Logo de Excélsior                                                        
Nacional

Sentencia de 29 años de cárcel por caso ABC

La Judicatura confirma la sentencia del juez Primero de Distrito con sede en Hermosillo, quien absuelve a socios de la guardería y a trabajadoras del IMSS

Daniel Sánchez Dórame y Raúl Flores | 15-05-2016

HERMOSILLO.

Raúl Martínez Martínez, juez Primero de Distrito con sede en esta capital, dictó sentencias de 20 a 29 años de prisión, sin derecho a fianza, en contra de 21 implicados en la tragedia de la guardería ABC, donde el 5 de junio de 2009 perdieron la vida 49 bebés y más de 70 resultaron heridos en un incendio.

La noche del viernes, a las 22:00 horas, se inició la notificación de las sentencias que fincan responsabilidad penal, con lo cual concluye la primera instancia del caso.

Gabriel Alvarado Serrano, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños,  consideró que ninguno de los inculpados irá aún a prisión, porque el juez estableció que el incendio fue accidental y clasificó los delitos como culposos; adicionalmente, dijo, faltan las apelaciones y que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores.

Actualmente sólo uno de los sentenciados está en prisión. Se trata de César Arturo Leyva Lizárraga, exdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora cuando la tragedia. Está preso en un penal de Guadalajara, Jalisco, por intentar evadirse de la justicia y salir de Sonora cuando se desarrollaba el juicio en su contra.

En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó de la sentencia contra los 21 inculpados, entre personal del Departamento de Bomberos, funcionarios de los tres órdenes de gobierno y dos de los socios de la estancia subrogada por el IMSS.

“Por considerarse penalmente responsables en la comisión de los delitos de homicidio por culpa, previsto y sancionado en los artículo 302 y 307, en relación con el 60, todos del Código Penal Federal, cometido en agravio de 49 menores de edad, y de lesiones por culpa, previsto y sancionado por los artículos 288, 289 segunda parte, 290, 291, 292 primero y segundo párrafo, y 293, en relación con el 60, todos del citado ordenamiento legal, cometido en agravio de 38 menores de edad y cinco adultos”, dicta el boletín del CJF.

En la sentencia también se absuelve de responsabilidad penal a Delia Botello Amante, Irma Díaz Gómez y Yadira Barrera, coordinadoras zonales de guarderías del IMSS cuando sobrevino la tragedia.

Además, se excluye a los socios Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y Gildardo Francisco Urquídes Serrano, quienes ya habían sido exonerados por un tribunal colegiado que consideró que éstos sólo eran socios capitalistas de la Guardería ABC.

No se sacia la sed de justicia de padres: abogado

Las sentencias dictadas en contra de 21 inculpados en el caso de la Guardería ABC, donde murieron 49 menores, no colman el ansia de justicia de un grupo de padres de las víctimas de la mayor tragedia infantil en la historia de México, quienes esperan los resultados de las nuevas líneas de investigación que indaga la PGR.

Así lo consideró Gabriel Alvarado Serrano, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, que representa a un grupo de sobrevivientes del incendio.

“Estas sentencias son una parte del renglón de justicia que tenía que ocurrir de acuerdo con el procedimiento penal, pero no colman ni dan cobertura al reclamo, porque el principal afán del grupo que yo represento es que la PGR, a través de sus peritajes, logre establecer las causas del incendio.

“Porque mientras no se logre establecer la causa no se podrá fijar la responsabilidad”, declaró Alvarado.

El representante legal afirmó que el próximo martes en la Ciudad de México se reunirá con la procuradora Arely Gómez González, para conocer los avances de las investigaciones, y aseguró que esperan que antes del 5 junio, al cumplirse siete años de la tragedia, lleguen buenas noticias para los deudos de las víctimas del ABC.

El grupo Manos Unidas por Nuestros Hijos sostiene que el incendio de la Guardería ABC fue intencional, provocado por funcionarios del exgobernador Eduardo Bours, quienes querían destruir documentación sobre una supuesta deuda pública.

 

Te recomendamos

Tags

Comparte en Redes Sociales