Zopilotes en el alambre

Los partidarios de la ley de geolocalización han sostenido que la “intervención telefónica” es sobre aparatos y no sobre personas.

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José Cárdenas 16/01/2014 01:28
Zopilotes en el alambre

De ahora en adelante, ya nada impedirá legalmente que nuestro teléfono celular pueda ser localizado por una simple sospecha.

La Suprema Corte de Justicia avalará hoy jueves —por amplia mayoría— la constitucionalidad de la ley de geolocalización, la cual permite a la PGR solicitar a los operadores telefónicos ubicar —en tiempo real— un aparato móvil probablemente ligado a un crimen grave, sin la intervención de un juez.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó las reformas al artículo 133 al Código Federal de Procedimientos Penales y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones; argumentó violación al derecho humano a la privacidad; sólo los ministros menos conservadores como Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Sergio Valls estuvieron de acuerdo con la CNDH. Para el resto —ocho ministros— el derecho a la privacidad resulta lo de menos, frente a las labores detectivescas.

Para los defensores de las normas aprobadas en 2012, el rastreo telefónico permite localizar en minutos a criminales probablemente vinculados con delitos graves como secuestro, extorsión, amenazas y tráfico de drogas; eliminan trabas burocráticas, requisitos jurídicos y pérdidas de precioso tiempo; la PGR podrá seguir solicitando a las empresas de telefonía la “intervención” de cualquier dispositivo móvil mediante una simple cartita o correo electrónico sin que un juez o la persona investigada se enteren.

Sin embargo, no queda claro el periodo de tiempo que puede durar el rastreo, ni la solidez de la sospecha aludida por la autoridad. El Ministerio Público puede actuar con manga ancha, con criterios difusos y sin rendir cuentas a ningún órgano de control.

La herramienta legal puede ser un arma criminal por la discrecionalidad con que se utilice… y eso mete miedo.

–¿Acaso es novedad comentarle a usted que las bandas delictivas cuentan casi siempre con la complicidad de autoridades penales?

La Procuraduría General de la República —según lo reconocen los altos mandos— está infiltrada hasta la médula por el crimen —organizado y no—.

Como un eufemismo, los partidarios de la ley han sostenido que la “intervención telefónica” es sobre aparatos y no sobre personas; consideran la “geolocalización” como algo impersonal; la intimidad —según ellos—, queda resguardada.

Sin embargo, en la práctica, confiar en la autoridad judicial cuando menos suena ingenuo. Al acceder al celular de una persona, los detectives pueden conocer —sin mayor problema— los datos contenidos en los dispositivos telefónicos.

Seguir los movimientos de un aparato de manera constante ayudará a los “sabuesos” a elaborar patrones, a conocer rutas, horarios y rutinas de los dueños de cada línea.

En pocas palabras, usted podrá ser vigilado sin darse cuenta.

La Suprema Corte dice privilegiar el interés colectivo sobre el derecho individual… pero en el camino está destapando una “caja de pandora”. Sólo es cuestión de ver y esperar…

NÚMEROS OCUPADOS: En México existen más de 103 millones de teléfonos celulares; el mercado está encabezado por Telcel, con cerca de 68% de los clientes, seguido por Telefónica con 19%, Iusacell con 7% y Nextel con 4%; 87 de cada 100 mexicanos usan este servicio… y bueno, bueno, ¿a don-diablo?

                Twitter: @JoseCardenas1

                josecardenas.com.mx

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