El cáncer de la corrupción

Esta semana fue presentado por el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, un trabajo denominado: Estudio de la OCDE sobre integridad en México, que dentro de sus consideraciones señala que los ciudadanos mexicanos creen que el sistema político y de gobierno está plagado “por altos niveles de corrupción que limitan sus oportunidades de movilidad social y de una vida mejor”.

El estudio indica que, en virtud de los escándalos recientes y acusaciones contra eminentes personajes políticos, se ha incrementado el tono de los llamados al cambio y que en una encuesta de Gallup, de 2015, se dijo que más del 70% de los ciudadanos consideró que la corrupción era un mal generalizado en el gobierno.

La OCDE concluye que con base en el Índice de Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se estima que 5% del PIB de México se pierde anualmente por corrupción; a su vez, otros informes ubican las pérdidas hasta 9% del PIB. Esta organización ubica a nuestro país como el más corrupto —en cuanto a su sector público— dentro de sus 35 países integrantes.

Un acto de corrupción implica la violación de una norma, sea ésta de carácter moral o jurídico, la cual indudablemente siempre entraña un deber ser. Aquel que se corrompe, de manera activa o pasiva, transgrede las reglas fijadas para asegurar el correcto funcionamiento de una sociedad.

La corrupción en el sector público implica que un individuo o grupo de individuos revestidos de autoridad pública toman —o dejan de tomar— decisiones en uso de sus facultades legales para generar un beneficio personal, en lugar de cumplir con su obligación de favorecer a la sociedad.

Se ha definido a este fenómeno como la apropiación de los bienes públicos para beneficiar intereses particulares. La función pública es convertida así, ilícitamente, en fuente de enriquecimiento.

El problema de la corrupción constituye una amenaza a la democracia y es uno de los mayores obstáculos en la conquista de los derechos humanos, porque frena el desarrollo económico de un pueblo.

La reforma constitucional para establecer un Sistema Nacional Anticorrupción se ha pospuesto en su implementación por la falta de una legislación reglamentaria, en virtud de que no se ha comprendido la trascendencia de la gravedad del mal.

Se requiere de un genuino compromiso por parte de las autoridades de todos los niveles. No basta con haber hecho consensos políticos y reformas, si éstas no se ponen en marcha. El combate a la corrupción debe ser la prioridad en las agendas legislativas. Dejar la simulación y abonar en el compromiso.

Las reformas estructurales que se lograron alcanzar en esta administración pública federal han sido eclipsadas por la sombra de la corrupción. Es una lástima y una vergüenza que la comunidad internacional nos catalogue de esa manera. La corrupción es un cáncer social que está debilitando a todas las instituciones públicas y hay que remediarlo.

Resulta indispensable involucrar a la sociedad en este profundo cambio, llevar a cabo campañas de concientización ciudadana y fortalecer las instituciones de forma permanente y exigirles transparencia y más transparencia.

Como Corolario, la frase del novelista paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.