Gobernadores: la revancha del Centro

¿Cuándo habrá sido la última vez que un Presidente de la República pudo imponerse a un gobernador?

Quizá fue en mayo de 1996, cuando el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, llegó a Puebla para ver al gobernador Manuel Bartlett y allí conminarlo a que el PRI reconociera la victoria del PAN en el municipio de Huejotzingo, ubicado al noroeste de la capital del estado.

La decisión del Tribunal Estatal Electoral de anular 99 votos obtenidos por el PAN en Huejotzingo en las elecciones del 12 de noviembre de 1995 fue suficiente para que el resultado oficial se revirtiera a favor del PRI. Pero también lo fue para que Acción Nacional se levantara de la mesa de negociaciones de la reforma política.

La decisión del Tribunal era legalmente inapelable. El hoy senador Bartlett contó en una entrevista en 2006 que aceptó entregar Huejotzingo al PAN después de que el presidente Ernesto Zedillo se lo pidiera “personalmente” y a raíz del “chantaje” que hizo Felipe Calderón, entonces líder nacional del PAN.

Yo conozco otra versión de la historia:

—¿Te faltan huevos para pedirle a Bartlett que entregue Huejotzingo?— preguntó Zedillo a Chuayffet.

—De ninguna manera, señor Presidente.

—Pues ve y díselo.

Y así llegó Chuayffet ante el gobernador de Puebla.

—¿Qué pasó, mi joven secretario?— preguntó Bartlett en su estilo desdeñoso y paternal.

—Gobernador, el PRI tiene que reconocer su derrota en Huejotzingo.

—Imposible, mi joven secretario. Primero, porque este estado es libre y soberano. Segundo, porque en ese municipio está el aeropuerto de Puebla.

Chuayffet sacó entonces un documento y lo puso a la vista de su interlocutor.

—Pues entonces, gobernador, no queda más remedio: el día de mañana el Senado declarará desaparecidos los poderes en el estado.

Bartlett se puso rojo y espetó: “Esto es obra de Zedillo, ¿verdad? ¡Hijo de la chingada!”.

—¿A quién llama así, gobernador? ¿A mí o al Presidente de la República?— reviró el secretario de Gobernación.

—A usted, a usted…

Y así fue como Bartlett entregó Huejotzingo y el PAN regresó a la mesa de negociaciones. Y se pudo concretar la conformación del Consejo General del IFE como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, entre otros cambios.

En los 17 años que han pasado desde entonces, el Centro fue perdiendo paulatinamente el control sobre los Ejecutivos estatales.

A causa de la descentralización de los servicios de educación y salud y, luego, la derrota del PRI en la elección presidencial del año 2000, los gobernadores se fueron convirtiendo en una suerte de señores feudales, manteniendo a nivel local casi todas las facultades metaconstitucionales de que gozaba el Presidente durante la etapa de partido casi único.

Con el tiempo, los gobernadores se dieron cuenta de que no sólo eran intocables en su terreno, sino que negociando en bloque podían sacar más de la Federación. A eso obedeció la creación de la Conago.

Ser gobernador —o jefe de Gobierno del Distrito Federal— se ha convertido en un escalón desde el que se puede alcanzar Los Pinos. De los últimos tres presidentes de la República, dos pasaron de ser gobernadores a claros aspirantes presidenciales.

Antes de Vicente Fox, el último ex gobernador que había llegado a la Presidencia fue Adolfo Ruiz Cortines (medio siglo antes), pero, entre uno y otro cargo, el veracruzano fue secretario de Gobernación, por cierto, de manera fortuita.

Desde que el cargo de gobernador empezó a hincharse de influencia, el Presidente de la República ha tenido problemas para poner en una gubernatura a sus políticos predilectos. Es más, en muchas ocasiones el Presidente no ha podido siquiera colocarlos como candidatos al cargo.

Idos están los tiempos en que el Presidente ponía y quitaba gobernadores a su antojo. Las elecciones eran un mero trámite en tiempos del autoritarismo priista.

Cuentan que a Teófilo Borunda, presidente del Senado, le mandó preguntar el presidente Ruiz Cortines si deseaba ser candidato a la gubernatura de Chihuahua para las elecciones de 1956. Dos veces respondió Borunda que no, hasta que el Presidente, entre extrañado e incómodo, le preguntó directamente que por qué no. “Señor Presidente, yo quiero ser gobernador, usted me preguntó si quería ser candidato”.

Todavía Carlos Salinas de Gortari pudo hacer gobernador a quien quiso, o impedir que llegara a una gubernatura quien él no quisiera. Y sin dificultad removió a los gobernadores de Baja California, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Yucatán y Tabasco, así como al mandatario electo de Guanajuato.

Cómo habrán cambiado las cosas desde entonces que hoy ni siquiera una solución como la que el gobierno de Zedillo puso sobre la mesa en el caso de Bartlett parece fácil de llevar a la práctica, a pesar de que la desaparición de poderes —contemplada en el artículo 76 constitucional— se utilizó medio centenar de veces entre 1918 y 1975.

Si fuera fácil, hace rato que el Senado habría decretado la desaparición de poderes en Michoacán, donde evidentemente no hay gobernador aunque alguien ocupe de manera formal ese cargo. Ninguno de los tres principales partidos tiene mayoría en la Cámara alta y se antoja difícil que juntos destapen esa caja de Pandora.

Sin embargo, las cosas parecen estar cambiando en favor de la Federación. Quizá a raíz del escándalo de la deuda de Coahuila, que provocó la salida de la dirigencia del PRI y el virtual exilio del ex gobernador Humberto Moreira, el poder absoluto que han alcanzado los mandatarios estatales parece estar en la picota.

Primero se promulgó la Ley de Contabilidad Gubernamental, que, a partir de su plena entrada en vigor, en diciembre entrante, impedirá a los estados endeudarse a su antojo y sin limitaciones. Luego se dispuso la desaparición del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, con lo que el pago a los maestros regresará al control de la Federación, igual que sucederá con la compra de medicinas. Y, en lo que parece una estocada aun más letal, existe el proyecto de crear un Instituto Nacional de Elecciones (INE), que ponga el arbitraje de todos los comicios en el país en manos de una sola autoridad, lo que implicará la desaparición de institutos y tribunales electorales estatales.

Me detengo en este último punto, que ya comenté en este espacio la semana pasada.

La idea forma parte de la reforma político-electoral en la que han insistido el PAN y el PRD. Aunque se trata de una idea opositora —cuyo objetivo es acotar el poder de los gobernadores y quitarles la posibilidad de controlar la conformación de los Congresos locales—, diversos legisladores me han comentado que el Ejecutivo la ha dejado avanzar sin mayor resistencia.

Una legisladora de izquierda me comentaba la semana pasada lo siguiente: “Yo creo que Enrique Peña Nieto está muy interesado en la creación del INE, aunque no lo pueda decir así. Es una manera de recuperar el poder del Centro frente a los gobernadores”.

No me queda espacio para exponer los argumentos a favor y en contra de la creación del INE —para ello, mejor lo remito a lo que han expuesto muy puntualmente en estas páginas Javier Aparicio y Carlos Elizondo Mayer-Serra—, pero sí diré que es irónico que la democracia mexicana se haya abierto camino a través de las elecciones locales en los años 80 y 90 del siglo pasado, y que ahora éstas sean vistas como el principal obstáculo para el respeto al voto y la transparencia en el ejercicio del poder.

¿Quién puede olvidar el papel fundamental que jugaron las regidurías de representación proporcional y creación de la credencial para votar con fotografía en Baja California en el desmoronamiento del aparato corporativo electoral, que se acabó de caer a nivel nacional en 1997?

Sin negar los reclamos sobre el poder irrestricto que han conseguido los gobernadores, y el claro abuso en que han incurrido muchos de éstos, me pregunto cuánto de lo que estamos viendo en el proceso de reformas que se impulsan por parte de las tres principales fuerzas políticas y el gobierno federal tiene que ver con la democracia y la transparencia y cuánto con un intento de la Federación de recuperar el control perdido frente a los estados.

Hace 190 años la naciente nación mexicana discutía si era mejor ser una república federal o centralista. Ahí quedó el gran debate que dieron al respecto el coahuilense José Miguel Ramos Arizpe, el llamado Padre del federalismo, y el neoleonés Fray Servando Teresa de Mier, resuelto finalmente en favor de los argumentos del primero, en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, documento fundacional que precedió a la Constitución de 1824.

Está visto que hoy no hemos superado esa discusión, pero valdría la pena ventilar los argumentos, hacerlos públicos y no dejar el tema al tanteo o la revisión exclusiva por parte de los negociadores en el Consejo Rector del Pacto por México.

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