La 'Noche de Tláhuac'

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace 15 años se vivió una de las tragedias, que sin duda, marcó a los mexicanos, o por lo menos a los habitantes de Tláhuac, en el entonces Distrito Federal. Por primera vez en cadena nacional se transmitió en vivo un linchamiento: eran tres policías federales preventivos que fueron acusados de secuestrar a dos niños de una primaria.

La tarde de aquel martes, 23 de noviembre de 2004, el Subinspector Víctor Mireles Barrera, el suboficial Cristóbal Bonilla Martín, y el suboficial Edgar Moreno Nolasco, vestidos de civil y en un automóvil Focus, color gris, realizaban labores de inteligencia en la colonia Peña Alta del hasta entonces inadvertido pueblo de San Juan Ixtayopan.

Eran poco más de las cinco de la tarde cuando los tres agentes se detuvieron a pocos metros de la primaria Popol-Vuh. Ahí comenzó el suplicio. Un grupo de mujeres los acusó de tomar fotografías a los menores y de robarse a dos de ellos.

Padres de familia comenzaron a llegar de a poco, pues se acercaba la hora de salida de los niños del turno vespertino. Mireles, Bonilla y Nolasco fueron amarrados de las manos y golpeados, una y otra vez, mientras los gritos de “devuelvan a los niños” ensordecían más a los pobladores.

Aquel momento se convirtió en una eternidad. Las campanas de la Iglesia resonaban; la turba crecía cada vez más. Una luz en la oscuridad se iluminó con la llegada de dos policías, sin embargo, poco podían hacer, eran superados en número; se volvieron simples espectadores de aquella pesadilla.

Algunos pobladores localizaron en el vehículo las credenciales y armas de los agentes, pero hombres, mujeres y jóvenes continuaban con el linchamiento.

Tres llamadas de auxilio a sus superiores, una de ellas a Miguel Ángel García Lugo quien revivió las esperanzas de los agentes con un: "No te desesperes, vamos para allá de inmediato”… pero la ayuda nunca llegó. Pasadas las nueve de la noche, los cuerpos de Mireles y Bonilla quedaron inertes en el piso, quemados, en medio de la calle oscura, ante la mirada algunos curiosos, entre ellos varios estudiantes de secundaria. Nolasco, terminó gravemente herido, antes de ser rescatado por agentes judiciales en el centro de San Juan Ixtayopan, cerca del quiosco.

¿POR QUÉ NO FUERON RESCATADOS?

Tras la barbarie, las autoridades de los distintos niveles de gobierno argumentaron que el rescate no fue posible debido a la distancia y dificultad para reunir un contingente de agentes, sin embargo, a 17 kilómetros de la colonia Jaime Torres Bodet, se encuentra el Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” cuerpo élite de la Secretaría de Seguridad Pública, especializado en la negociación de rehenes y penetración para asalto y captura, con un tiempo de traslado de entre 40 y 50 minutos.

A 6.4 kilómetros, en el centro de Tláhuac, y con un tiempo aproximado de 20 minutos, se localiza la Procuraduría de Justicia en ese tiempo del Distrito Federal.

El Sector Tecomitl de la Secretaría de Seguridad Pública se ubica a 3.1 kilómetros con un tiempo de 10 minutos.

A 4.8 kilómetros se encuentra el Sector de Policía Mixquic, que está a un tiempo estimado de 15 minutos, y por último, la Secretaría de Seguridad Pública de Milpa Alta, ubicada a 7.4 kilómetros con un tiempo aproximado de 20 minutos.

Incluso, el entonces secretario federal de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, quien murió en un accidente aéreo en septiembre de 2005, declaró:

“no tengo ningún registro, no tengo ninguna llamada de la delegada (Fatima Mena) donde notifique esta preocupación, no tenemos la constancia de la actuación de la policía de Tláhuac, ahí tienen una corporación de 420 elementos".

Otra de las justificaciones fue la falta de comunicación entre las autoridades locales y federales.

Gabriel Regino, entonces Subsecretario de Seguridad Pública, acusó al ahora excomisionado de la PFP, José Luis Figueroa Cuevas, de minimizar el linchamiento, ya que aseguró, éste siempre estuvo enterado de la situación, pero la Policía Federal Preventiva estaba más empeñada en justificar la presencia de los agentes encubiertos que en saber qué es lo que pasaba.

DOS SEMANAS ANTES DEL LINCHAMIENTO

Dos semanas antes del linchamiento, el 11 de noviembre de 2004, los suboficiales de la PFP, Jesús Berman Pulido, Edgar Odilón Lagunas Castañeda y Lorena Amanda Valencia Portillo, se encontraban en la colonia Peña Alta, realizando labores de inteligencia, cuando fueron sorprendidos por pobladores del lugar y retenidos.. Después de varios minutos de tensión y tras identificarse como agentes federales, fueron dejados en libertad. Esta información fue corroborada por un escrito firmado por 117 vecinos y el cual fue enviado días después a la entonces delegada Fátima Mena.

De acuerdo con una entrevista realizada en el 2011 a Edgar Moreno, éste relata que una o dos semanas antes, compañeros suyos realizaban labores de inteligencia sobre grupos subversivos (del Ejército Popular Revolucionario) muy cerca de la zona, y ellos (Mireles, Bonilla y él) investigaban narcomenudeo.

Tras el linchamiento, los agentes Jesús Berman Pulido, Edgar Odilón Lagunas Castañeda y Lorena Amanda Valencia Portillo, fueron cesados de su cargo, acusados de negligencia policiaca, al no informar a sus superiores sobre el incidente que tuvieron con los pobladores el 11 de noviembre.

Esta información fue corroborada por el perredista Julio César Moreno, quien ese entonces era el presidente especial del caso Tláhuac de la Asamblea Legislativa, pues Berman Pulido, solicitó ante dicha comisión un amparo y “protección de la justicia federal” tras considerar que fue inhabilitado de su cargo de manera injusta.

Julio César Moreno dijo que los tres agentes federales estaban encargados de investigar acciones contra el terrorismo y de grabar durante cuatro horas a todas las personas que salieran de Peña Alta número 327, la misma casa donde precisamente Mireles, Bonilla y Moreno tomaron fotografías el día que fueron linchados: Avenida Peña Alta, Manzana 7, Lote 6, Número 327.

En dicha casa vivía Alicia Zamora Luna, alias "La Gorda", y su esposo Eduardo Torres Montes, quienes actualmente se encuentran cumpliendo una condena de 46 años y 6 meses tras ser acusados de ser los incitadores del linchamiento.

Y es que de acuerdo con el propio Edgar Nolasco, el 23 de noviembre de 2004, grabaron a “La Gorda” a fuera de su domicilio y minutos después la localizaron en la escuela Primaria Popol Vu, lugar donde ella azuzó a los demás padres de familia para lincharlos.

24 DE NOVIEMBRE DE 2004

“OPERATIVO CICLÓN”

La sangre adherida al pavimento; el olor a gasolina.; las calles desoladas y el ruido constante del helicóptero, fueron el preludio del "Operativo Ciclón", que como su nombre lo indica: arrasó con todo.

Más de 300 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, sitiaron la colonia Jaime Torres Bodet y la colonia Peña Alta. Nadie entraba, nadie salía, todos eran culpables.

Al salvajismo del 23 de noviembre, le siguió otra barbarie. Sin órdenes de cateo o de aprehensión, los agentes de la AFI entraban a las casas (algunas personas, quienes su pecado fue vivir cerca de la zona del linchamiento, narran que los mismos policías saquearon y destruyeron sus pertenencias), detenían a cualquier vehículo o joven que se atravesara en su camino.

Los “sospechosos” eran identificados por fotografías que el suboficial sobreviviente, Edgar Nolasco, señaló, aunque se encontrara en coma del cual salió un mes después.

Miguel Ángel Cuesta García, el abogado de siete de los procesados, explicó que el Ministerio Público tomó la primera declaración del suboficial en la cama 4 de la sala de terapia intensiva del hospital de Xoco, precisamente la noche del 23 de noviembre, horas después de la agresión

De acuerdo con el expediente de la causa 176/2004, a pesar del estado en que se encontraba, Moreno “compareció voluntariamente”, “narró” cómo sucedieron los hechos e identificó a algunos de sus agresores.

En las inconsistencias de caso también se encuentra la declaración de dos menores: Francisco Iván Goth Ulloa y Daniel Ulloa, quienes supuestamente identificaron a los agresores, pese a que se encontraban a más de 160 metros y casi en medio de la oscuridad.

De acuerdo con el abogado Miguel Ángel Cuesta, los menores fueron obligados a firmar declaraciones en blanco: “Demostramos que los menores no eran capaces de emitir una declaración porque no estaban asesorados por ningún familiar al momento en que declararon.”

El operativo terminó con 35 personas detenidas, 4 de ellas en calidad de testigos, a quienes se les acusó de doble homicidio, tentativa de homicidio, daños a propiedad ajena, daños a la nación, pandillerismo y guerrilla.

Entre las detenciones arbitrarias destacan la de Richardson Santo López, quien regresó de viaje el 24 de noviembre 2004, precisamente el día del operativo. Presento boletos de avión como defensa y aun así estuvo preso 4 años 5 meses en el Reclusorio Norte.

También se encuentra la de Adán Rafael Cayetano. Él radicaba en Toluca y el 24 de noviembre acudió a la colonia Jaime Torres Bodet para trabajar a una obra como albañil.

Por su parte, Martín Andrés García y Edgar Molotla, murieron el 12 de diciembre de 2008 y el 24 de diciembre de 2009, respectivamente, dentro del Reclusorio Norte, sin que las autoridades del penal dieran a conocer las causas a los familiares, quienes presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal una denuncia por probables vejaciones que derivaron en una infección cerebral, ya que de acuerdo con testimonios de los demás detenidos, fueron golpeados en repetidas ocasiones durante el día de su detención al llegar a Delegación Camarones de la entonces Procuraduría General de la República, en Azcapotzalco.

Las personas que fueron detenidas por la muerte de los dos policías federales fueron: Alfonso Tentle Acosta, Cayetano Ulloa Hernández, César Zamudio Arenas, Felipe Guevara Guerrero, Guadalupe Pérez Hernández, Jesús Acatitla Vázquez, Magdalena Sánchez López, Marcelo Santiago Montes, Emilio Ibáñez, Óscar Domingo Lovera Reyes, Adán Rafael Cayetano, Arturo Delgado López, Guillermo Castañeda Saldívar, Hugo Ismael Arenas Vázquez, Joaquín Rosas Ríos, Joel González Cruz, José Antonio Lora Hernández, Juan Domínguez Almazán, Miguel Bárcena Garcés, Richardson Santos López, Moisés Arenas Jiménez, José Luis Alvarado Molina, Alicia Zamora Luna, alias "La Gorda", y su esposo Eduardo Torres Montes.

De ellos sólo 6 cumplen la sentencia de 46 años y 6 meses.

Hoy, a 15 años sólo queda la justicia en manos del pueblo. La omisión de las autoridades. Culpas repartidas que terminaron con 2 agentes federales muertos. Con presuntos culpables que perdieron hasta 4 años en la cárcel y con algunos artífices de esta barbarie en libertad.

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