Exhuman identidades por el mundo
Los peritos argentinos han colaborado en 38 países; trabajan en el caso de los normalistas desaparecidos. Integrado por expertos forenses, el EAAF lleva 30 años ayudando a familiares de víctimas, gobiernos y ONG
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de noviembre.- Desde hace 30 años, un grupo de especialistas forenses se integró en Argentina, el cual ha trabajado en 38 países, donde se han violado derechos humanos y cometido desapariciones forzadas de personas. Su objetivo es identificar a las víctimas.
Conocidos popularmente como “peritos argentinos”, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde 1984 inició sus trabajos para atender a las víctimas de la dictadura militar de ese país sudamericano, ha logrado hallar restos de seres queridos que devolvieron la tranquilidad a miles de familias, al saber qué sucedió; entre ellos está el caso de Ernesto Che Guevara.
En 1984, las organizaciones Abuelas de la Plaza de Mayo y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) de Argentina, buscaron apoyo de Eric Stover, quien dirigía el Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), con sede en Washington D.C., capital de Estados Unidos.
El especialista organizó a un grupo de expertos, a los que posteriormente se sumó Clyde Snow, una eminencia en la materia —quien falleció el pasado 14 de mayo—, para hacer los primeros trabajos de identificación de víctimas de la dictadura, a partir de protocolos especializados.
Así, un grupo de argentinos comenzó a ser capacitado y formado en la materia, lo que con el tiempo se convirtió en el EAAF, que cuenta con la participación de arqueólogos, antropólogos y médicos forenses, quienes aplican técnicas de la arqueología tradicional y la antropología forense.
De acuerdo con su sitio web, han trabajado en países de todos los continentes, que han sufrido desapariciones forzadas de personas, para la identificación de víctimas, a petición de organizaciones no gubernamentales, de familiares o de gobiernos.
Uno de los casos emblemáticos se dio el 28 de junio de 1997, cuando un equipo cubano encontró la fosa que contenía los restos de Ernesto Che Guevara y otros seis guerrilleros, en la antigua pista de aterrizaje de Vallegrande, Bolivia. Integrantes del EAAF participaron de la exhumación de los restos.
En México, actualmente colaboran con la Procuraduría General de la República (PGR) en la integración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
En relación con las fosas de San Fernando, en Tamaulipas, su colaboración ha permitido la identificación de aproximadamente 15 restos de personas migrantes centroamericanas, principalmente hondureñas, asesinadas por Los Zetas.
En el último mes se han integrado al equipo forense que busca en fosas clandestinas en Iguala y Cocula, Guerrero, para identificar restos humanos, luego de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Atoyzinapa.
La dictadura argentina
Entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 Argentina estuvo bajo el yugo de la última dictadura militar, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional.
El general José Rogelio Villarreal notificó a la una de madrugada del 24 de marzo de 1976 a la presidenta Isabel Martínez de Perón, que las fuerzas armadas argentinas tomaban el control político del país.
A partir de ese momento se inició una serie de arrestos y desapariciones de activistas y dirigentes de sectores industriales estratégicos.
Tan sólo el día del golpe de Estado se emitió una serie de comunicados en los que la Primera Junta Militar trazó los lineamientos de la dureza que enfrentarían los argentinos durante los próximos siete años.
Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”, advirtió la Primera Junta Militar en el comunicado denominado Número 1.
El golpe militar estuvo encabezado por el teniente general Jorge Rafael Videla, quien finalmente encabezó la presidencia argentina y la Primera Junta Militar, junto con los encargados de la Fuerza Aérea, brigadier general Orlando Ramón Agosti, y de la Marina, el almirante Emilio Eduardo Massera.
En 1981 entró en funciones la Segunda Junta Militar, integrada por los generales Roberto Eduardo Viola, quien también ocupó la presidencia, y Omar Domingo Rubens Graffigna, así como el almirante Armando Lambruschini.
Entre 1981 y 1982 la Tercera Junta Militar operó bajo el mando de los generales Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente, y Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, y el almirante Jorge Isaac Anaya.
En la última parte de la dictadura, los generales Cristino Nicolaides y Augusto Jorge Hughes, y el almirante Rubén Oscar Franco encabezaron la Cuarta Junta Militar, quienes mantuvieron en la presidencia a Reynaldo Bignone.
Este proceso concluyó con la llegada a la presidencia, mediante un proceso democrático de votación, del representante de la Unión Cívica Radical: Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes.
En el Proceso de Reorganización Nacional las violaciones a los derechos humanos, torturas, asesinatos y desapariciones de disidentes fueron sistemáticas, y con el tiempo diversas organizaciones civiles locales e internacionales lograron documentarlas.
Las víctimas no sólo fueron jóvenes que se manifestaron en contra de las juntas militares, hubo una persecución y desaparición de periodistas y dirigentes de la oposición, pero también de sus hijos, los que fueron separados de sus familias para ser entregados a otros militares u otras familias.
Conforme pasó el tiempo, la cifra de desaparecidos fue variando. Inicialmente se habló de 30 mil, en 2007 la Subsecretaría de Derechos Humanos registró 15 mil y posteriormente la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas documentó ocho mil 961 casos.
La organización Abuelas de la Plaza de Mayo estimó entre 250 y 500 los casos de menores de edad que fueron arrebatados de sus familias para ser entregados en adopciones ilegales, de los cuales aproximadamente 100 casos han sido encontrados y se les ha notificado su verdadero origen.
Con la llegada de la democracia a Argentina fueron investigadas y juzgadas las tres primeras juntas militares, y actualmente hay procesos en contra de los responsables de delitos de lesa humanidad en ese país.
A buscar a las víctimas
En la presidencia de Alfonsín se creó la Conadep, organismo que comenzó a recibir las denuncias relacionadas con las desapariciones forzadas cometidas en la dictadura argentina.
Las instalaciones militares fueron ubicadas como centros clandestinos de detención, siendo los casos más notables los de la Escuela Mecánica de la Armada y el Garage Olimpo, ambos en la ciudad de Buenos Aires.
Las personas ejecutadas en estos lugares fueron sepultadas en cementerios municipales en fosas comunes, lo que dificultó su identificación en los primeros procesos de búsqueda e identificación de las víctimas.
En los procesos de exhumación se utilizó maquinaria pesada, los peritos y especialistas carecían por completo de procedimientos especializados para tener éxito.
Es así como los familiares de los desaparecidos se ponen en contacto con Eric Stover y Clyde Snow, quienes con sus colaboradores inician los primeros trabajos de identificación de las víctimas y, lo principal, de capacitación a profesionales argentinos para que ellos continuaran por su cuenta con estas labores, lo que derivó en la creación del EAAF.
Actualmente, el EAAF está integrando por 13 especialistas en arqueología, antropología física, antropología social, computación y derecho.
Además, cuenta con el generoso apoyo de voluntarios y una red internacional de profesionales, a quienes el equipo invita frecuentemente a participar de nuestras misiones.
También trabaja en la mejora de los protocolos forenses nacionales e internacionales, promocionando la transparencia de las investigaciones criminales y la inclusión de expertos forenses independientes en las investigaciones sobre derechos humanos”, se explica en su sitio web.
El método
El proceso de investigación que aplica el equipo argentino está formado por tres etapas:
Investigación: consiste en la recopilación de antecedentes. En esta parte se realizan los primeros contactos y entrevistas con familiares, testigos y sobrevivientes de los hechos y se revisan archivos oficiales relacionados con los casos, o con autoridades militares, policiales, judiciales, registros civiles, hospitales u otros.
Se recopila información de la víctima cuando estaba con vida, relacionada con sus placas dentarias, edad, fracturas óseas o detalles que aporten a la posible identificación.
Posteriormente se busca información vinculada con los posibles lugares de muerte y enterramiento, para el establecimiento de hipótesis sobre posibles lugares clandestinos de inhumación.
Investigación de la escena del crimen y recuperación de evidencias: se realiza una vez que se ha ubicado el lugar del enterramiento o la matanza.
Para este proceso se debe contar con los permisos correspondientes para la exhumación, excavación y recuperación de evidencia, como restos humanos, vestimentas, proyectiles u otros, en la que se aplican las técnicas de arqueología y criminalística para el estudio del terreno, lo que queda documentado.
Análisis de laboratorio: se aplican las disciplinas de antropología forense, patología, radiología y odontología, entre otras, para determinar la identidad y causas de muerte de la víctima.
Hasta 2012, el EAAF recibía donaciones de 19 organismos o instituciones, para mantener su trabajo, en el entendido que las organizaciones de derechos humanos, de víctimas o judiciales que requieren sus servicios carecen de recursos suficientes.
En México, la oficina de la Fundación Ford de Estados Unidos contribuye para mantener los trabajos del equipo argentino.
Buscan crear organismo especializado
La bancada del Partido del Trabajo (PT) busca sacar adelante en la Cámara de Diputados una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Servicios Periciales, con autonomía y para que preste servicios a las autoridades que participen en procesos de procuración e impartición de justicia federales y estatales.
Al argumentar sobre la necesidad de este ordenamiento, la diputada federal Lilia Aguilar Gil sostiene que México requiere servicios forenses eficientes y confiables, como parte de las herramientas necesarias para afrontar de manera eficaz a la delincuencia.
El principal objetivo de la autonomía de los servicios periciales va encaminado a que la unidad encargada de emitir dictámenes lo haga con estricto apego a la normatividad vigente, que permita conocer y esclarecer la verdad histórica del hecho que se investiga, con el fin de lograr la identificación del autor o autores de un hecho probablemente delictivo”, explicó la legisladora.
Para la vicecoordinadora del PT existen casos emblemáticos de un deficiente trabajo de los servicios forenses.
Plantea que esto “lastima y deja sin certeza a familiares de las víctimas”, como sucedió con el caso Heaven, en el que un grupo de 13 jóvenes fue secuestrado en mayo de 2013.
En la exposición de motivos, Aguilar Gil también se refirió a la reciente desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “que requerirá, en el peor de los casos, de un trabajo forense de calidad, teniendo que recurrir a especialistas argentinos”.
Además, alegó, en aras de cumplir con los principios del nuevo sistema de justicia penal, resulta imprescindible crear un órgano autónomo, seperándolo del Ministerio Público, para otorgarle autonomía técnica e independencia de criterio en asuntos sometidos a su revisión.
Esto, planteó, permitirá brindar un mayor grado de confianza a la ciudadanía usuaria de los servicios de impartición de justicia.
Detalló que la iniciativa atiende a las observaciones que el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, quien en su reciente encuentro con diputados federales, en el marco del caso
Ayotzinapa, indicó que según testimonios de actores institucionales y de la sociedad civil se ha documentado que la coordinación de los servicios forenses en todos los estados es insuficiente.
Los servicios de ciertos estados son muy deficientes y carecen de plena capacidad para realizar análisis complejos, y en algunos casos tampoco pueden ser revisados por forenses expertos”, describió Aguilar Gil.
—Ivonne Melgar