Cinismo político

La descomposición social y política que sufre nuestra sociedad, ha dado una de sus manifestaciones más terribles en lo sucedido en Iguala. El asesinato, la desaparición de decenas de estudiantes normalistas, así como, el hallazgo de tumbas clandestinas con restos humanos desmembrados, atormentados y quemados; supera cualquier límite de sorpresa e indignación.

Ninguna autoridad ha podido explicar el móvil de esta masacre. Parece ser un acto de prepotencia y abuso de poder, por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se molestó por la intromisión de los jóvenes en el acto de informe de actividades de su esposa, a quien planeaba proyectar para sucederlo en el cargo.

El hecho es, que de ese “escarmiento” resultaron seis personas muertas, al menos 25 heridas y 43 jóvenes —hasta hoy— desaparecidos.

Por increíble que parezca, se sabe que la esposa del alcalde —hoy con licencia y prófugo de la justicia—, es hermana de un presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos; y a pesar de su mala fama y antecedentes, es consejera del PRD e iba ser postulada por ese mismo partido a la presidencia municipal, en 2015.

El gobernador Ángel Aguirre, se lava las manos sucias y se niega a renunciar.

Hace décadas, este asunto se hubiera resuelto de inmediato con un procedimiento de desaparición de poderes ante el Senado y la destitución del gobernador. Sin embargo, el proceso que se establece en el artículo 76, fracción V de la Constitución, ha dejado de ser útil, ya que su redacción es caduca e inaplicable.

Aguirre ha recibido millones de pesos para fortalecer a las instituciones de seguridad pública del Estado y firmó compromisos con el gobierno federal para lograr el mando único de las policías.

Con total descaro, declaró que el alcalde se había negado a acceder a entregar el mando de la policía y “que hasta ahora entendía por qué”. Quienes conocen al mandatario, saben que es imposible que no haya podido someter a un alcalde de su mismo partido, por otra razón distinta, que no sea la de la complicidad política.

En 1996, el entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, solicitó licencia para separarse de su cargo, como consecuencia de la matanza de Aguas Blancas; donde campesinos fueron asesinados por agentes de la policía estatal; y el Congreso designó como Gobernador sustituto, precisamente a Aguirre.

Él sabe cómo llegó la primera vez a la gubernatura y donde está la puerta de salida; no puede ser tan cínico, como para esperar una revocación del mandato mediante consulta popular.

Carlos Navarrete, recién electo presidente del PRD ha dado su primer tropiezo grave. Pidió perdón al pueblo de Guerrero porque su partido, hizo alcalde a alguien, que ordenó a su propia policía masacrar estudiantes. Dijo que el error “fue por haber postulado a alguien que no era perredista”. Pero, dio su total apoyo al gobernador Aguirre, quien tampoco lo era, pues renunció al PRI cuando no lo hicieron candidato.

Durante la reciente reforma política, el PRD y el PAN pusieron énfasis en que el artículo 41 de la Constitución estableciera que: “Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley”.

Hoy, tanto el PRD, como el PAN y el Verde Ecologista, claman que la Secretaría de Gobernación asuma la responsabilidad de investigar los antecedentes de sus propios candidatos.

La ambición y pragmatismo de los partidos, al elegir candidatos que ofrecen recursos económicos y tienen popularidad, por encima del respeto a la militancia, lealtad partidaria y honestidad; está cobrando caras cuentas, en perjuicio de la ciudadanía.

El gobierno federal tiene cómo hacer renunciar a Aguirre y el PRD debería ser el primero en no oponerse.

El Corolario es: Ángel Aguirre como acostumbra decir mi amigo el doctor José Berber, “se ha ganado un lugar en el cajón de la basura”.