La productividad, el gran desafío de la economía mexicana

El debate sobre el aumento al salario mínimo y la ruta hacia la jornada de 40 horas parte de una aspiración legítima. Mejor ingreso y más tiempo para vivir. La cuestión decisiva es cómo sostener esos avances sin frenar inversión, empleo formal y competitividad. La respuesta, incómoda pero ineludible, es productividad, producir más valor por cada hora trabajada.

El INEGI permite arrancar por lo fundamental. Una cosa es crecer por acumulación de factores y otra es crecer por eficiencia. En 2024, la suma de las contribuciones de los insumos, capital, trabajo, energía, materiales y servicios creció 1.11 %. Pero el volumen de la producción avanzó solo 0.76 %. Esa brecha de 0.35 puntos es, precisamente, la caída de la Productividad Total de los Factores. Dicho en claro, el sistema requirió más insumos para obtener menos crecimiento, por eso la eficiencia agregada se deterioró. 

Este matiz importa aún más por el contexto. El crecimiento de 0.76 por ciento en 2024 fue de los más bajos registrados y suele aparecer en años asociados con recesiones. También destaca la contribución negativa de los materiales, que solo suele verse en esos mismos episodios. Y el trabajo aportó -0.05, rompiendo la trayectoria de recuperación posterior a la pandemia. Lo que evitó una caída mayor fue el capital, con 1.14 puntos porcentuales. El problema es que depender de acumular capital sin elevar eficiencia es insostenible en el tiempo. 

Conviene precisar el sentido de los signos. En esta contabilidad, cada renglón refleja cambios en el uso de insumos, no una calificación de virtudes. La pregunta relevante es por qué ocurre esa disminución. Es virtuosa cuando obedece a procesos de automatización, reorganización, mejor gestión, digitalización, aprendizaje o sustitución eficiente. En esos casos suele observarse que el producto se sostiene o crece con menos insumos y que la eficiencia mejora. Cuando la eficiencia no acompaña, el dato apunta a fricciones, costos y rigideces que impiden convertir insumos en valor.

En este punto hay otra precisión necesaria. No se trata solo de cuánto capital se acumula, sino de qué tan moderno y productivo es ese capital y de si el trabajo tiene las capacidades para aprovecharlo.

La educación aparece aquí como variable decisiva. En 2024 el desglose del trabajo por escolaridad muestra que la escolaridad no se está transformando en habilidades productivas a gran escala. Si queremos sostener mejores salarios y jornadas más cortas, la capacitación técnica y digital debe tratarse como política económica. Formación dual, certificaciones, reconversión en el puesto y estándares sectoriales de habilidades son el puente entre derechos laborales y competitividad.

Este desafío no nace en un año ni en un sexenio. El propio INEGI lo confirma. En su serie de largo plazo, entre 1991 y 2024, el promedio anual de la PTF en México es negativo, de -0.51 por ciento. Es decir, el problema no es coyuntural, es estructural y acumulado. Hemos crecido, con frecuencia, más por sumar insumos que por volverlos más eficientes. 

Con este marco, el vínculo con salario mínimo y 40 horas es directo. El aumento salarial es justo y la reducción de jornada puede ser una modernización necesaria, pero ambos descansan sobre una condición material. Si el valor producido por hora no crece, el ajuste se traslada a precios, recorta márgenes, frena inversión o empuja a la informalidad. El impacto se concentrará en micro y pequeñas empresas, que operan con caja limitada y enfrentan costos adicionales por inseguridad, trámites, energía y logística. Por ello, la transición debe ser gradual, sectorial y medible, con pilotos por industria, metas de productividad y simplificación regulatoria verificable.

Tampoco puede ignorar el costo total de la formalidad. Para miles de pequeñas empresas, el problema no es la voluntad, es la suma de cargas no salariales que encarecen cada puesto y reducen margen para invertir y capacitar. Si el país quiere mejores sueldos y jornadas más cortas, necesita incentivos fiscales ambiciosos que hagan viable contratar y permanecer formal. Menor impuesto a la nómina o su acreditamiento condicionado, deducciones más amplias para capacitación y tecnología, y estímulos a la inversión productiva son instrumentos para proteger empleo formal. Y deben diseñarse con una lógica pro - formalidad, con reglas claras, metas verificables y un combate real a la competencia desleal.

La inversión es la palanca maestra. Sin certeza jurídica, permisos ágiles y respeto a los contratos, el capital se detiene y con él se frena el cambio tecnológico. Hoy, además, el cambio tecnológico tiene en la inteligencia artificial un acelerador evidente. Ya eleva productividad en manufacturas avanzadas, logística y servicios financieros, la adopción es ya un factor de competitividad. Pero su efecto masivo depende de talento, datos, ciberseguridad y financiamiento para PyMEs. Tecnología sin capacitación se queda en piloto. Con capacitación se vuelve multiplicador y abre espacio real para mejores salarios, empleos y jornadas más cortas.

México tiene una ventana de oportunidad que podemos traducir con un pacto de productividad que conecte política laboral, inversión, educación, incentivos fiscales y tecnología, y que mida resultados. Si fortalecemos ese puente, el bienestar será sostenible y la formalidad crecerá. Si lo ignoramos, una buena intención puede terminar en inflación, informalidad y pérdida de competitividad.