La ‘narcopolítica’ también les vale

Al valemadrismo con el que han procedido PRI, PAN y PRD cuando alguno de los suyos es acusado de tapar, cuidar o servir al crimen organizado, esta vez se sumó la insensiblidad con la que la cúpula perredista afrontó la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala.

Era increíble observar el sábado a esos políticos profesionales de la izquierda posar para las fotografías del paso de estafeta de Jesús Zambrano a Carlos Navarrete, rodeados de sus gobernadores.

Y ahí estaba el de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el expriista que los dirigentes del PRD adoptaron en el sexenio anterior y en cuya campaña participó activamente el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Sí, el mismo al que el PAN favoreció con el retiro de su candidato.

Las imágenes de hace una semana del encuentro partidista no duda: ellos estaban ajenos a la desgracia de las familias de los normalistas ante la posibilidad de que en las fosas encontradas —esa mañana del 4 de octubre— yacieran los restos de sus hijos.

El hecho les había valido a lo largo de la semana. Tanto que nadie pensó, al menos para guardar las formas, desinvitar al gobernador Aguirre o posponer la reunión.

Mientras el horror de la noticia le daba vueltas al mundo, en el PRD seguían sin sospechar que esa  masacre ya los había alcanzado. Porque ocurrió en una entidad y en una ciudad gobernadas por ellos. Y porque, según la historia oficial, el fugado alcalde José Luis Abarca avaló la detención de los muchachos en manos de la policía local y su entrega a la banda Guerreros Unidos.

Luego vendría el alegato de Naverrete de que si Aguirre Rivero dejaba la gubernatura, también tendrían que hacerlo los priistas del Estado de México, Eruviel Ávila, y de Tamualipas, Egidio Torre Cantú. Una cínica forma de aceptar que si todos se hacen ojo de hormiga frente a la violencia criminal, ¿por qué ahora tendría que ser de otra manera?

Y ya que se dimensionó el costo de legitimidad que el PRD tendrá por el saldo de la narcopolítica en Guerrero, el flamante líder nacional del partido pidió perdón. Y también solicitó apoyo de las fuerzas federales para la entidad.

Al escucharlo, recordé al Navarrete que en su calidad de presidente del Senado acudió en agosto de 2010 a los diálogos sobre la estrategia de seguridad que convocó el entonces presidente Felipe Calderón.

Crítico, el legislador perredista impugnó: “¿Cuánto tiempo vamos a tener a las Fuerzas Armadas en el primer plano de combate? Ese combate diario, cuerpo a cuerpo, es obligación constitucional de la policía y otras fuerzas, no de las Fuerzas Armadas”.

El exmandatario fue tajante: “El Ejército se retirará de las calles sólo cuando las policías estén listas para enfrentar a la delincuencia”.

El segundo presidente del PAN le devolvió el poder al PRI. No pudo construir acuerdos para legitimar su estrategia. Pero en aquel intento de hace cuatro años por convencer a la oposición, quedó expuesto un diagnóstico que la realidad se ha encargado de confirmar.

En esa coyunta Calderón planteó que la debilidad institucional era un riesgo para todos y puerta a la narcopolítica. Advirtió que mientras las autoridades estatales se resistieran a la depuración de las corporaciones, coludidas en su mayoría con las bandas delictivas, la escalada de violencia continuaría.

Pero el “no” del PRI fue letal. Su presidenta Beatriz Paredes afirmó que con aquel diagnóstico y con la operación anticrimen en las entidades, el gobierno federal hacía política electoral.

Ahora, desde la embajada de Brasil, ella deberá explicar que en la tragedia de los normalistas no habrá impunidad, como lo ha ofrecido el presidente Enrique Peña.

Para Navarrete las cosas serán más difíciles que cuando era el líder del Senado y su partido, gracias a que el gobierno federal cargaba sólo con la estrategia de seguridad, logró sortear el Michoacanazo y salir airoso de su primer caso de narcopolítica, el del diputado Julio César Godoy, socio de Servando Gómez, La Tuta.

Ni siquiera porque se trató del hermano del gobernador y exlíder del partido, Leonel Godoy, los perredistas escombraron la casa. 

Pero tampoco lo han hecho en el PRI después del capítulo de Fausto Vallejo y su hijo filmado por La Tuta cuando le rendía un reporte de sus gestiones.

Ninguna introspección hemos oído del partido en el poder después de que la PGR probó que Jesús Reyna, gobernador interino, secretario general de gobierno y legislador priista, se encontraba al servicio de Los Caballeros Templarios.

La videoteca de La Tuta nos ha mostrado la pluralidad de la narcopolítica a cargo de alcaldes que llegaron al palacio municipal gracias al PRI, al PAN y al PRD. Pero que al ejercer el poder, trabajaron para la delicuencia. ¿Por qué no, si hacerlo deja dinero?

Y es que en un país donde la política se ha convertido en sinónimo de negocios y de ganancias, ¿por qué iban a quedar exentos los bienes del lavado de dinero, las inversiones inmobiliarias de los narcos con cirugía y los casinos?

La reacción errática de los dirigentes del PRD frente a la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa deja al descubierto el poco y quizá nulo caso que los partidos le han dado a la  crisis de seguridad.

Esa misma ceguera es la que impide que se reconozca la gravedad de la narcopolítica de la que ya son víctimas, en su calidad de convenientes omisos, socios útiles o descarados protagonistas.