Una nota de mi compañera de esta casa, Lilian Hernández, me hizo pensar que ya no hay espacios sociales libres de la influencia del narcotráfico. Ella entrevistó a los rectores de las universidades autónomas de Guerrero y San Luis Potosí, quienes confirmaron lo que es un secreto a viva voz: las autoridades universitarias carecen de personal calificado para detectar y combatir al narcomenudeo; además de que sus funciones como rectores no incluyen tareas policiacas (Excélsior, 24 de abril).
En realidad el problema es complejo. Los tentáculos del crimen organizados se cuelan por cualquier resquicio, atrapan en sus redes como consumidores a jóvenes de carácter débil o para distribuidores (y también como clientes) a chavos que buscan el dinero fácil y rápido. Las universidades son tan vulnerables como las otras escuelas y no hay manera fácil de prevenir su entrada ni descubrir a los traficantes y menos de sancionarlos. Parece un callejón sin salida.
Alguien dirá que la historia no es nueva, que la circulación de drogas, en especial de la mariguana y ciertas anfetaminas, eran cosa común en los años 60, que eran parte de la “cultura hippie” o de los nerds, que se empujaban sus pingas de bencedrina (que se conseguían en cualquier farmacia) para aguantar despiertos jornadas de estudio largas, otros las consumían nada más por pose o para resistir más tiempo tomando licor o cerveza (que no era tan condenado por la sociedad). Pero era un asunto de minorías de veras pequeñas.
Quizás las autoridades educativas de aquellos años consideraban que el asunto era marginal, que ni siquiera valía la pena reprimir a los distribuidores mientras las fuerzas del orden público se hacían de la vista gorda. En algunas partes, los mismos policías y el personal adscrito a las agencias del Ministerio Público federal eran los capos que controlaban la circulación de mariguana. Ciertos policías judiciales eran conocidos como madrinas de narcos.
Tal vez hoy todavía sea una minoría de estudiantes los enrolados en el consumo de drogas, pero la escala se ha multiplicado; ya se trata de un problema mayor. Y es poco lo que hacen las instituciones del Estado para frenar esa expansión.
No estoy en contra de la guerra contra el crimen organizado que emprendió el presidente Calderón, pero al apretar nada más por la vía policiaca (utilizando al Ejército y a la Armada de México), no abrazó otros flancos; es una estrategia corta de miras. Los políticos que critican la “cruzada” del Presidente no ofrecen otras alternativas, evaden la discusión seria de los problemas o le achacan el crecimiento del narco a la pobreza (por cierto, esa postura de echarle la culpa a los pobres me causa cierto escozor). En ese asunto, pienso que el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, tiene razón al señalar que hay dignidad entre los pobres y que quienes se enganchan en el tráfico o el consumo de drogas toman una decisión moral.
No hay muchas opciones para frenar el crecimiento del narcomenudeo. El programa de Escuela Segura, según los informes de la SEP, funciona con cierta eficacia en las zonas de mayor conflicto y violencia criminal, no es un simple paliativo; pero resulta insuficiente. Se necesita algo más, de mayor alcance y profundidad, con una participación social abundante y decidida.
El asunto, se me dirá, es el cómo. No pienso que alguien tenga la solución completa ni la verdad. Lo que urge es un gran debate nacional sobre los males del narcotráfico, acerca de la búsqueda de estrategias consensuadas para su combate entre las fuerzas políticas y las organizaciones sociales ya constituidas. Pero se necesita un diálogo franco y abierto, donde se coloquen en el tapete las dudas y, como dice Fernando Savater, ponerse entre paréntesis uno mismo, no pensar en tácticas para convencer al vecino de nuestra verdad, así el parlamento no avanza. “Todos debemos acercarnos al diálogo sin estar seguros de que somos de los nuestros, que es la única forma de ponerse de acuerdo con los demás” (en Este País, Núm. 230, junio de 2010).
El problema de drogadicción entre los jóvenes en general, no sólo entre los estudiantes, dejó de ser marginal y, si no lo frenamos pronto y radicalmente, la nación estará en riesgo. Y tienen razón los rectores, ellos no son policías.
*Académico de la UAM