Políticos alimentan la violencia

Pero ni siquiera la mayor pérdida del control de la violencia disuade a la clase política de respetar y acatar las reglas de juego, que legitiman a las urnas para la transmisión pacífica del poder y la construcción de la representación gubernamental. Ahí, y no sólo en los resultados de los gobiernos, está la erosión de la legitimidad de la democracia.

La falta de compromiso ético en los liderazgos pone en evidencia los límites de la política. Y peor aun cuando las conductas “antipolíticas” de muchos de ellos están detrás del crecimiento de la violencia. Al fin y al cabo es difícil que haya política sin el compromiso de partidos y candidatos con la justicia, comenzando por el respeto de las reglas mínimas para dar certeza al voto y a las urnas, que los propios partidos han jurado para luchar por el poder.

En la primera mitad de la campaña, los recuentos arrojan siete candidatos asesinados y otros 34 que han recibido agresiones. Se agregan, además, ataques y tomas de edificios oficiales, como en el municipio de Chilapa, a pesar de la presencia de fuerzas de seguridad. Ahí, en Guerrero, se halló el cadáver decapitado de la precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, cuyo esposo, exalcalde de la misma localidad, fue asesinado en 2014; el pasado 1 de mayo, el candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, fue asesinado. El más reciente es el atentado, en pleno mitin, del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández, uno de los fundadores de las autodefensas en Michoacán.

La fuente de la violencia no es sólo el crimen organizado. Ésta también viene de los propios partidos, como ocurrió en la gresca entre perredistas y priistas en Cuajimalpa, en la que participaron presuntos grupos de choque. Es el caso de Los Claudios, cuyos integrantes habrían cobrado en la delegación que comandaba Adrián Ruvalcaba, quien actualmente es candidato a diputado local. Esto habla ya, no sólo de la falta de compromiso con la justicia, sin el cual la política pierde sentido, sino, abiertamente, de conductas “antipolíticas”, que convierten a los liderazgos en agentes de la violencia.

¿Cómo aceptaría la ciudadanía a candidatos electos de campañas porriles? ¿Cuál es la legitimidad de representantes que engañan con su patrimonio personal? ¿Cómo pedirle a la sociedad que acepte a estos liderazgos y a sus gobiernos, si éstos burlan las reglas?

La doble moral de ofrecer transparencia y publicar declaraciones falseadas, la violación sistemática de leyes electorales y el llamado a votar, así como la desviación de recursos públicos mientras se suspenden los programas sociales, como en el DF, no da para mantener el piso mínimo de gobierno. Las campañas no sólo están marcadas por la violencia, sino también por las trampas y las denuncias, que configuran la pelea de los cargos en los tribunales, más allá de las urnas. El Partido Verde ha acumulado multas millonarias por transgresiones repetidas en la propaganda política y el desacato a las autoridades electorales. En las campañas estatales el primer candidato en presentar su “3 de 3”, Pancho Domínguez, de Querétaro, para transparentar sus bienes y su situación patrimonial, es luego descubierto con la confesión de que recibiría 30 millones encubiertos para su campaña, a pesar de que eso violaría los gastos de la misma. Es sólo un ejemplo. Menos del 5% de los candidatos, hasta abril, había subido su currículo a la plataforma del INE, y sólo 184 habían presentado su declaración patrimonial, como les pide la sociedad civil a quienes aspiran a uno de los 2 mil cargos de elección.

No obstante, a los partidos y a sus candidatos no se les ve preocupados por el mensaje que mandan a la ciudadanía. Creen que el voto, o el número indispensable de ellos, es suficiente para que la elección sea legítima y, posteriormente,  para tomar posesión de los cargos. La legitimidad de la representación es una idea difícil de medir, pero nadie podría pensar que está desligada de la ética de los candidatos y de su compromiso de acatar las reglas de juego. Y, si como afirmara Fernando Savater, la política es la razón que hace a la sociedad “obedecer o rebelarse” de las decisiones que toma el poder, entonces hay pocos motivos para esperar que los ciudadanos acepten las reglas de la convivencia. Los ciudadanos no pueden esperar justicia de ningún tipo sin política, pero no puede haber liderazgos políticos sin estar comprometidos con la justicia.

Paradójicamente, el compromiso con la justicia de candidatos de todos los partidos se expresa en la campaña cuando hacen notar su preocupación central por la justicia electoral. O, mejor dicho, por identificar las transgresiones del contrario para poder impugnar en los tribunales los resultados de elecciones cerradas, como sucederá en siete de los nueve comicios estatales o en algunas delegaciones del DF. Es decir, ni siquiera en las denuncias de trampas y fraudes hay un compromiso ético, sino meramente una estrategia electoral.