Jóvenes, carne de cañón del crimen, alertan

El largo tiempo que pasan los jóvenes mexicanos en las cárceles, en espera de sentencia, potencializa su integración al crimen organizado que domina los penales

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Foto:Cuartoscuro
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CIUDAD DE MÉXICO.

El largo tiempo que pasan en custodia los adolescentes mexicanos acusados de algún delito —desde que son capturados hasta su sentencia, lo cual puede durar meses o más de un año— potencializa su integración al crimen organizado que domina los penales, aumenta su aprendizaje de nuevos delitos y escala su nivel de agresividad y violencia.

Así lo muestra el análisis de la consultora InSight Crime sobre un reporte del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, (CIDAC) sobre los delincuentes juveniles en México.

La investigación revela deficiencias y abusos a los derechos humanos en los centros de detención juvenil, lo cual sugiere que el sistema criminaliza en lugar de rehabilitarlos.

La conclusión es temeraria: las fallas en el sistema de justicia para adolescentes han exacerbado el alza del crimen juvenil en México.

El CIDAC establece que si se violan las garantías procesales de los menores infractores (...) las mismas instituciones diseñadas para atender sus particularidades estarían vulnerándolos y victimizándolos.

El informe Justicia para adolescentes en México se basa en datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y de cuestionarios respondidos por 167 menores detenidos en Durango y Baja California.

El lento proceso judicial en México implica que muchos jóvenes son tenidos en custodia durante meses antes de recibir una sentencia. En Durango, por ejemplo, 100% de los entrevistados había estado en la cárcel durante su proceso legal y 93% en Baja California. La mayoría, alrededor de 65%, fueron retenidos entre uno y seis meses antes de recibir sentencia, mientras que entre 3% y 4% estuvieron detenidos más de un año.

Los delitos más comunes de los jóvenes procesados por la Procuraduría en 2014, indica CIDAC, implicaron cargos por lesiones personales, robo, daño a propiedad y narcomenudeo.

La mayoría de los 46 mil 849 menores acusados de los que se reportó edad tenían entre 17 y 18 años (12 mil 272 personas) en su primer contacto con la justicia; pero 801 tenían 12 años, mil 612 tenían 13 años; tres mil 532, 14 años. De 15 años se reportaron siete mil 626 inculpados y de 16 años, ocho mil 739.

El informe revela que muchos son reincidentes, con índices de hasta 62% en Baja California y 41% en Durango.

El informe, publicado la semana pasada, exhibe las carencias institucionales de atención a delincuentes menores en México. El país, dice, tiene una capacidad carcelaria para ocho mil 256 menores infractores; 65% para ya condenados y 29% espera sentencia. Por ley, el resto debe ser recluido aparte.

InSight Crime afirma que, debido a las malas condiciones de los centros de reclusión para menores y que conviven con criminales y pandilleros ya curtidos, los adolescentes tienen más probabilidades de convertir el delito en una opción real de supervivencia dentro y fuera de las cárceles: una verdadera universidad del crimen en potencia.

Tales condiciones, alerta la consultora, misma que ha hecho diversos análisis para el Departamento de Estado de EU, entre otros clientes, tienen el potencial de criminalizar aún más a los jóvenes infractores mexicanos y de convertirlos en criminales más peligrosos, preocupación especialmente grave dada la tendencia en alza del crimen juvenil en México.

Esculcan a reclusos en Michoacán

 

Autoridades de Michoacán catearon el Cereso David Franco Rodríguez y el Centro de Alto Impacto número 1, con el fin de evitar, por parte de los reos, el uso de armas o drogas. Foto: Miguel García Tinoco

El Cereso David Franco Rodríguez y el Centro de Alto Impacto número 1 fueron revisados como parte de un operativo para evitar la posesión de objetos prohibidos dentro de los penales.

El operativo, en el que participaron elementos de la Procuraduría estatal, SSP, PF y militares inició después de las 22:00 horas del viernes pasado.

Autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos participaron en las revisiones en los dormitorios de ambos centros penitenciarios.

Se buscaron objetos o sustancias prohibidas; sin embargo, tras varias horas de revisión no se localizó nada que pusiera en riesgo la convivencia en el interior de los penales o que infringieran la ley, según informaron las autoridades estatales.

Con periodicidad se realizan cateos en los 11 centros penitenciarios con que cuenta el estado, para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.

Miguel García Tinoco

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