Balazos en el pie

Dos acciones del gobierno federal han ocupado múltiples notas en todos los medios informativos. Pretendiendo comunicar labores positivas de resolución de problemas, se han revertido en contra de sus actores y dejado al descubierto la debilidad de las políticas públicas para la atención de problemas sociales muy sentidos.

La primera de ellas consiste en un gran operativo montado por fuerzas federales, en el que participó personal de la PGR, Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional, para incursionar en la casa-hogar llamada La Gran Familia, ubicada el municipio de Zamora Michoacán.

Las autoridades informaron que cuando se ingresó al hogar había 596 personas que lo habitaban, la mayoría menores de edad, quienes estaban privados de su libertad, entre plagas de cucarachas, chinches y ratas; comían alimentos en descomposición y sufrían abusos sexuales y sicológicos por parte del personal, principalmente Rosa del Carmen Verduzco, administradora del albergue.

Sin pretender ser penalista, extraña que no hayan podido informar las autoridades —además de que existían 150 denuncias— cuáles delitos federales justificaron su intervención, toda vez que se trata de responsabilidades de tipo penal del fuero común. Prueba de ello, es que no se consignó ante juez a la Mamá Rosa, responsable de la institución.

Lo que en el fondo vino a mostrar este suceso, es la pésima política de asistencia social que tienen los gobiernos, tanto el federal, como el de ese estado. Según las informaciones, se reveló que el albergue recibía donativos y apoyos gubernamentales y las autoridades mismas remitían menores para su ingreso.

¿Cómo no iba a haber irregularidades en un recinto donde convivían hacinados bebés, niñas y niños, con varones y mujeres de 18 hasta 40 años? ¿Cuándo se conceden los apoyos y los subsidios gubernamentales, las instituciones receptoras no deben estar supervisadas? ¿En dónde estaba la supervisión de las autoridades gubernativas, sanitarias y del DIF?

El segundo asunto, se refiere al anuncio que realizó el secretario de Gobernación, en el sentido de que —en los próximos días— el gobierno mexicano anunciará una estrategia para evitar que los migrantes sigan exponiendo sus vidas al subirse al tren conocido como La Bestia, en su intento por llegar a Estados Unidos.

Como todo mundo sabe, La Bestia es un tren que transporta mercancías desde el sur de este país hasta ciudades fronterizas del norte; y desde hace mucho tiempo se convirtió en un medio de transporte utilizado por miles de personas desesperadas que se embarcan en un viaje que, a veces, termina hasta en la muerte.

Se dijo que quien no tenga los debidos documentos migratorios para adentrarse en nuestro territorio e ingresar a Estados Unidos, no se les va a permitir su estancia en nuestro país, como una medida para “cuidarlos”.

Sobre este tren maldito se han hecho decenas de reportajes de todo tipo, en medios de comunicación nacionales y extranjeros. Han dado vuelta al mundo las escenas del tren repleto de mujeres, niños y hombres de todas las edades agarrados como pueden del techo del vetusto ferrocarril que se descarrila a cada rato.

Y la pregunta que resulta es: ¿por qué hasta ahora? ¿Dónde han estado dormitando las autoridades migratorias? ¿No verá los noticieros el titular del Instituto de Migración? ¿Lo haremos por la preocupación de los derechos humanos de los migrantes o ¿será que el gobierno de Estados Unidos nos reclamó nuestra intervención, otra vez, como guardianes de su patio trasero?

Creo que ambos temas deben de llamar la atención de las autoridades, para preguntarse, ¿Para qué seguir concibiendo y agregando nuevos derechos humanos a la Constitución, si los que están ya consagrados están lejos de cumplirse?

El Corolario de hoy es que tratando de dar golpes mediáticos, las autoridades federales terminaron dándose un balazo en el pie.