas es apoyada, precisamente, por varios organismos empresariales.

Nada menos ayer estuvieron en la Cámara de Diputados varias organizaciones empresariales para apoyar la iniciativa, entre las que se encuentran la Unión Social de Empresarios de México, liderada por Lorenzo Servitje, pero también los industriales de la transformación de la Canacintra o los afianzadores.

Es una pena que el diputado Escudero del Partido Verde no considere que una iniciativa consensuada, por los partidos políticos y los mismos empresarios a quienes afectaría, pueda ser dictaminada y la ponga en la congeladora.

Megamulta a Telcel, el desencuentro

La megamulta por alrededor de mil millones de dólares impuesta por la Comisión Federal de Competencia a Telcel, ya tuvo acuse de recibo: la compañía telefónica niega ser la única que hace paquetes entre sus usuarios (llamadas on-net) y de imponer sus tarifas de interconexión siendo que al final las determina la Cofetel.

Obviamente, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, tiene otra visión.

Para la Comisión Federal de Competencia la presencia de Telcel es tan fuerte que sus paquetes de llamadas entre usuarios se convierten en barreras anticompetitivas, dejando fuera a los demás competidores.

Y va al centro del debate: pide bajar las tarifas de interconexión para no sacar a los competidores de mercado, al hacer que sus llamadas sean más caras que las de los mismos usuarios finales.

Vaya, desde luego Telcel tiene sus argumentos en defender su posición de mercado gracias a su elevado ritmo de inversión, de mil 200 millones de dólares, o en que no es la única que hace paquetes entre sus usuarios. Pero la Cofeco también quiere sacar al sector del estancamiento en el que se ha enfrascado.