El fin de los videoescándalos

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Víctor Beltri 18/08/2014 01:16
El fin de los videoescándalos

Tal parecería que don Pedro Garibay, quien en octubre de 1808 se anunciaba a sí mismo como mariscal de campo de los reales ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de la Nueva España, presidente de su Real Audiencia, superintendente general subdelegado de Real Hacienda, minas, azogues y ramo del tabaco, juez conservador de éste, presidente de su Real Junta, y subdelegado general de correos en el mismo reino, difícilmente podría tener más poder.

Sin embargo, los títulos y la potestad conferida no eran suficientes para contener el ominoso peso de una primitiva opinión pública que, al ser incapaz de hacer llegar sus reclamos y obtener la justicia deseada ante las tropelías de aquellos tiempos, optaba por vías alternas para denunciar lo que a sus ojos era necesario.

La desesperación del virrey ante los escándalos que brotaban, de forma anónima, entre sus gobernados, debió ser enorme. La inconformidad de la gente crecía, y los temas anteriormente reservados a unos cuantos ahora se ventilaban de forma pública. Las injusticias, los excesos, el abuso de las autoridades se asomaban, a la par de otras acusaciones infundadas y mal intencionadas, a la plaza pública, donde se convertían en el foco de las murmuraciones entre la sociedad de la época. Garibay emitió un decreto el 6 de octubre de 1808, con el que pretendía terminar contra dichos pasquines y libelos.

Desde que tomé el mando de este reino, fue una de mis primeras atenciones la tranquilidad y el sosiego público, a cuyo fin tengo expedidas con uniforme parecer del real acuerdo cuantas providencias se han considerado oportunas; mas a pesar de mis deseos, noto con grande sentimiento mío, que hay algunos espíritus inquietos, genios malignos y revoltosos que pretenden turbar y seducir los ánimos tranquilos, no sólo en esta ciudad, sino en las demás provincias, por medio de anónimos, pasquines o libelos famosos, perniciosos siempre, mucho más en las presentes circunstancias…

Don Pedro, quien dicho sea de paso fue un pésimo virrey, reconoce de entrada el poder del mensaje anónimo sobre el estado de ánimo de la población en general. “Los espíritus inquietos, genios malignos y revoltosos” a quienes atribuye las siniestras intenciones de “turbar y seducir los ánimos tranquilos”, estaban cumpliendo con su cometido. En este orden de ideas es en el que describe propósitos y contenidos de los videoescándalos de la época:

…semejantes papeles por lo común son parte del encono, del odio y de la venganza, son subversivos del buen orden, alevosos, con que los mal intencionados, a manera de asesinos, pretenden arruinar la sociedad, triunfar de la sana moral, de la buena política, de la vida civil y aún natural de sus semejantes, y aunque indignos de fe, son apropósito para hacer dudar de la verdad, y aventurar acaso las providencias con agravio de algunos inocentes.

Es difícil creer que el párrafo anterior fuera pergeñado hace más de 200 años cuando, por otro lado, pudiera haber sido redactado en cualquiera de las oficinas de los partidos políticos que, en fechas recientes, han sido víctimas en su reputación de los escándalos en que se han visto envueltos sus agremiados. Desde las tristemente famosas ligas de Bejarano hasta los gritos de ánimo a la hoy famosa Montana, sin olvidar por supuesto la lotería de la diputada Carpinteyro o el indignante caso de Rubén Escamilla exigiendo favores sexuales. La senadora Beristáin comportándose como una verdulera contra una empleada de aerolínea, el precioso Mario Marín como héroe de película, Rodrigo Vallejo departiendo con un narcotraficante. La lista es interminable.

 “…el que con un buen celo justo y arreglado a la sana moral, tuviere por conveniente darme cuenta o denunciarme y al real acuerdo, a cualquiera otro jefe, magistrado o juez algún acontecimiento digno de prevención, de remedio o de castigo, lo ejecute bajo de su firma; en la inteligencia de que si lo pidiere o fuere necesario, útil o conveniente, se reservará su nombre con el más religioso e inviolable secreto, y bajo del juramento que todas las potestades tienen hecho de guardarlo en las cosas que lo demandaren.

Don Pedro Garibay creyó haber encontrado la fórmula para terminar con el problema. Quien tuviera algún motivo de queja tendría que denunciarlo a las autoridades, quienes se encargarían de solucionarlo. La misma solución que se plantea hoy en día, ante el aluvión de videos que se prevé puedan seguir apareciendo y son protagonistas de la cruenta batalla rumbo al proceso electoral de 2018. El problema, sin embargo, no difiere en gran medida del que enfrentamos en la actualidad. ¿Cómo confiar en que las autoridades realmente harán algo al respecto?

El problema con los videoescándalos va más allá de su mera existencia o las motivaciones que existan para su producción. El problema ha existido siempre y consiste, en primer lugar, en una profunda desconfianza en la honestidad de las autoridades y su capacidad —o voluntad— para llevar a los responsables ante los tribunales. En segundo lugar, el fenómeno de los videoescándalos nos habla de la descomposición moral de quienes ven en el servicio público una oportunidad de servir a sus propios fines antes que velar por el bienestar común. Exactamente, en estos tiempos, como sucedía en 1808.

Los escándalos, ya sea en audio, video o cualquier formato, seguirán ocurriendo en la medida en la que los políticos tradicionales no comprendan que los tiempos proclives a los excesos de antaño han terminado. Las autoridades deben fincar responsabilidades, y quienes hayan infringido la ley deberán atenerse a las consecuencias. Es preciso, es necesario, es urgente que quienes incurran en faltas asuman su responsabilidad ante los tribunales correspondientes, y que la política deje de ser percibida como la forma más sencilla de enriquecerse a como dé lugar. Si no queremos más escándalos, elijamos a quienes estén dispuestos a trabajar con honradez y exijamos eficacia en la administración de la justicia. Es la única manera.

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