De la tolerancia a la impunidad

La relación entre el gobierno y la sociedad mexicana se ha fracturado en los últimos tiempos. Los problemas políticos y sociales que padecemos han generado un comportamiento y una evolución inusitados, que comienzan a tener una característica común: la violencia.

La barbarie de los hechos acaecidos en Iguala; los escándalos sobre propiedades de la familia presidencial; el paro prolongado —e injustificado— en el Politécnico, entre otras muchas cosas más, comienzan a ser rebasados por la violencia desestabilizadora de los supuestos movimientos de protesta.

La vida de nuestra sociedad tiende a desquiciarse por las marchas, plantones, cierre de carreteras, quema de edificios públicos, destrucción y anarquía. El derecho padece cuando se antepone a su observancia el interés político.

Las movilizaciones sociales dejaron de ser recursos políticos de demanda, de ejercicio legítimo del derecho de expresión y manifestación —o de rechazo— en contra de las acciones del gobierno. Pretenden ahora ser actos justicieros.

No es difícil identificar que existen grupos perfectamente organizados y encubiertos detrás de las marchas que realiza una ciudadanía agraviada.

Las actuales estrategias de manifestación no tienen como objetivo resolver los problemas sociales ni las peticiones ciudadanas, sino por el contrario: causar la mayor alteración posible a la vida cotidiana, con la intención de demostrar la falta de operatividad del gobierno en la atención y solución de los problemas sociales.

Una actitud permisiva y quizá un sentimiento de culpabilidad por parte del gobierno ha creado un ámbito de tolerancia a estos actos violentos.

Pero la tolerancia a la alteración del orden público no puede ser ilimitada. Las exigencias sociales no deben utilizar métodos de presión violentos e ilegales. La desobediencia civil de un grupo no debe convertirse en una imposición tiránica en contra de la mayoría.

Las respuestas han sido tibias y erróneas. Las consignaciones que la PGR hizo de algunas personas terminaron en autos de libertad por falta de pruebas. El resultado es que los actores —en lugar de ser castigados y servir de ejemplo— terminan siendo héroes sociales y víctimas del gobierno.

La libertad es un conjunto de derechos y deberes definidos por las instituciones.

Pero, como lo indica la teoría, cuando la libertad se excede, surgen el libertinaje y la anarquía. Y cuando estas prácticas se exacerban, la ciudadanía reclama al gobierno el uso de la fuerza pública y el sometimiento y castigo de quienes rompen la paz social.

En materia social, la impunidad es un cáncer que contamina toda la vida pública. Genera efectos negativos en la vida social: evasión fiscal, delincuencia, desobediencia cívica, improductividad, desempleo, falta de inversión privada, por citar sólo algunos de ellos.

En política, la tolerancia es un valor. En el campo del derecho, las autoridades no pueden dejar de cumplir y de hacer cumplir la ley bajo el argumento de la tolerancia.

La estabilidad social requiere que los ordenamientos jurídicos se apliquen con firmeza para que los ciudadanos abriguemos la certeza de saber a qué atenernos; tener la convicción de que nuestros derechos están protegidos por un poder social legítimo y eficaz que lo garantiza.

El gobierno no puede seguir permitiendo la impunidad bajo el argumento de la tolerancia. La queja ciudadana contra la violencia no puede ser el pretexto para justificar y permitir expresiones igual de violentas.

Como Corolario conviene recordar lo que decía mi maestro, don  Raúl Cervantes Ahumada. La impunidad tiene tres efectos: quien comete un acto ilícito y no recibe el castigo, no duda en repetir su acción; segundo, quien observa un ilícito no sancionado tiende a imitar ese hecho; y el más grave: las víctimas de los ilícitos no castigados recurren a hacerse justicia por propia mano.