Dan por cerrada reconstrucción... con pendientes; gobierno destinó 35,200 mdp desde 2019

A cinco años de los sismos que dejaron graves daños en 887 municipios de diez estados, por instrucción presidencial el Programa Nacional de Reconstrucción cerrará este 2022.

En entrevista con Excélsior, Edna Vega Rangel, coordinadora de la estrategia, explicó que las acciones en educación y salud que están en proceso concluirán este año. Sin embargo, para 2023 quedarán pendientes en cultura, donde los proyectos son más complejos. Por ejemplo, para rehabilitar algunos templos y el Palacio Municipal de Juchitán, Oaxaca, se requieren 300 millones de pesos.

La también subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu detalló que hay un pendiente de 600 millones de pesos en vivienda para atender casos complicados, aunque ya se tienen todos los estudios para iniciar el próximo año. Es el caso de la reconstrucción de la Unidad Habitacional Tepozanes, ubicada en una zona de riesgo en Los Reyes La Paz, Edomex.

Vega Rangel reconoció que los seis años dedicados a la reconstrucción es mucho tiempo para los damnificados, aunque menos de lo que tomó rehabilitar lo dañado que dejó el terremoto registrado el 19 de septiembre de 1985.

Indicó que entre 2019 y 2022 se invirtieron 35 mil 200 millones de pesos en 69 mil 437 acciones, la mayoría concentradas en Oaxaca, Chiapas y Puebla.

Agregó que a lo largo de estos años, la mayor parte de las escuelas dañadas fueron reconstruidas, y sólo hay dos o tres planteles que tuvieron que ser reubicados porque se privilegió mantenerlos en el mismo lugar por razones de identidad y cercanía para las familias.

Por arreglar

• Se necesitan 300 mdp para templos y el Palacio Municipal de Juchitán, Oaxaca.
• 900 alumnos de una secundaria en Pichucalco, Chiapas continúan sin aulas.
• Dos de las iglesias más representativas del centro de Tlaxcala siguen con daños.

Concluyen reconstrucción con pendientes; tras 5 años de los sismos

Quedan remanentes, principalmente en vivienda, educación y salud, debido a la complejidad y falta de recursos para la rehabilitación; de 2019 a 2022, se han impulsado 69 mil 437 acciones, destaca la subsecretaria de la Sedatu.

El Programa Nacional de Reconstrucción cerrará a finales de 2022, por instrucción presidencial, cinco años después de los sismos de 2017, que dejaron graves daños en 10 entidades federativas y 887 municipios del país, anunció Edna Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu.

En entrevista con Excélsior, explicó que las acciones de vivienda, educación y sobre todo de salud, que están en proceso concluirán este año y para 2023, sólo quedarán algunos remanentes en cultura, donde los proyectos son más complejos, y se requieren 300 millones de pesos extra para la rehabilitación de algunos templos y el Palacio Municipal de Juchitán, Oaxaca, por ejemplo.

Detalló que además hay un pendiente de 600 millones de pesos en vivienda, para atender casos que resultaron muy complicados, donde ya se tienen todos los estudios para iniciar el próximo año, como es la reconstrucción de la Unidad Habitacional Tepozanes, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, ubicada en una zona de riesgo.

“El Programa Nacional de Reconstrucción cierra en los campos de educación y de salud; en los campos de vivienda y de cultura se está avanzando en una lógica de cerrar ya el próximo año”, manifestó.

La doctora en Sociología, con especialidad en Sociedad y Territorio, quien asumió también el pasado mes de junio la coordinación del Programa Nacional de Reconstrucción, luego del fallecimiento de David Cervantes Peredo, destacó que, de 2019 a 2022, se han impulsado

69 mil 437 acciones en los cuatros sectores: educación, cultura, salud y vivienda, con una inversión total de 35 mil 200 millones de pesos.

Informó que Oaxaca es el estado donde se realizaron más acciones con 21 mil 368, por un monto de 8 mil 200 millones de pesos; seguida por Chiapas, con 16 mil 432 acciones y 4 mil 290 millones de pesos, y en tercer lugar, Puebla, con 12 mil 951 acciones y 6 mil 500 millones de pesos.

En la lista le siguen Morelos, Guerrero, el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México.

Edna Vega Rangel puntualizó que las acciones que arrancarán, en lo que resta de 2022 son: cuatro de educación, 17 de salud, 307 de cultura y 2 mil 171 de vivienda.

Agregó que a lo largo de estos años, la mayoría de las escuelas dañadas fueron reconstruidas, y sólo hay dos o tres planteles que tuvieron que ser reubicados, porque se privilegió mantenerlos en el mismo lugar por razones de identidad y cercanía para las familias.

Dijo que en el caso de vivienda, no superaron las mil construcciones que tuvieron que ser reubicadas, por encontrarse en zonas de alto riesgo en Oaxaca y Chiapas, principalmente, ya que estaban cerca de laderas de ríos o arroyos, así como en zonas de deslave.

Mucho tiempo

La subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu reconoció que cinco años que se convertirán en seis para la reconstrucción, "es demasiado tiempo para los damnificados, pero si nos vamos a la experiencia del 85, la verdad es que tomó menos años, tal vez justamente por la experiencia que tuvimos en México tras el terremoto de 1985”, donde seguían apareciendo casos 10 o 15 años después de la tragedia.

Acotó que, entre 2017 y 2018, la atención se dio a través del entonces Fonden, con el levantamiento muy superficial de un censo de daños y la entrega de una tarjeta bancaria, donde se depositó dinero, —aunque no en todos los casos—, dependiendo la clasificación de afectaciones en el inmueble: menor, medio o pérdida total.

“El principal problema del programa al que nos enfrentamos en territorio fue que localidades completas no habían sido diagnosticadas, y las que habían sido diagnosticadas tenían información contradictoria o incompleta”, manifestó.

Subrayó que en cuestiones legales, había muchas viviendas que no tenían documentación que acreditara, “ya no la propiedad, sino la posesión legítima”, y hubo casos en que las viviendas rentadas que resultaron dañadas eran desalojadas por los propietarios, ante la posibilidad de reconstruirlas, lo que generó un fenómeno social con los inquilinos, difícil de manejar.

Edna Vega Rangel indicó que, aunque en términos generales la sensibilidad, honestidad y transparencia de las personas beneficiarias del Programa Nacional de Reconstrucción estuvo siempre presente, también hubo quienes quisieron abusar, como dueños de cuatro o cinco inmuebles que pretendían obtener el apoyo para cada una de sus propiedades.

Comentó que además hubo personas que pedían el recurso y cuando acudían a verificar al terreno, no había ninguna construcción o la vivienda estaba dañada, pero no por los sismos, sino por la falta de mantenimiento.

Los apoyos fueron entregados directamente a los beneficiarios, sin embargo, en lugares apartados, mediante un organismo ejecutor.

Uno de los principales problemas es que hubo localidades que no fueron diagnosticadas con daños y otras tenían datos contradictorios.

Entrega de apoyos

La coordinadora nacional para la reconstrucción reveló que los recursos para vivienda se entregaron directamente a los beneficiarios, sin intermediarios, en una tarjeta de débito con 40 por ciento del dinero disponible y 60 por ciento bloqueado, que se liberaba conforme avanzaba la obra.

Señaló que del subsidio que iba de 50 mil pesos hasta 500 mil pesos, en casos extremos donde los trabajos incluían muros de contención o medidas de mitigación para evitar riesgos, era requisito destinar el siete por ciento del presupuesto para el pago de asistencia técnica.

Precisó que en los lugares más apartados o de difícil acceso, se creó la figura de organismo ejecutor, que eran pequeñas empresas que recibían los recursos y tenían capacidad para llevar mano de obra y administrar los materiales.

Cuando se trataba de acciones de salud o cultura, el gasto se coordinaba con gobiernos estatales o municipales, así como instituciones federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o la Secretaría de Salud.

Para las acciones en escuelas, se dio la posibilidad de que los propios padres de familia que formaban parte de la mesa directiva pudieran administrar el presupuesto.

La doctora Vega Rangel agregó que la inversión más alta en una obra de reconstrucción se dio en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde los trabajos costaron 44.6 millones de pesos.

En el kínder Venustiano Carranza, en el barrio Tepeyac, en Cintalapa, Chiapas, los menores toman clase en vía pública. Foto: Gaspar Romero

Hay 86 escuelas que mantienen deterioro en Chiapas

Pese a contar con dictámenes de daño estructural, fueron abandonadas; alumnos toman clases en la calle.

Gaspar Romero/ Corresponsal

TUXTLA GUTIÉRREZ.— Unos 900 alumnos de la escuela secundaria general, Bicentenario de la Independencia Nacional, ubicada en el municipio de Pichucalco y el kínder Venustiano Carranza, ubicado en el barrio Tepeyac de la cabecera municipal de Cintalapa aún no cuentan con aulas correspondientes, tras el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Ambos planteles forman parte de las 86 escuelas declaradas con daño total a causa del terremoto de 8.4 de magnitud, ocurrido hace cinco años y que se sintió en la totalidad de la geografía chiapaneca.

Aunque el reporte indicó que se trataron de más de mil 500 escuelas de diversos niveles, las cuales a la fecha fueron atendidas.

Sin embargo, éstas, desde el gobierno de Manuel Velasco fueron abandonadas, pese al dictamen de Protección Civil por los daños estructurales que sufrió cada plantel, pero ahora que regresan a clases presenciales los alumnos no pueden tener acceso.

En el caso de kínder, las maestras han tenido que desarrollar sus clases en la vía pública; y en el caso de la secundaria, los profesores decidieron viajar desde Pichucalco hasta Tuxtla Gutiérrez para buscar a las autoridades y exponer la problemática ante el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas. Por lo anterios están a la espera de una respuesta para el proceso de remodelación del inmueble, en tanto seguirán afuera de las aulas recibiendo clases los alumnos.

El director de la secundaria General Bicentenario de la Independencia Nacional, Romeo Sánchez Vázquez, dio a conocer que hasta el momento los afectados son alrededor de 900 alumnos.

Los dos años de la pandemia favorecieron a la comunidad estudiantil, debido a que no contaban con clases presenciales y todos los alumnos recibieron clases en línea, sin embargo, para el actual ciclo escolar 2022-2023, 100% del alumnado regresó a las aulas y no pueden recibir clases en el patio.

Posterior al terremoto de 2017, el inmueble fue censado por los daños estructurales y por recomendación de las autoridades de Protección Civil no ingresan a las aulas, pues las cuarteaduras son evidentes y en otros casos hay hundimiento de las paredes.

Las autoridades del plantel informaron que están a la espera de que en los próximos días reciban la visita de expertos de Protección Civil.

Ante esta situación, se decidió no utilizar las instalaciones del plantel y ya trabajan en un plan emergente para atender la educación de los menores.

En la cabecera municipal de Cintalapa, las maestras del kínder, Venustiano Carranza sacaron a los infantes a las calles para recibir clases, porque desde el sexenio pasado les prometieron la remodelación y ésta no ha llegado. Fue el entonces gobernador Manuel Velasco quien les aseguró que sería remodelado, señalaron.

A 5 años de este suceso, en el preescolar Venustiano Carranza la situación escolar no volvió a ser la misma. Personal de protección realizó la evaluación de daños y ante el nivel de afectación tuvo que ser evacuado y desde entonces no reciben clases dentro del plantel.

Ante esta situación, las autoridades de emergencia determinaron que el preescolar Venustiano Carranza, ubicado en el barrio Tepeyac no contaba con las condiciones adecuadas para seguir impartiendo clases en las aulas, por lo que maestros tuvieron que suspender actividades y buscar soluciones para que se siguiera con los ciclos escolares siguientes.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la entidad se han registrado 2 mil 136 movimiento telúricos, de enero a la fecha, y para el próximo 19 de septiembre se convocó al macrosimulacro para crear conciencia preventiva entre las familias.

La Basílica de Ocotlán, en Tlaxcala, es una de las que mantiene daños por los sismos. Foto: Especial.

Iglesias e inmuebles históricos resienten afectaciones por 19S 

Miriam Bueno/ Corresponsal

TLAXCALA.— A cinco años del sismo del 19 de septiembre del 2017, de magnitud 7.1 Tlaxcala, aún conserva la huella de las afectaciones en algunas iglesias e inmuebles.

Las mayores afectaciones se registraron en dos de las iglesias más representativas del centro histórico de la capital, la parroquia de San José, la Basílica de Ocotlán y en el Hospital General también ubicado en la ciudad.

La Iglesia de San José es la que presentó un daño mayor, la cúpula  se desprendió dejando y parte de la fachada. Por lo que el templo tuvo que ser cerrado y el área acordonada,

La parroquia de San José data del siglo XVII, su estilo es barroco, novohispano y neoclásico, y fue construida con materiales de ladrillo y azulejos.

Desde el sismo personal de la INAH ha realizado trabajos de restauración y esperan que este año los trabajos queden concluidos, se cree que en 2023  el templo pueda ser reabierto para que los católicos puedan visitar el templo.

La basílica de Ocotlán es otra de las iglesias que también se vieron afectadas, en este templo los mayores daños se registraron en sus torres que presentaron cuarteaduras.

Esta basílica fue construida entre 1760 y 1790, es considerada como una de las máximas expresiones del arte barroco churrigueresco, fue construida por manos indígenas y la asesoría de los españoles .

El templo es uno de los más emblemáticos del estado de Tlaxcala, es un referente por su arte barroco y uno de los más visitados y admirados por los visitantes.

Y aunque no tuvo que cerrar sus puertas fueron colocados andamios en la parte exterior para iniciar los trabajos del personal del INAH, quienes desde ese entonces no han dejado de trabajar en restaurar las torres del templo.

El hospital General, ubicado en la capital del estado, fue en el que se registró la mayor movilización, ya que después del sismo en el hospital se detectó una fuga de gas y más de 100 pacientes tuvieron que ser evacuados de todas las áreas desde cuneros hasta emergencias.

Los pacientes tuvieron que ser trasladados a otros hospitales y clínicas del sector salud, mientras un número considerable permanencia en la vía pública en camillas y algunos con oxígeno y suero.

Elementos de Protección Civil, Policía estatal, municipal y del Ejército, pusieron en marcha el Plan DN-III ayudaron en todas las labores de traslado en el hospital.