Clausuran instalaciones de la editorial Praxis

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de septiembre.- Mientras dormía la injusticia tocó a la puerta del editor y escritor Carlos López, fundador desde hace 34 años de Editorial Praxis. La inmobiliaria Abec, que construye una torre de departamentos en el número 189 de la avenida Dr. José María Vértiz, en la colonia Doctores, y autoridades de la delegación Cuauhtémoc, revirtieron en contra del editor la resolución de un juez federal para suspender de manera “definitiva” la obra.

El caso de Editorial Praxis es una sucesión de anomalías que se agravaron el 20 de agosto pasado cuando López fue detenido por violar los sellos de suspensión colocados en su propio domicilio y taller mientras dormía. Desde entonces, el editor ha quedado despojado de sus bienes, tuvo que liquidar a siete de los nueve trabajadores que empleaba, vive con un amigo que le ha dado hospedaje y detuvo la producción de los libros que ya tenía en proceso.

Los problemas comenzaron a finales de 2014 cuando la inmobiliaria llegó al predio 189 de Vértiz para construir un complejo habitacional. Los planes de la obra incluían demoler el predio 185, donde se ubica el domicilio de López desde hace 33 años y donde también instaló el taller de Praxis. En el lugar habitaban otras 18 familias a las que la inmobiliaria ofreció dinero para ir desalojándolos y desmantelar el edificio para ampliar la nueva construcción.

López asegura que Abec “empezó a  demoler con nosotros adentro”, y que para lograr el permiso “mintió a las autoridades”. De acuerdo con la licencia de construcción especial No. 6/06/095/ 2015, expedida por la delegación Cuauhtémoc y cuya copia posee Excélsior, el inmueble en cuestión se encontraba “totalmente desocupado” y por ello se autorizó la demolición del edificio donde se ubicó Praxis. La prueba de que mintieron, afirma, es que “yo estaba viviendo y trabajando ahí hasta el jueves que tuve que salir”.

Todos los inquilinos del 185, incluido el editor, arrendaban los departamentos a Rómulo Silva, quien decidió vender a la inmobiliaria; esta ofreció a López 130 mil pesos para desocupar los ocho departamentos que arrendaba: “la cantidad –dice- era risible, no había forma de pactar con ellos, porque los daños que me provocaron son fastuosos”. Mientras se daba la demolición, la vivienda de López comenzó a sufrir cuarteaduras e incluso ya se le hizo un boquete que denunció ante las autoridades.

López también se negó a salir de los departamentos porque mantiene un juicio mercantil en juzgados del Distrito Federal, por una controversia de arrendamiento. Pero, afirma, “como empezaron a demoler con nosotros adentro, yo presenté un amparo federal que salió a mi favor, estos tipos comenzaron a demoler porque la delegación les dio una licencia irregular, ilegal, porque dice que el predio está deshabitado, lo cual es totalmente falso”, afirma.

En el documento emitido el 6 de agosto por el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Martín Adolfo Santos Pérez, se resuelve que “se concede la suspensión definitiva solicitada”. El 12 de agosto, Adrián Álvarez Valencia, de la Unidad Departamental de Amparos, notificó a Karla Anylú Gallardo Soria, de la dirección de Calificación de Infracciones de la delegación, sobre la resolución del juez por lo que la instruyó a suspender los trabajos de demolición y/o construcción que se están llevando a cabo en el inmueble.

Mientras dormía

Carlos López asegura que nunca fue notificado que serían colocados los sellos de suspensión y que estos fueron pegados mientras él dormía en su propio domicilio y no en las obras que le estaban afectando. “Los fueron a poner de madrugada, cuando me desperté en la mañana ya estaban puestos, me dijo el vigilante del edificio de un lado que habían ido en la madrugada y que él les había abierto y que les señaló cuales eran los departamentos para los que llevaban los sellos, yo ahí estaba en esos momentos, estaba durmiendo en el ocho, cuando me levanté vi los sellos y pensé que era un error, pero no”.

Al salir y regresar a su domicilio el 20 de agosto, afirma el editor, dentro se encontraba un abogado de la inmobiliaria y un policía. “Me asomé y estaba un abogado con un policía pidiendo que me detuviera y diciendo que yo violé los sellos, le dije al policía que yo tenía un amparo federal, el cual le presenté, pero me dijo que no tenía que explicarle nada, que o colaboraba o me esposaba y me llevaba arrastrando. Llegaron otros cinco policías y salí, cerré y me llevaron a la delegación”.

Ariadna Bermeo, encargada de la oficina de prensa de la Delegación Cuauhtémoc, comunicó ayer a este rotativo que los sellos fueron colocados para impedir que siguiera la demolición del inmueble, pero negó comunicar al personal jurídico de la demarcación. Lo mismo dijeron al editor: los sellos eran para protegerlo, pero aun así lo llevaron detenido. 

Yo dije que era una equivocación, los sellos debieron haber sido para la inmobiliaria no para mí, me llevaron a la delegación y según sólo era cosa de aclarar, pero me liberaron a las dos de la mañana. No se equivocaron, según ellos me pusieron a mí los sellos para protegerme, que para que suspendieran la obra y no pudiera entrar porque corría el riesgo de que se me cayera el edificio encima”. Desde entonces López no ha regresado al domicilio, dice que teme represalias y que cuando regresó ese día ya estaba encadenado el acceso para impedir su entrada.

Tengo varios libros en proceso, de Juan Manuel Roca, del veracruzano Alejandro Quijano, una historia de la filosofía de Rogelio Salazar, uno de Luis Armenta Malpica, de Jeremías Martínez. Tenemos una reunión con el abogado de la inmobiliaria el próximo jueves pero no sé qué vaya a salir, mientras estoy despojado de mis bienes, de todo, estoy viviendo con un amigo que me dio posada”, dice.

En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, afirma, ya le dieron carpetazo a su caso y ya ha acudido a otras dependencias sin que suceda nada. Cuando intentó plantear su experiencia en la Secretaría de Cultura, Eduardo Vázquez Martín tampoco los recibió.