Le dejarán listo el andamiaje legal al nuevo gobierno de la CDMX

Ayer llegó al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa preferente del jefe de Gobierno, Martí Batres, para crear el andamiaje legal que dará soporte a las nuevas secretarías que funcionarán en la administración de Clara Brugada.

Ahora deberán integrarse las comisiones de la Tercera Legislatura para que la propuesta de Batres sea turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Administración Pública Local, en la que será analizada y se emitirá un dictamen, mismo que será enviado al pleno, en el que Morena tiene la mayoría calificada para aprobarlo.

TE RECOMENDAMOS: Tercera Legislatura: Morena consigue mayoría calificada

Luego, el Congreso local tendrá hasta 90 días después de la publicación de la reforma para “realizar las reformas necesarias a las leyes reglamentarias, en lo referente a la creación y atribuciones de las secretarías”, se indica en el artículo tercero transitorio.

SECRETARÍA DE VIVIENDA

Para la Secretaría de Vivienda se prevén atribuciones para “concertar la participación de los sectores público, social y privado” en programas del rubro, “así como en materia de promoción, estímulo, fomento y ejecución de programas”.

Le corresponderá elaborar el Programa Institucional de Vivienda de Interés Social y Popular, así como otros programas que garanticen “el derecho a la vivienda asequible a la población de la Ciudad de México, priorizando a las personas de menores ingresos”.

También coordinará todas las acciones que tengan que ver con reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de septiembre del 2017 y dar seguimiento de las acciones en materia de reconstrucción que hayan realizado la Comisión para la Reconstrucción o el Instituto de Vivienda, al cual absorberá.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y COORDINACIÓN METROPOLITANA

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana va a “coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación de las autoridades locales correspondientes y representará al Gobierno de la Ciudad en la concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana”.

Sin embargo, no se detalla si se coordinará con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.

Otra de sus atribuciones es crear la Comisión Interinstitucional de la Regularización Territorial y proporcionar, a solicitud de los alcaldes, los elementos técnicos disponibles para evitar la invasión de predios “y para que obtenga su desalojo mediante el ejercicio de las acciones judiciales administrativas que procedan”.

También actuará “cuando lo estime conveniente o a solicitud de parte interesada, como árbitro y conciliador en los conflictos inmobiliarios que se presenten en las colonias y zonas urbanas populares”.

Además, elaborará el proyecto técnico e integrará “el expediente de expropiación por causa de utilidad pública de aquellos predios donde se encuentren asentamientos humanos irregulares, salvo aquellos que sean de origen ejidal o comunal”.

SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

De acuerdo con la iniciativa, los recursos materiales, financieros y humanos del Sistema de Aguas (Sacmex) irán a la  Secretaría para la Gestión Integral del Agua, que podrá proponer la política hídrica, además de emitir la normativa en la materia.

Además, la secretaría podrá “coordinar, formular y operar programas de obras de abastecimiento de agua potable y todas aquellas obras relacionadas con su objeto”.

Así como formular, junto con la Federación, “los planes y programas específicos para el abastecimiento, tratamiento de aguas y servicios de drenaje y alcantarillado, así como la captación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales”.

Incluso podrá aplicar procedimientos administrativos e imponer las medidas correctivas y, “en su caso, las sanciones que procedan por infracciones a la normatividad en materia hídrica de la entidad”.

SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana atenderá a los ciudadanos respecto al “derecho a la buena administración, con base en los principios de interés social, subsidiariedad y la proximidad gubernamental”.

Le corresponderá establecer mecanismos que permitan “conocer la opinión de la ciudadanía sobre la calidad de los servicios público; establecer mecanismos de desarrollo, promoción, fortalecimiento del diálogo social, respecto de los servicios y políticas públicas de la ciudad”.

CONSULTA AQUÍ LAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

*mcam