Consultan plan 2020- 2040; crecimiento de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO. Ayer se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las convocatorias para la consulta abierta pública y la consulta a pueblos y barrios originarios sobre el Plan General de Desarrollo Urbano (PGDU).

Sin embargo, Pablo Benlliure, director del Instituto de Planeación –ente que se integró hace un mes y que es el encargado de elaborar el proyecto del PGDU, de acuerdo con la Constitución– aseguró a este diario el jueves pasado que apenas trabajaban en la elaboración del proyecto y que esperaba realizar, a más tardar en agosto, las consultas públicas para después remitirlo al Congreso local.

Sin embargo, el viernes pasado la Jefatura de Gobierno envió el proyecto al Legislativo para “su discusión y aprobación en el pleno”, como dio a conocer ayer Excélsior.

Junto con ese documento, el Ejecutivo también envió el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Ambos proyectos tendrían que haber sido sometidos primero a las consultas públicas que ahora acaban de lanzar.

Es una nueva pifia jurídica porque, según lo que establece la ley, la consulta se tuvo que haber hecho antes de enviar los documentos al Congreso”, dijo ayer Federico Döring, presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo.

Agregó que la publicación de la convocatoria en la Gaceta “es un argumento mañoso y tramposo para consultar a toro pasado algo que ya mandaron al Congreso el viernes pasado; es una falta de respeto”.

Josefina MacGregor, directora de la asociación civil Suma Urbana, consideró que el hecho de que las convocatorias públicas se desplegaran en la Gaceta “sin lineamientos claros, sin una oficina para la consulta pública y la participación social correctamente establecida y en operación en el Instituto de Planeación, y sin las direcciones de planeación que deben crearse en organismos públicos y alcaldías, apuntan a una consulta simulada”.

LEGALIDAD

El encargado de enviar los proyectos de PGDU y PGOT al Congreso fue el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real.

Al respecto, Döring planteó que primero se tendrá que revisar la legalidad y después el contenido de lo que envió el Ejecutivo.

A mí me causa mucha sorpresa que manden algo que jamás consultaron, que jamás consensuaron, en lo que nunca hubo participación ciudadana ni de las 16 alcaldías (como establece la Constitución local para el PGOT). Me causa mucha extrañeza.

¿Qué puede manifestar Pablo Benlliure acerca de que hubiesen hecho una consulta? ¿Cómo es que cumplieron las disposiciones legales que los obligan a una consulta pública antes de remitir los documentos al Congreso? No quiero prejuzgar, pero desconozco cualquier consulta que hayan realizado, pues jamás fuimos notificados”, sentenció Döring.

El diputado local por el PAN, presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, detalló que el Congreso tiene entre diez días hábiles y seis meses para consultar y aprobar o rechazar lo enviado por el ejecutivo.

Consideró que si se pretendiera imponer que los dos documentos se aprueben en esta legislatura, “con nula o mínima participación ciudadana, sería casi tanto como convocar al Congreso a delincuencia organizada para trabajar en favor del cartel inmobiliario, eso respecto al programa de ordenamiento territorial, y trabajar en una traición a la democracia, respecto al Plan General de Desarrollo”.

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