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Nacional

CNDH, cara y poco efectiva: expertos

Tres de cada diez pesos son utilizados para la investigación de abusos en contra de los ciudadanos; de cada 100 quejas que se presentan, en promedio, sólo una termina en recomendación, de acuerdo con especialistas

Laura Toribio, Fernando Pérez Corona, Emmanuel Rincón, Arturo Salinas, Miguel García Tinoco y Jorge Vázquez | 26-07-2015

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio.- Proteger los derechos humanos en el país resulta caro y es poco efectivo, según expertos. En términos absolutos, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una de las más caras del mundo, por encima de las de Perú, Holanda, Australia o Guatemala.

En los últimos años, sin embargo, ha adoptado una actitud “políticamente correcta” ante las autoridades, abdicando así a proteger y promover efectivamente las garantías de los mexicanos en medio de la peor crisis de derechos humanos que se enfrenta en el país, coincidieron especialistas consultados por Excélsior.

Encima de ello, de cada diez pesos del presupuesto de la CNDH, siete se van sólo para el pago de sueldos, mientras que tres se utilizan para la investigación de abusos en contra de los ciudadanos.

Esto deriva, por ejemplo, en que de cada 100 quejas que se presentan, en promedio, sólo una termina en recomendación.

Para 2015, el presupuesto de la CNDH asciende a mil 465.9 millones de pesos, es decir, 576.3 millones de pesos más que en 2010 cuando recibió 889.6 millones de pesos y 48.7 millones más respecto de 2014.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el programa de la CNDH, con el mayor presupuesto para este año, es el que se encarga de solucionar expedientes de las presuntas violaciones a los derechos humanos, con un total de 423.8 millones de pesos.

A pesar de dicho incremento, los especialistas advierten que los resultados no son acordes con el dinero que recibe para cumplir su mandato de proteger, promover y divulgar los derechos humanos y brindar servicios de apoyo eficientes y oportunos.

“Hay que reorganizar, priorizar y redistribuir el presupuesto. Evidentemente en una situación de crisis, como en la que estamos ahora, hay mucho para poderlo ejercerlo en función de lo que necesitamos los mexicanos, porque la realidad es que lo que hoy se ocupa para efectivamente trabajar la protección y promoción de los derechos humanos no superar ni 50% del presupuesto”, criticó Miguel Moguel, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 

Simulación

Para Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los derechos humanos para todas y todos”, el continuo incremento del presupuesto de la CNDH sólo ha servido para la simulación.

“El presupuesto ha tenido un incremento de 62% a partir de 2010 a la fecha; sin embargo, del conjunto de las quejas que se presentan, sólo el 1% se convierten luego en recomendación y lo grave es que después no se le da seguimiento a la recomendación; entonces me parece muy curioso que el porcentaje de recomendaciones que hace la CNDH contraste con el porcentaje de impunidad que existe en el país, que es de 98%. Notamos entonces que este incremento en el presupuesto pareciera que conviene más a los intereses de una institución, pero no tiene implicaciones en la investigación y la sanción de las violaciones a los derechos humanos en un momento en el que atravesamos por la peor crisis de los derechos humanos al estar prácticamente en guerra en algunas regiones del país”. advirtió Ríos Martínez.

Y si eso pasa con la CNDH la situación con las comisiones de derechos humanos en los estados es “todo un caso”, explicó Miguel Moguel, de Fundar.

“En la mayoría de los estados, difícilmente las comisiones de derechos humanos alcanzan a desprenderse del aparato local, en muchos casos todavía hasta 2009 existían comisiones cuyo titular era designado por el gobernador en turno, cosa que ya de entrada rompía con la posibilidad de tener legitimidad, independencia y autonomía. En general, con algunas excepciones, las comisiones locales de defensa de derechos humanos son poco disruptivas: no es que sean inactivas, es que no hacen nada fuera de la caja, nada fuera de lo políticamente correcto y en tanto que no trasgreden el orden pues no son efectivas para tutelar y proteger los derechos humanos, si tomamos en cuenta que su tarea es estar denunciado, es ser incómodas y hacer ruido para mostrar cuando hay violaciones a derechos humanos”, señaló.

Defensores caros

Esto a pesar de que de acuerdo con un artículo de Carlos Elizondo Mayer-Serra y Ana Laura Magaloni, titulado Nuestros caros defensores de los derechos humanos. El caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, gasta mucho más que otros países en instituciones especializadas en defensa de los derechos humanos.

De hecho, en términos per cápita, según el documento, nuestro sistema es el segundo más caro, con 18 pesos sólo después del colombiano con 19, mientras que el de Holanda y Perú asciende a 4 y 5 pesos per cápita respectivamente.

“Si bien la CNDH es por sí misma una de las instituciones más caras en la materia, el problema se hace mayor por la presencia de todos los organismos de derechos humanos de las entidades. Lo ideal sería consolidar todos estos organismos en uno verdaderamente nacional, y no federal, como tenemos ahora, con lo cual tendríamos una institución mucho más poderosa y menos cara”, plantea el reporte.  

Al respecto, Miguel Moguel, de Fundar, expuso que uno de los principales retos en la materia es justo que el  sistema de protección de derechos humanos funcione tal cual como sistema toda vez que en la práctica ahora mismo  está totalmente atomizado.  

“El hecho comprobado es cuando tuvimos toda la discusión sobre la interrupción legal del embarazo tenías a la CNDH de un lado y a la CDHDF del otro, evidenciando una desconexión.”

Tanto para Miguel Moguel, de Fundar, como para Fernando Ríos, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, puede haber una ventana de oportunidad para cambiar el rostro de una CNDH cara y poco efectiva a una que dé buenos resultados con la llegada del ombudsman, actual, Luis Raúl González Pérez a finales del año pasado.

 

Priorizan sueldos de funcionarios

PUEBLA.— La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla tiene un presupuesto para este año de apenas 21 millones de pesos, de los cuales 16.2 millones se destinan a servicio personales, es decir, más de 77 por ciento es aplicado en cubrir sueldos, remuneraciones y compensaciones de su personal, entre el cual destaca el presidente, quien percibe un salario mensual superior a 67 mil pesos.

En cambio, el organismo encabezado por Alfonso López Badillo, destina tres millones 397 mil pesos a Servicios Generales, rubro que, según el clasificador y objeto de gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adopta las medidas necesarias para atender las solicitudes de servicios que formulen sus áreas y unidades administrativas; en resumen, para su operación.

Número de quejas

La CDH ha recibido, tan sólo en el primer semestre de este año, 771 quejas, de las cuales 27.7% se han considerado como procedimiento resuelto; 23.5% se llegó a considerar como falta de interés; 17% no fue ratificada; 16% tuvo por conclusión que no había violación a los derechos humanos; en 4.2% no tenía competencia el organismo; en 2.4% los promoventes se desistieron de la acción y 1.95% de los casos llegó a la conciliación.

A la fecha, la Comisión ha emitido 25 recomendaciones: 20 a presidentes municipales; una al procurador y al alcalde de Huauchinango; otra más al titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ); una al sistema operador de agua potable de Huauchinango; una a la Secretaría de Salud y una más a la Contraloría.

De este conjunto de recomendaciones, diez han sido consideradas como cumplidas y el resto en trámite, de acuerdo a la información oficial  de la CDH.

 

Acusan de impericia a ‘ombudsman’ de Hidalgo

PACHUCA.— Fue la mañana del 1 de octubre de 2013 que, en medio de protestas de ONG, el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), José Alfredo Sepúlveda Fayad, tomó protesta al encargo.

Previamente,  durante las entrevistas con los legisladores, el ombudsman estatal reconoció públicamente su nulo conocimiento en materia de derechos humanos.

A esta pifia, se suma “su larga” lista de apoyos de 600 organizaciones, “resultando muchas de ellas de membrete, algunas incluso en las que figuraban como representantes funcionarios de la procuraduría”, recordó Alfredo Alcalá Montaño, dirigente de la Asociación Contra la Discriminación y por los Derechos Humanos.

A casi dos años, continuó, “el notario que está al frente no ha respondido a las condiciones actuales y a la necesidad de impulsar realmente una cultura en favor de los derechos humanos.

“En todo pronunciamiento, asegura que Hidalgo está bien en derechos humanos cuando es al revés, pues conocemos que en el sistema de seguridad pública estatal y municipal se siguen dando casos de tortura, tratos crueles y degradantes; no se ve un trabajo activo de derechos humanos, hay una falta de credibilidad y liderazgos en materia de derechos humanos”.

En temas como el respeto a la diversidad sexual o casos de discriminación, “se tacha estos asuntos de cuestiones menores”.

Consideró que el papel de la CDHEH a sido “muy tibio”.

 

Jaloneo en BC por derechos humanos

TIJUANA.— En Baja California, la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California se transformó recientemente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de un jaloneo por malos manejos presupuestales cometidos por su anterior titular.

En 2013, el organismo recibió un presupuesto de 34 millones 851 mil pesos para el ejercicio de ese mismo año.

Aún en su calidad de Procuraduría de Derechos Humanos, el organismo gestionó un presupuesto de 46 millones de pesos ante el Congreso del estado, de los cuales 37 millones 865 mil pesos corresponderían a servicios personales, es decir a salarios.

En 2014, se emitieron 42 recomendaciones, dirigidas principalmente a las policías municipales de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Rosarito, a la Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial, así como a los juzgados penales, la Procuraduría de Justicia del estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación.

Señalamientos

En 2015, la Procuraduría se transformó en Comisión Estatal de Derechos Humanos, en medio de señalamientos de desvío de recursos.

La diputada Rosalba López  Regalado, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, precisó  que se investigaría la cuenta pública de la  gestión de Arnulfo de León Lavenant. 

La legisladora indicó que con esta convocatoria se busca redireccionar el rumbo de un organismo que por sus características, debe estar al servicio de las personas que más apoyo requieren en sus conflictos con la autoridad, y no descartó que puedan encontrarse irregularidades en el manejo que De León Lavenant ha hecho en materia de gasto público.

“Por ejemplo en el mes de febrero se le autorizó al procurador un millón y medio de pesos bajo el concepto de finiquitos y sólo justificó 700 mil pesos.

 

“Falta plena autonomía en Michoacán”

La dependencia presupuestal y de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), respecto de la Secretaría de Gobierno local, podría ser un factor para que las quejas emitidas anualmente en los rubros de educación, salud, seguridad y procuración de justicia, se tornen en una constante sistemática.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Laura González Martínez, explicó: “El problema es que se van solventado estas quejas emitidas, pero sistemáticamente, año con año, se siguen repitiendo numéricamente y esto quiere decir que, a pesar de que hay una manifestación evidente del ciudadano de esta deficiencia por la autoridad, pues no hay una solución”.

Los números

Aunque la CEDH informó que en 2014 se aceptaron tres mil 130 quejas, de las cuales 102 devinieron en recomendaciones y 63 acuerdos de no violación, 822 se resolvieron por vía de la conciliación, para la legisladora local urge que se elabore un análisis en torno a los actos reiterados que ocasionan las quejas que se interponen anualmente, a efecto de recomendar a la autoridad solucione de fondo esta problemática.

“No obstante, hay una debilidad por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que tiene que ver con el no ejercicio de su autonomía, mientras el presupuesto de la propia Comisión esté resguardado en la Secretaría de Gobierno, mientras haya funcionarios que, independientemente de su talento, capacidad para poder desempeñar su función, dependen de un sindicato que depende de la administración pública estatal, esto va comprometiendo un poco esta solvencia moral para poder señalar las debilidades de la autoridad”, refrendó.

 

Denuncian desdén de las autoridades

QUERÉTARO.— La defensoría de derechos humanos de Querétaro enfrenta no sólo un rezago financiero sino además del desdén de las autoridades, quienes a pesar de aceptar por escrito las recomendaciones que se emiten, en la práctica no cumplen con las observaciones o sanciones que solicitan en contra de servidores públicos.

El presidente del organismo, Miguel Nava Alvarado, informó que durante 2014 se presentaron 508 quejas, una disminución de 4% en comparación con 2013. Del total, se concluyeron 505.

Mientras que este año, van 184 quejas presumiblemente de violaciones a garantías individuales, de las cuales al menos cinco podrían terminar en recomendaciones, otras vía conciliación o bien no proceden.

Sin casos graves

Dijo que si bien hay violaciones graves a los derechos humanos en el estado, no es el común denominador que esto ocurra.

“Si bien es cierto hay violaciones graves a los derechos humanos en Querétaro, de las recomendaciones que hemos emitido, no es el común denominador; Querétaro no es una entidad que se caracterice porque la defensoría recomiende mucho a la autoridad”, dijo.

Según el organismo, es la Procuraduría General de Justicia quien encabeza las recomendaciones, seguida de la policía municipal de Querétaro, y las secretarías de Salud y de Educación Pública local.

 

Aumentan la capacidad de atención en Tlaxcala

TLAXCALA.— La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala tiene un presupuesto para este año de apenas 18.8 millones de pesos, de los cuales 80 por ciento está destinado a pagar sueldos, remuneraciones y compensaciones de su personal.

En entrevista, el presidente de la CEDH, Francisco Mixcóatl, informó que el presupuesto de este año aumentó un millón de pesos, pues se impulsaron los proyectos de Escuela Virtual y Ombusdman Móvil, los cuales tienen la intención de enseñar a la gente cuáles son sus derechos y capacitar a servidores públicos en la materia; además de acercar la oficina del organismo a las comunidades más alejadas para recabar las quejas contra la autoridades.

Según el funcionario, este año fue posible abrir diez nuevas plazas, para aumentar la capacidad de atención de la CEDH, que tiene seis visitadores generales, tres visitadores adjuntos y 50 defensores de derechos humanos.

Comentó que han recabado más de 400 quejas, de las cuales alrededor de 70% se ha llegado a la conciliación, por lo que sólo se han emitido ocho recomendaciones, más una general, la cual refiere a tutelar los derechos de los menores, específicamente contra el bullying.

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