Guarijíos se oponen a construcción de presa

HERMOSILLO, 19 de agosto.— Los guarijíos enfrentan con zozobra la posibilidad de mudarse del territorio que ancestralmente habitan para que se construya una presa. Consideran que un cambio de tal magnitud afectaría irremediablemente su modo de vida, toda vez que desconocen los supuestos beneficios de tal proyecto, del cual los principales promotores, afirman indígenas, se empeñan en ocultar su verdadero propósito.

El gobierno de Sonora afirma que el 4 de agosto logró las cinco firmas de los gobernadores tradicionales de la etnia que habita al sur de la entidad y que requiere para empezar a construir una presa a 104 kilómetros de Navojoa, en el municipio de Álamos; el manifiesto de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que afectaría nueve comunidades guarijías, dos de las cuales serán reubicadas para inundar el territorio.

La obra en discordia es la presa Pilares-Bicentenario, que al igual que el Acueducto Independencia, que detonó el conflicto por el agua entre yaquis y el gobierno del estado, forma parte del megaproyecto Sonora SI, un remanente del Plan Hidrológico del Noroeste (Plhino) con el que la mano del hombre pretende hacer lo que la naturaleza no concedió: un equilibro y manejo sustentable de los recursos hídricos en esta región del país, donde unos se inundan y otros se secan a falta de agua.

José Romero Enríquez, gobernador tradicional de la colonia Mascorawi, San Bernardo, denunció que con engaños y mentiras quienes llama “preseros” intentaron conseguir su firma como aval para ceder el territorio que él lidera, donde habitan unas 35 familias de guarijíos.

“Sentí mucha tristeza cuando vi llorar a las mujeres de mi pueblo porque no querían la presa, por eso no firmé, porque no conocemos el proyecto y quedaron de presentárnoslo, pero nada.

“Si construyen la presa perderemos todo lo que conocemos, de lo que vivimos, ahí está nuestro panteón, nuestras casas con lo poco que tenemos, el río del que bebemos, donde pescamos para alimentarnos y donde se bañan nuestros niños; todo eso perderíamos por algo que desconocemos”, lamentó el gobernador tradicional.

Cien mil pesos y una camioneta

Romero Enríquez denunció que los preseros quisieron poner a su familia en contra, pues al negarse a firmar para ceder el territorio intentaron sobornar a su medio hermano con la promesa de darle 100 mil pesos y una camioneta a cambio de derrocar a la autoridad tradicional para hacerse de la firma y un sello que los guarijíos pasan de generación en generación como símbolo de poder y para validar las decisiones de la etnia.

“Pero no lo lograron, quisieron llevarme a la fuerza y obligarme a firmar, pero me escapé y ahora estoy acá en la Ciudad de México para solicitar apoyo y protección del gobierno para mi pueblo. Aquí mismo traigo los sellos y nunca me separaré de ellos”, afirmó Romero Enríquez, quien sostuvo reuniones con autoridades federales a cargo de asuntos indigenistas, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia Secretaría de Gobernación.

Denuncian acoso y amenazas de muerte

“Preseros” es el mote con el que los guarijíos se refieren quienes están a favor de la construcción de la presa Pilares-Bicentenario, llámense funcionarios de los tres órdenes de gobierno, los agricultores del Distrito de Riego 038 Río Mayo y la constructora que estaría a cargo de la obra: el Consorcio Canoras, que en 2012 ganó la licitación del proyecto y que conforman las empresas Precolados Canoras, Construplan, Estudios Básicos de Ingeniería (EBI) y la Constructora Mas de Navojoa.

Del lado de los guarijíos está un grupo de activistas e investigadores que fungen como asesores de la etnia, los cuales tuvieron que salir de Sonora porque empezaron a recibir amenazas de muerte, acoso constante y sabotaje en los vehículos en los que se trasladaban al territorio de la etnia.

Quienes denuncian amenazas son Cinthia Lizeth Moroyoqui Aldama y Yaneth Lara Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México; además de Ramón Martínez Coria, director de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable, AC, y Jesús Armando Haro Encinas, de El Colegio de Sonora.

Este último lleva más de 30 años trabajando con los guarijíos y por la gravedad de las amenazas tuvo que dejar su estado natal para acogerse al Programa de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Segob.

El investigador de El Colegio de Sonora recordó que el pasado 4 de agosto hubo una jornada de consulta e información donde los preseros supuestamente lograron conseguir la anuencia de las autoridades tradicionales, pero advierte que la víspera él y sus colegas tuvieron que salir de la región, porque de las amenazas de muerte telefónicas y por correo electrónico el acoso pasó al daño de los automóviles en los que diariamente se trasladaban a la zona de los guarijíos, enclavada en la sierra, entre caminos sinuosos.

Un proyecto gubernamental que data de 1990

Las diferencias del gobierno estatal con los guarijíos datan de mucho tiempo atrás. El proyecto comenzó a gestarse desde la década de 1990, cuando se decía que se requería construir la presa como una hidroeléctrica para producir 46 megawatts, ya desde entonces asomaba el interés de los usuarios del Distrito de Riego 038 Río Mayo.

En 2010, con el plan hídrico gubernamental Sonora SI, la presa Pilares-Bicentenario volvió a plantearse, pero ahora como una obra para  prevenir posibles inundaciones, y de nueva cuenta aparece el interés de los agricultores de Río Mayo y de las constructoras.

Según la página en internet del Sonora SI, la presa Pilares-Bicentenario es necesaria para el control de grandes inundaciones, como las ocurridas en los años 2007 y 2008, pero los beneficios de la obra hablan de un aumento significativo en los volúmenes de agua para uso agrícola, además el sitio web retoma que se podrían generar hasta 15 megawatts de energía, aunque este último beneficio ha quedado descartado.

Como si el propósito de la obra no fuera lo suficientemente ambiguo, la información oficial no es clara en cuanto a los tiempos de ejecución y culminación de la obra.

“La ejecución de los trabajos está programada para iniciarse en el primer semestre de 2011 y concluirlos en el segundo trimestre del año 2013”, dicta la pestaña referente al plazo de ejecución de la obra, donde también sentencia que para el pasado mes de junio la presa debió quedar concluida y en funcionamiento.

A pesar que el plazo pactado para su construcción concluyó hace dos meses, el gobierno del estado no ha modificado el presupuesto para el proyecto, que varía entre mil 162 millones de pesos hasta 2 mil millones, según distintas fuentes.