Crispación social

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Martín Espinosa 27/05/2014 01:04
Crispación social

Tras los últimos acontecimientos sucedidos el miércoles de la semana pasada en el Distrito Federal, en los que un grupo de personas enfrentó un operativo policiaco implementado por el gobierno de la capital a fin de resguardar una obra del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, surgen varias reflexiones sobre la reacción “desbordada” de un pueblo que durante décadas ha padecido no sólo la falta de agua en esa zona de la delegación Alvaro Obregón, sino la manipulación de intereses “oscuros”, vinculados a grupos políticos de la región, lo que ha degenerado en lo que el secretario de Seguridad Pública local, Jesús Rodríguez Almeida, calificó de “brutalidad ciudadana”, para tratar de justificar lo injustificable.

De entrada, hay que partir del principio fundamental de toda convivencia humana: nadie puede hacerse justicia por propia mano; para eso están las leyes y una autoridad que debe velar por que éstas se respeten.

El gran problema de nuestra sociedad actual es que los gobiernos, legalmente constituidos, poco o nada hacen por que se respete la ley y, en el peor de los casos, es la misma autoridad la que la viola.

Pero el problema del pueblo de San Bartolo Ameyalco, escenario del violento enfrentamiento entre pobladores del lugar y granaderos de la policía quienes se llevaron la peor parte, data de muchos años atrás. Una de las zonas más castigadas por la falta de agua en la delegación Alvaro Obregón ha sido precisamente esa; durante años los pobladores han visto cómo a las partes altas de la demarcación y por el rumbo de Santa Fe han llegado en los últimos años colonos de alto poder adquisitivo que han aumentado la demanda de recursos, como es el suministro de agua potable.

Gobiernos delegacionales y centrales han ido y venido en los últimos 20 años y sus demandas de mejora del servicio no han sido atendidas por nadie. Finalmente, una vez tomada la decisión de dotar de mejor infraestructura hidráulica a la zona, surge la “desconfianza” ciudadana porque nadie está seguro de que dichas obras vayan a beneficiar a las 20 mil personas del poblado, como lo “aseguran” las propias autoridades. Bien aplica en este caso el viejo dicho: “la burra no era arisca...”

Una vez más, el viejo desinterés de quienes en algún momento “hicieron” carrera política al frente de la delegación “sembró” entre la población ese sentimiento de abandono, por un lado, y coraje, por el otro, por lo que ahora la gente ya no confía en sus autoridades.

El nivel de violencia observado durante el zafarrancho que dejó  más de 100 policías heridos, dos de ellos graves, no se había observado en otros incidentes de este tipo en la capital del país. Es decir que con el paso del tiempo se va recrudeciendo la crispación social, fruto de la inacción de gobiernos que para lo único que quieren a los ciudadanos es para “alimentar” sus intereses políticos y usarlos como “carne de cañón” a la hora de las batallas electorales. Cada vez los movimientos sociales son más violentos cuando se trata defender lo que estas comunidades consideran como “suyo”. En este caso, el manantial de agua que se encuentra en la zona y que —según su propio dicho— las autoridades se los quieren “arrebatar” para conectarlo a las redes del Sistema Cutzamala que transporta el agua que nos llega del Estado de México y llevarlo hasta la zona de corporativos de Santa Fe.

Sin embargo, hay versiones que hablan de grupos políticos que han logrado “dividir” a la comunidad y que mantienen el control de dicho manantial. Ellos son los que deciden a quién y hacia dónde se va a distribuir el agua que de ahí brota. Si esto es así, la autoridad ya debería saberlo y actuar con la ley en la mano. Pero no dejar que las cosas se mantengan bajo tensión y continúen perjudicando a la mayoría del pueblo, cansado de no contar con el suministro y teniendo que pagar por las pipas que también han hecho su “agosto” ante la escasez del líquido.

Lo único cierto que se concluye de la problemática en San Bartolo Ameyalco es que en esa comunidad la ausencia de gobierno ha sido “ocupada” por grupos de “control” ciudadano que en cualquier momento le vuelven a propinar otra paliza al Gobierno del Distrito Federal, vía los granaderos que sin deberla ni temerla acuden a tratar de hacer lo que los políticos no hacen: aplicar la ley.

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