Políticos, marchas y violencia

La ausencia de políticos de todos los partidos en las movilizaciones por la paz que esta semana recorrieron una treintena de ciudades del país es sintomático de su lejanía de las calles. Más aún, las marchas contra la violencia se convirtieron en actos de protesta contra la clase política y, particularmente, contra la estrategia oficial de “guerra” contras drogas.

¿Acaso no se sienten con derecho a compartir el dolor de la ciudadanía? o ¿de alguna forma se sienten increpados cuando la sociedad civil llama a tomar las plazas contra la violencia?. Como si su presencia en las calles se limitara a pedir el voto o para escenificar su  lucha por el poder, como si fueran una clase separada de los crímenes que sacuden al país, a pesar de su condición o aspiración de representación popular,  por ningún lado se les vio compartir la indignación que levantó el multihomicidio de Morelos.  Las marchas contra la violencia recogieron el dolor de miles que han perdido a algún familiar entre los cientos de desaparecidos sin identificar, los miles de ejecutados y asesinados en los últimos años de confrontación diaria y permanente entre la policía y las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, pero ningún político se sintió convocado a ellas. ¿Dónde están los políticos, dónde estaban la tarde del miércoles pasado en la Ciudad de México, Cuernavaca, Mérida, Aguascalientes, Juárez o Guanajuato?

Actos de violencia que conmocionan a una sociedad, como los de Morelos, en otros países vuelcan no sólo a los ciudadanos sino también a sus representantes a las calles. Frente al absurdo de la violencia criminal, particularmente la muerte de jóvenes inocentes, dirigentes de todos los signos políticos convergen en la defensa de la vida como valor común y sentido último de su trabajo. El rechazo a la violencia criminal no merece divisiones, como muestra el caso de España.  Ahí políticos de todos los colores han tomado la calle para rechazar la violencia y compartir el dolor por la muerte a manos del terrorismo. ¿Por qué aquí no?, ¿es pudor, vergüenza… desinterés?

La indignación social frente a crímenes bárbaros no pueda serles ajena, pero resienten la movilización civil como un reclamo. Con la expresión del hartazgo se sienten aludidos y en la manifestación de impotencia experimentan culpabilidad por la tragedia. En efecto, la baja calidad de la representación política, la debilidad de las instituciones y el diferenciado acceso a las decisiones políticas, están también detrás de la violencia. Esa parte de la violencia es su responsabilidad y no la atienden.

La separación de las demandas de la ciudadanía respecto de sus representantes, tiene costos no sólo en la eficacia de las políticas públicas. Como vemos en la “guerra” contra las drogas, también refuerza la desigualdad y la violencia. Los llamados contra la violencia caen en saco roto y nadie se siente responsable de rendir cuentas.

 Por eso tampoco extraña que las marchas hayan trascendido el repudio a la  violencia y derivado en actos de rechazo a la actuación de la clase política y a su responsabilidad por la pobreza, en la pérdida de la cohesión social y la erosión de las instituciones que son un dique al uso de la fuerza.

Pero su falta de presencia en éstas, refuerza la idea de que se excluyen de lo que pasa en las calles o, peor aún, que en efecto hay algo que se pudrió de los reflejos de la clase política y que los mantiene presos en sus intereses y alejados de la tragedia. Así lo señaló el poeta Javier Sicilia en su “carta abierta a políticos y criminales”, a los que por igual acusó de desgarrar el tejido del país por sus luchas de poder y el abandono de los códigos de ética al encabezar las marchas tras el asesinato de su hijo.

Los llamados a la clase política para que asuma sus responsabilidades se repiten. La campaña por el “voto en blanco” en 2009 por la falta de representatividad de los partidos, las denuncias constantes de corrupción en las instituciones públicas y la escasa rendición de cuentas como en los abusos a los derechos humanos por las denuncias de miles de asesinatos, maltratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en esta “guerra”.

Pero todos esos llamados se han topado uno tras de otro en alguna forma de autismo y la incapacidad de modificar la perspectiva de cada partido para recuperar el consenso y la unidad que el país necesita frente a la violencia. La “guerra” contra las drogas fue impuesta por el Ejecutivo, pero salir de la violencia es un asunto de emergencia nacional del que nadie puede no sentirse responsable.

*Analista político

jbuendiah@gmail.com