Niños sin derechos

En la informalidad cabe y se puede casi todo, excepto el respeto de los derechos más básicos. Es una forma de vida extendida. En economía más de una de cada dos mexicanos activos trabaja, o  sobrevive, en ocupaciones al margen de obligaciones fiscales, derechos laborales, seguridad social, y de casi cualquier relación con el Estado.  A la Justicia también la corro en prácticas informales, que resguardan la impunidad y la corrupción. Pero donde la  ausencia de pautas y estándares es aún más grave, porque suele ser irreparable,  es en la asistencia privada o la filantropía para la protección de derechos de la niñez, donde  llega a tomar formas delictivas y criminales.

La PGR abrió esta semana la puerta del albergue La Gran Familia, en Michoacán, donde según denuncias medio millar de niños estaban expuestos a vivir en condiciones deplorables e insalubres, sobre todo a un horror de abusos, y malos tratos, incluso bajo la privación de la libertad. Paradójicamente, el despliegue policiaco, incluso con el Ejército, podría haber sido el mayor contacto del refugio con alguna dependencia quizá en años, ya que como muchas otros se manejan en la informalidad sin supervisión alguna, ni rendir cuentas de los recursos que obtiene o de cómo operan,  a pesar de la competencia de los tres órdenes de gobierno.

Desde luego, el operativo no es el inicio de una cruzada en favor de los derechos del niño. El Estado con ese despliegue de fuerzas mostró espectacularidad e incluso propició un linchamiento mediático, aunque  fallido, de la responsable de la casa hogar, Mamá Rosa, como si se tratara de desmantelar un narco laboratorio o aprehender a un criminal. Por supuesto que las denuncias de delitos deben ser  investigados, pero desafortunadamente la acción policiaca no significa atacar el problema de fondo de la incapacidad del Estado de cumplir con instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y garantizar sus derechos.

Aquí no vemos cómo hoy en la India hay manifestaciones por una niña violada. Los menores de edad son la población que menos preocupa porque pueden desaparecer sin que apenas se note, y sobre todo, porque casi nadie reclama por los que están  en albergues privados, incluidos los propios padres muchas veces. Menos aún los que están en situación de calle o que forman parte de las legiones de migración infantil. Una muestra solamente del universo de la población infantil en refugios o casas hogar, según datos del INEGI, ronda los 30 mil. Además, un número casi igual está en instituciones de cuidado, pero la “cifra negra” es muy alta dado que ni siquiera existe un registro completo y actualizado de las casas hogar, menores actualmente institucionalizados y su situación jurídica.

En efecto, los miles de niños clandestinos cruzan el territorio desde Centroamérica  ilegalmente a Estados Unidos, de los cuales un cuarta parte son mexicanos; o los que el crimen engancha como mulas para el narcomenudeo o vigilantes en la calle y los que están confinados en albergues privados, tienen como común denominador la ausencia de la protección y atención del Estado para cuidar sus derechos.

¿Cuántos casos de maltrato, abuso sexual, trata y adopciones ilegales en refugios particulares como ahora se denuncia de La Gran familia? ¿Por ejemplo qué pasó con Casitas del Sur donde se denunció desde 2008 que operaba una red de tráfico de menores que sustrajo a 11 de ellos de esa casa hogar?

La figura de Mamá Rosa divide a la opinión pública entre denuncias de horrores y quienes defienden a esta mujer  octogenaria que desde hace más de medio siglo acoge a menores en su refugio. Pero más allá de sus responsabilidades, no es el encuadre correcto del problema. Su caso es sólo un botón de muestra de la ausencia de políticas públicas y un sistema nacional de garantías que asegure coordinación entre distintos niveles de gobierno y las secretarías para la atención de menores.

El sistema de protección de los derechos de la infancia está sumido en un auténtico caos y la informalidad abre el acceso al negocio y la exposición de menores al delito. Estas casas se mueven sin vigilancia ni obligación de rendir cuentas a una dependencia. La fragmentación de responsabilidades lleva a que ninguna institución se encargue de monitorear las condiciones en que operan.

Sin embargo, ojalá que el escándalo —incluso del operativo— sirva para diluir la doble moral que hay sobre el problema y para que el Estado se mueve hacia lo que debiera ser prioridad básica: los derechos de la niñez.

                *Analista político

                jbuendiah@gimm.com.mx

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