A río revuelto...

Ante la incertidumbre que se ha extendido a amplios sectores del país frente a un futuro que no se mira con claridad ha resurgido en los últimos tiempos la violencia que todo lo mina y todo lo pudre. Violencia que sin duda es orquestada por “manos que mecen la cuna” en las sombras que se ciernen sobre la nación y que ha provocado una peligrosa parálisis de las instituciones que poco o nada hacen por recuperar el control de la vida nacional.

Cuando no es Guerrero, es Michoacán o Oaxaca, lo mismo que el Distrito Federal que el fin de semana vivió un “sospechoso” incidente provocado por autoridades de la Procuraduría de Justicia de la capital en la Ciudad Universitaria, cuando — según la versión oficial— policías ministeriales se daban a la tarea de investigar “el robo de un celular”.

No cabe la menor duda que en los últimos tiempos se van multiplicando los hechos violentos que lo mismo están dirigidos a la clase política (la agresión que sufriera Cuauhtémoc Cárdenas durante una marcha el pasado mes de octubre en la Ciudad de México o en contra de Alejandro Encinas en Xalapa) que al comercio que genera empleos o a los propios ciudadanos que tenemos que modificar nuestras rutinas debido a bloqueos y manifestaciones que violentan la circulación vehicular y del transporte público.

Es evidente que el único objetivo es generar caos. Provocar la impresión de que las cosas están fuera de control y de que, efectivamente, no hay quien tome el liderazgo de una nación sumida —cada vez más— en el desorden y la falta de cumplimiento de la ley. Peor aún resulta que quienes deben velar por el cumplimiento de la ley, hoy argumentan falsamente que no “quieren reprimir” cuando aplicar la ley es mantener la gobernabilidad, actualmente cada vez más endeble.

No entienden que utilizar la fuerza es un derecho que legítimamente les otorga el ciudadano cuando vota por ellos para garantizar el orden público. Pero cuando se pierde el rumbo hasta estos argumentos resultan “huecos”, pareciera que no tienen sustento legal, cuando son el principio jurídico de una convivencia en paz de la sociedad: aquél que infringe la ley tiene que pagar el costo de haber roto el mandato de la mayoría.

Hoy vivimos la confusión de principios y valores democráticos que durante décadas fueron el sustento de la convivencia social y del desarrollo que vivió el país en el pasado. Son ya varias décadas de estancamiento en las que se multiplicaron los problemas, pero también se fue perdiendo la brújula, lo que nos ha impedido arribar a “buen puerto”. El número de mexicanos en pobreza creció y las oportunidades de una vida mejor se redujeron en medio —para colmo— de un clima mundial cada vez más adverso por la falta de crecimiento económico.

El diagnóstico ya está hecho. Hoy, más que nunca, están muy claras las razones que nos han llevado a la situación que estamos viviendo. La “radiografía” nacional está sobre los escritorios de los funcionarios públicos más importantes de este país. Solamente falta comenzar a implementar las soluciones. Urge hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

Ante la ausencia del Estado siempre queda un vacío que suele llenarse con grupúsculos acostumbrados a actuar fuera de la ley. Lo estamos viendo a diario.

A nadie conviene el desorden, a nadie conviene el caos. Bueno, solamente a unos: a quienes desde las sombras se frotan las manos pensando en que a “río revuelto” ellos conseguirán sus objetivos de “reinar” sobre un montón de cenizas que quedarán de una lucha fratricida que, hoy por hoy, no tiene ni pies ni cabeza.