Corrupción y crisis social

La sociedad es el equivalente a una gran familia, siempre tendrá necesidades, anhelos, retos y problemas. Cualquiera de estas circunstancias se resuelve de manera más fácil cuando se enfrentan de manera conjunta y solidaria.

Pero, cuando el Pater Familia —como se llamaba en el Derecho Romano al padre— está ausente o carece de los elementos y la credibilidad necesaria para dirigir y coordinar al resto de los miembros, lo más probable es que esa familia sucumba ante las adversidades.

El gobierno equivale a la figura paterna dentro de la sociedad, sin ánimo de hacer una definición machista. Es la cabeza de la sociedad, es quien ejerce el monopolio legal del uso de la violencia y tiene la tarea primordial de brindar protección y seguridad a sus miembros.

Los problemas por los que atraviesa nuestro país son muy graves. Pero han llegado a convertirse en una auténtica crisis social debido al descrédito que nuestra sociedad tiene del gobierno.

Diversas encuestas y organizaciones demuestran el desprestigio social que padecen las instituciones gubernamentales —que desde hace muchos años se ha venido acumulando— principalmente debido a la corrupción.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que de manera reciente hizo público Transparencia Mexicana, pone a México en el lugar 103 de 175 países.

En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 después de Chile; 34 lugares detrás de Brasil; y se ubica en la última posición (34/34) entre los países que integran la OCDE.

La policía es la peor valorada por el 89.7% de los entrevistados; le siguen los partidos políticos, con el 84.4%; el Ministerio Público, criticado por el 78.4%; los gobiernos estatales, con el 77.2% en contra; los diputados y senadores, por el 77.0%; los gobiernos municipales, con un 75.8%, y el gobierno federal, que alcanza un 75.6 por ciento. Luego siguen las instituciones electorales, los sindicatos, los jueces y magistrados.

San Luis Potosí, el Distrito Federal y el Estado de México son las entidades del país en las que sus ciudadanos perciben una mayor experiencia de corrupción al realizar trámites ante autoridades, según una encuesta realizada por el INEGI.

México se encuentra estancado en la corrupción. El problema es sincrónico. Ninguna institución sale ilesa. La desconfianza ciudadana y el cáncer de la corrupción los padecen los tres poderes y los tres niveles de gobierno, de manera simultánea.

En 1982, Miguel de la Madrid promovió la “Renovación moral de la sociedad”, que culminó con la reforma constitucional al título cuarto de la Constitución y con el encarcelamiento de figuras públicas que estaban señaladas por su actuar.

Se creó la Contraloría General de la Federación y se elaboraron leyes y procedimientos, que, a lo largo del tiempo, no han logrado contener este fenómeno de descomposición gubernamental.

El momento actual obliga al gobierno federal a poner en marcha acciones profundas y radicales. Algunos intelectuales han sugerido la creación de un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción que articule las acciones de prevención, control, rendición de cuentas y fiscalización. El esfuerzo anticorrupción debe ser nacional y no sólo federal.

Los funcionarios deben actuar de manera ejemplar, difundiendo sus declaraciones patrimoniales y las de sus familiares cercanos. Los partidos políticos deben privilegiar la ética de sus militantes sobre el dinero —al elegir candidatos— y tienen que disminuir radicalmente sus gastos excesivos.

Cuando la ciudadanía no se siente representada ni segura de su gobierno, los conflictos se complican, las soluciones se desvanecen y no se aportan esfuerzos ni fe en las medidas adoptadas.

Como Corolario, conviene recordar lo que decía Tácito, el historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano: “cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”.