Industria de la muerte

Resulta aterrador, por donde se le quiera ver, que por segunda ocasión en unos cuantos meses se descubra que en San Fernando, Tamaulipas, se debe pagar —literalmente—, por seguir viviendo.

Es decir, que desde el hallazgo macabro de una ejecución masiva contra decenas de indocumentados centroamericanos, las autoridades del municipio de San Fernando, del estado de Tamaulipas y, las federales, sabían de la existencia de una verdadera industria del crimen y la muerte en esa región del país y —por indignante que resulte—, nada hicieron todas esas autoridades, hasta que conocimos la nueva masacre. Y precisamente la mejor prueba de la ineficacia gubernamental, es que el fenómeno está de vuelta, ahora contra viajeros nacionales del servicio de transporte público.

Pero lo verdaderamente aterrador —incluso más que el segundo lote de fosas clandestinas—, es que el fenómeno se repita una y otra vez, sin que los tres órdenes de gobierno puedan —no se diga llevar a prisión a los responsables—, siquiera contener esa industria de la muerte. ¿Quien es responsable de vigilar las carreteras, de la seguridad municipal en San Fernando, y en estados como Tamaulipas?

Está claro que se trata de una grave falla y, sin duda, una imperdonable irresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno; municipal, estatal y federal, que por las razones que sean no han actuado de manera correcta a pesar de que es la segunda “camada de muerte” que se descubre en ese municipio.

Complicidad ciudadana.

Sin embargo, también es cierto que pudiera existir responsabilidad y hasta complicidad entre habitantes de San Fernando y de otros municipios de la región. ¿Por qué? Porque además del elemental sentido común, según especialistas en criminología, una industria del crimen como esa no pasa desapercibida en un pueblo, región o municipio.

Y lo explican de manera didáctica: un crimen se puede ocultar con relativa facilidad; diez crímenes es mucho más difícil mantenerlos en secreto, pero cientos de crímenes, por muy bien organizada que esté la banda criminal que los comete, es prácticamente imposible mantenerlos en secreto.

Es decir, que en el caso de San Fernando, estaríamos ante una fuga masiva de información sobre la identidad de los criminales, sus jefes, la banda completa… ¿Por qué? Porque además de matar, todos los integrantes de la banda criminal tienen familia, hijos, padres hermanos, esposa; todos ellos comen, consumen básicos, visten, tienen que hacer vida social, se divierten, mueven la economía de sus regiones… Por eso la pregunta elemental.

¿De verdad nadie en San Fernando sabe nada? ¿Nadie conoce a los criminales, a los jefes de la banda; nadie sabe, a pesar de los cientos o miles de muertos? ¿A poco nadie podría localizar decenas o centenares de fosas clandestinas? Pero si eso no convence a los incrédulos, acaso los convenza el refranero popular. Dice: “Todo se puede ocultar, menos el dinero y lo pendejo”. Es decir, ¿a donde va a parar el dinero producto de las extorsiones? ¿A poco no se derrama en San Fernando? Está claro que se trata de una industria del crimen y de la muerte.

Y es que el asesinato de cientos de personas en San Fernando, Tamaulipas, —en dos eventos mataron a 130 personas—, nos habla más que de una industria regional del crimen, que vive del asesinato masivo de personas, que por su naturaleza no puede ser ajena a distintos sectores de la población en donde se ejerce el “negocio de la muerte” —incluida la autoridad—, y que por eso opera impune.

¿Si pagas, vives; si no, mueres?

¿Cómo funciona es industria? Todo está dicho, antes, durante y después de la matanza de indocumentados. Y todo se dirá ahora y después del hallazgo de 72 cuerpos. Los criminales instalan retenes en las carreteras federales. Detienen a todo aquel que les puede reportar ganancias. Una vez seleccionados los más rentables, llaman a la familia, piden dinero por su rescate, y los liberan cuando se ha pagado éste. Otros pagan su libertad con lo que llevan; dinero o vehículos, o siendo enganchados. Los que no tienen quien pague cinco o diez mil pesos por sus vidas, son asesinados.

Cuántos miserables no tienen ni un teléfono donde localizar a sus familias; cuántos no tienen forma de comunicarse para pagar el rescate; cuántos no aceptan ser sicarios… todos los que no son rentables, son carne de fosa clandestina. Por eso se puede aventurar que, en San Fernando y municipios aledaños, la industria de la muerte pudiera reportar el asesinato no de cientos, sino de miles de personas.

Lo irracional del hecho —sólo explicable por una patología criminal—, es que los asesinos condenan a muerte a todo aquel que no reporta beneficio económico a su causa, a su negocio, como si sólo valiera la vida humana de  aquellos que tienen dinero o bienes para pagar por ella y seguir su camino, claro, con vida.

Pero aún no se responde otra pegunta fundamental. ¿Por qué en estados como el de Tamaulipas, incuban industrias como la del crimen y la muerte, sin que los gobiernos estatales y municipales puedan hacer algo?

Gobernadores nini.

La respuesta, también resulta aterradora, a pesar de que partidos y políticos lo niegan. ¿Por qué? Porque desde el fin de la hegemonía del PRI en el poder presidencial, los gobiernos estatales se trasformaron de vulgares virreinatos, a poderosos feudos, donde el respectivo señor feudal hace y deshace, manda sobre las vidas y los bienes, y en donde esos gobernantes todopoderosos se dan el lujo de declarar “personas non gratas” a sus adversarios políticos —como el caso del ñoño gobernador de Veracruz—, pero que se hacen de la vista gorda cuando se trata de combatir el narcotráfico.

Pero acaso el ejemplo más aterrador de los gobernadores nini —que ni gobiernan, ni mandan, ni combaten el crimen y menos el narco—, es justo el del gobernador de Tamaulipas. Todos saben que el inepto gobernador de Tamaulipas Egidio Torre, llegó al cargo no por méritos, habilidades, cualidades o destrezas, sino porque los criminales mataron a su hermano. Es decir, llegó por lástima. Y claro, ahora da lástima. Y es que los criminales consiguieron su objetivo, porque en los hechos, en Tamaulipas no hay gobiernos estatal, y menos gobiernos municipales. Al tiempo.

En el camino.

Por sus obras los conoceréis. ¿Y que tal el fracaso, la farsa y la burla en que terminó la Universidad del DF, creada por AMLO?.  Dice su propia rectora que es “un fraude”. ¡Ejemplo de eficacia! ¿Qué tiene que ocurrir para que abran los ojos y se atrevan a ver al farsante?